Ensenada y la 'solución final' contra el pueblo gitano

Zenón de Somodevilla y Bengoechea, más conocido como marqués de la Ensenada, ha pasado a la historia como un político ilustrado cuyo papel en la reforma de la administración y la hacienda fue clave; tanto, que el Catastro que puso las bases para la modernización de España lleva su nombre. Consejero de Estado con Felipe V, Fernando VI y Carlos III, responsable político y militar de varios ministerios y merecedor de las más ilustres condecoraciones, la hoja de servicios de Ensenada incluye un episodio muy negro: su Proyecto de Exterminio de Gitanos.

Nacido en Hervías (20 de abril de 1702) en el seno de una familia hidalga, aprendió Zenón sus primeras letras en La Rioja Alta. Cuando con 18 años trabajaba de escribiente en una compañía de buques en Cádiz, conoció al político José Patiño, quien lo colocó como funcionario de la Armada. Bajo la protección del secretario de Estado, fue escalando puestos Somodevilla en la administración naval hasta alcanzar altas cotas de poder, sobre todo bajo el reinado de Fernando VI.

Fue al servicio de este monarca cuando el marqués de la Ensenada elaboró un plan para «exterminar tan malvada raza», como definía a la etnia gitana en algunas cartas. Y lo hizo con la calma de quien persigue un exterminio, una 'solución final' –como la que Hitler avaló contra los judíos siglos más tarde– frente a un 'problema' que se arrastraba desde los Reyes Católicos.

Como explica José Luis Gómez Urdáñez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja, Ensenada no soportaba «que los gitanos presos en sus arsenales (de la Armada) fueran un estorbo en vez de la mano de obra que necesitaba para sus planes en la Marina de guerra. Un breve añadido en la ley de 1745 demostraba ya que a Ensenada no le temblaría la mano: la pena de muerte, reservada hasta entonces a los gitanos 'acuadrillados' sorprendidos con armas de fuego, era extendida a los 'encontrados con armas o sin ellas fuera de los términos de su vecindario'. 'Sea lícito hacer sobre ellos armas y quitarlos la vida', dice expresamente la Real Cédula».

Pese a que las autoridades avisaron al marqués de que la mayoría del pueblo gitano ya estaba avecindado y en proceso integración, Ensenada eliminó los informes en el plan definitivo que presentó a Fernando VI: «Luego que se concluya la reducción de la caballería, se dispondrá la extinción de los gitanos».

Previamente, ordenó el noble riojano localizar a los gitanos en cada uno de los pueblos y apresarlos en el mismo día a la misma hora en toda la Península. ¿Y después? El Proyecto de Exterminio de Gitanos, también conocido como la Gran Redada, establecía la separación de maridos y mujeres para que no pudieran procrear, así como el envío de los niños mayores de siete años con los hombres.

Las dos grandes operaciones de captura se produjeron, la primera en la noche del 30 de julio de 1749 y la segunda, en la tercera semana del mes de agosto. Más de 9.000 gitanos fueron apresados, si bien otros miles pudieron escapar bajo la protección de la nobleza y la iglesia.

Los gitanos fueron encarcelados en castillos y alcazabas o deportados a ciertos barrios. Las condiciones de hacinamiento, que incluían el uso de grilletes, fueron en muchos casos inhumanas.

«La crueldad del ministro incrementó la cohesión y la entereza del pueblo gitano ante la extrema represión y provocó las primeras manifestaciones de conciencia de muchos payos. La resistencia de los gitanos presos, su firme negativa a trabajar en los arsenales, sus fugas, pero sobre todo las protestas violentas provocadas por las gitanas presas forzaron incluso el indulto regio de 1763 –algo poco frecuente en el Antiguo Régimen–: todo ello provocó el cambio de actitud de los ministros de la monarquía, enzarzados desde entonces en veinte años de debates», concluye Gómez Urdáñez en su ensayo 'Despotismo sin Ilustración: El marqués de la Ensenada y la 'extinción' de los gitanos» .

En 1765, dieciséis años después de la redada, la secretaría de Marina ordenó liberar a todos los presos.

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