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LA RIOJA
Jueves, 26 de mayo 2022
Iniciativas Bioenergéticas, S.L., la factoría de Calahorra en la que han fallecido a mediodía de este jueves dos trabajadores debido a una explosión había sido denunciada en varias ocasiones durante los últimos años por Ecologistas en Acción de La Rioja «por la gestión ... de la factoría», según ha recordado el colectivo en una nota de prensa en la que también explican que, igualmente, más de una vez, «la propia administración, a través de inspecciones, ha incoado expedientes sancionadores contra la planta por una gestión deficiente y por no cumplir los requisitos que se le exigían al inicio de la actividad, teniendo en cuenta que se trata de una instalación de producción química altamente peligrosa».
Sin embargo, los ecologistas aseguran que «nada se ha sabido de todas esas denuncias». «Tampoco de aquellas que partieron de los agentes forestales dependientes del Gobierno de La Rioja contra la planta».
Ecologistas en Acción, que ha expresado sus condolencias a la familia y personas allegadas de los fallecidos, solicitó en 2014 «el cierre y la clausura inmediata de esta planta de biodiésel, algo que de haberse hecho hubiera evitado las consecuencias lamentables que se han producido hoy en la ciudad de Calahorra», añaden.
En esta misma instalación se produjo un incendio el 4 de diciembre de 2016. El fuego afectó a un tanque de brea de unos 200 metros cúbicos, que no provocó ni daños personales ni una fuga o derrame del contenido del depósito.
Así, consideran que «es momento de pedir explicaciones a quienes han gobernado esta comunidad autónoma para saber qué actuaciones se llevaron a cabo para solventar todas las deficiencias que se estaban poniendo en evidencia dentro de la explotación química de Calahorra». Y hacen extensiva la demanda de explicaciones «y responsabilidades al gerente de la planta, Julio Zaragoza, conocedor y máximo responsable de las irregularidades que se han producido en dicha explotación, así como los propietarios de la factoría».
En ese mismo año, continúa el colectivo, la Consejería de Medio Ambiente inició un expediente sancionador «por la deficiente gestión de los residuos tóxicos que la planta generaba, así como por la construcción de estructuras que no estaban contempladas en ninguno de los planes de gestión ni en la autorización ambiental de la factoría».
Ecologistas en Acción de La Rioja insta a la administración a «profundizar en todos esos expedientes y a analizar cuál ha sido su resolución, vistas las graves consecuencias que finalmente ha tenido la decisión de no clausurar la planta». A juicio de la organización, «se deben abrir procesos penales contra los responsables y propietarios de la empresa por su manifiesta dejación, en cumplimiento de la normativa de seguridad medioambiental».
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