La Fiscalía pide al Supremo que ratifique la sentencia contra el profesor de Gaztelueta

En su apelación, Ruiz de Erenchun, penalista navarro que representó también al asesino de la joven guipuzcoana Nagore Laffage, acusaba abiertamente al tribunal, presidido por el magistrado Alfonso González Guija, de haber condenado a su cliente, José María Martínez Sanz, sin que existieran pruebas directas. Es más, el propio colegio Gaztelueta, conocida la sentencia, se permitió dar una rueda de prensa para cargar contra la Justicia y para defender la inocencia de su antiguo profesor. El actual director del colegio del Opus Dei, Imanol Goyarrolla, llegó a mostrar el despacho en que se produjeron los abusos sexuales para insistir en que era imposible que allí hubiese ocurrido nada semejante.

La fiscal del Supremo asignada al caso, Isabel Rodríguez Mateo, no sólo remarca que la declaración de la víctima es absolutamente creíble, sino que hay que tener en cuenta el ambiente del Opus Dei para valorar que, en un inicio, no contará todo lo que sufrió. «En primer lugar, y para analizar el parámetro ahora cuestionado, hemos de partir no sólo de la edad que tenía [la víctima] cuando sucedieron los hechos, 12/13 años, sino del entorno en que tales hechos se desarrollaron, un colegio del Opus Dei de fuerte raigambre religiosa, y más concretamente en el despacho de un profesor/preceptor encargado de 'guiar su proceso formativo a través de una formación humana en valores'. Por lo tanto, el hecho de que la víctima no narrara desde el inicio de su periplo, que podríamos considerar como un auténtico 'via crucis', un relato unívoco, sino que, según ha ido madurando o simplemente encontrándose psicológicamente más preparado, haya encontrado fuerzas para contar los actos de agresión del profesor, no podemos entenderlo como una falta de persistencia en la incriminación», se puede leer en el documento de la Fiscalía.

Rodríguez Mateo afea también a la defensa del profesor que alegue que no son fiables las valoraciones profesionales de los psicólogos y psiquiatras que trataron a la víctima a lo largo de los años mientras, por el contrario, plantea que sí lo son las teorías de otros expertos contratados por la defensa que nunca pasaron consulta con el joven.