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Después de tres años y medio muy conflictivos, María Eugenia Santos González ha dejado su cargo como directora del Museo de La Rioja. Es una decisión «por motivos personales», según ha anunciado el propio Museo este martes a través de las redes sociales y ... ha confirmado la Consejería de Cultura de La Rioja. Santos González, que, según el mensaje acometerá nuevos proyectos personales, ha sido directora del Museo desde octubre de 2017, periodo que ha estado marcado por un conflicto laboral interno anterior a ella que se agudizó con acusaciones cruzadas de acoso entre la dirección y parte de la plantilla. Actualmente se encontraba de baja por maternidad después de haber pasado otra baja por motivos de salud.
La respuesta oficial desde la Consejería de Cultura es que Santos González deja el cargo «por razones personales». «El Gobierno de La Rioja -añaden las mismas fuentes- lamenta la pérdida de conocimiento y de capacidad que conlleva la salida de una extraordinaria profesional que ha desarrollado al frente del museo un excepcional trabajo hasta donde se lo han permitido».
María Eugenia Santos González (Santander, 1981) era directora del Museo de La Rioja desde octubre de 2017. Sustituyó a María Teresa Sánchez Trujillano, que había renunciado en febrero de ese año también en medio de la polémica. Funcionaria de carrera del Cuerpo de Conservadores de Museos de la Administración General del Estado desde 2009, obtuvo la plaza convocada por el Gobierno riojano en primera instancia como comisión de servicios y, tras una reclamación ordinaria por parte la Administración del Estado, como puesto de libre designación.
Con su nombramiento se puso fin a ocho meses de vacío al frente del Museo de La Rioja, cuando la hasta entonces directora del Museo de La Rioja, María Teresa Sánchez Trujillano, terminó renunciando a solicitar una segunda prórroga para continuar en el cargo. Previamente, en diciembre del año anterior, parte de los trabajadores del Museo habían presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la que entonces era su directora por «un comportamiento generalizado de maltrato y acoso psicológico laboral».
El nombramiento de Santos González abrió una nueva etapa en el Museo tras el enrarecimiento del clima laboral durante la última etapa de Trujillano, pero, lejos de mejorar, las relaciones laborales terminaron llegando al Palacio de Justicia. El conflicto entre una parte de los trabajadores y la dirección del centro se fue enquistando hasta enero de 2020, cuando ocho de sus empleados presentaron en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja una denuncia contra la nueva directora, a la que acusaban de cometer un presunto delito contra la integridad moral en el trato con los empleados. El último capítulo, hasta hoy, de esta serie de problemas tuvo lugar a finales de 2020, cuando cesaron dos conservadores del Museo.
El Museo de La Rioja ha sido un problema eludido por los sucesivos gobiernos y aún hoy, con la salida de María Eugenia Santos González, continúa enquistado. La ya ex directora del Museo, desmintió en su día tajantemente las acusaciones de acoso de una parte de los trabajadores; «acusaciones en falso», sostenía, que «han utilizado y siguen utilizando como medida de presión» para echarla, según declaraba a este diario en junio de 2019, ahora hace dos años.
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Desde su incorporación, Santos tuvo a la plantilla dividida: contaba con el respaldo de al menos seis trabajadores y, según la versión que esta parte trasladó a este diario, la oposición de otros ocho, los mismos que en su día denunciaron la gestión de la directora anterior, María Teresa Sánchez Trujillano, hasta su cese en febrero de 2017.
Santos confesaba entonces estar «muy afectada por unas acusaciones que le están ocasionando enormes perjuicios y atentando contra su dignidad y crédito profesional». Al mismo tiempo, defendía su gestión al frente de la institución y aseguraba que ella misma había informado «por activa y por pasiva a sus superiores jerárquicos de la conflictiva situación vivida en el Museo». También solicitó «algún tipo de procedimiento para aclarar los hechos» al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Función Pública.
Como se recordará, la anterior Consejería de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de José Ignacio Ceniceros –con las competencias de Cultura que ejercían la consejera Leonor González Menorca y el director general Eduardo Rodríguez Osés– no adoptó medidas hasta marzo de 2019: a instancias de la propia directora y ante las acusaciones de acoso que se venían cruzando entre sí en los meses anteriores las dos partes de la plantilla, la Secretaría General Técnica abrió un proceso de resolución de conflictos a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales; proceso cuyo resultado nunca trascendió.
Lo que sí trascendió a la prensa en junio y por sorpresa fue que, en vísperas del relevo del nuevo Gobierno regional de Concha Andreu y de la consiguiente marcha de los hasta entonces responsables políticos de Cultura, estando estos en funciones, decidieron abrir un expediente informativo de carácter reservado a toda la plantilla del Museo, incluida la directora. «Estamos acojonados», declararon a este diario algunos trabajadores del primer bando denunciante, el «opositor» a la directora.
Según María Eugenia Santos González, que hasta entonces siempre había guardado silencio, y la parte afín a ella, esos trabajadores del «bando opositor» «son los que han iniciado las acusaciones en falso» desde su primer escrito el 26 de marzo de 2019 dirigido a la Secretaría General Técnica: «Han utilizado y siguen utilizando las noticias vertidas en los diferentes sindicatos y medios de comunicación como medida de presión para echar a la actual funcionaria que ocupa el puesto de Jefa de Servicio de Museos y Exposiciones».
El «bando afín», aseguraban de sí mismos, «no ha tenido más remedio que defenderse de las acusaciones vertidas por el primer grupo de trabajadores». Y lo mismo decían de la directora: «Esta funcionaria lleva menos de un año de servicio activo, pues ha vivido una baja maternal entre medias, y se está viendo muy afectada por unas acusaciones que le están ocasionando enormes perjuicios y atentando contra su dignidad y crédito profesional, acusándose a esta funcionaria sistemáticamente sin pruebas de un delito, así como a su salud e integridad moral, derecho fundamental regulado en la Constitución Española».
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