La empresa de atún investigada por fraude logró 530.000 euros de subvención en 5 años

En ese operativo, la Guardia Civil desveló que había descubierto una zona de trabajo clandestina con depósitos de agua caliente para reetiquetar botes devueltos por los comercios y cambiarles su fecha de caducidad, así como la presencia de aceites (o incluso atún) de menor calidad que la anunciada.

Esa investigación ha puesto contra las cuerdas a una compañía que había aumentado su producción, el número de empleados y su expansión en los últimos años y que también se había beneficiado de ayudas directas del Gobierno de La Rioja, al igual que otras compañías riojanas. En concreto, en el último lustro, la firma nacida en Cervera pero con otra planta en Alfaro ha recibido más de 539.000 euros en seis convocatorias de la ADER, aunque a lo largo de su historia la Administración le ha inyectado un total de 679.976 euros.

Especialmente cuantiosa fue la concedida en abril de 2022, aunque perteneciente a 2019 (la pandemia frenó los procedimientos administrativos) y que se cifró en 458.313 euros, según el Boletín Oficial de La Rioja. En ese momento, la ADER concedió de forma directa esa cantidad en la partida «destinada al fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura». Fue la empresa regional que más subvención recibió en esa convocatoria, abierta también para otros sectores.

No fue la única ayuda que ha percibido esta manufacturera. Por ejemplo, el 19 de diciembre de 2023, unos días después de la operación policial contra la firma, el BOR publicaba unas ayudas (8.766 euros en el caso de Plaza Chica) nacidas de una resolución del 3 de diciembre. También en 2023 se benefició la compañía de otra concesión de 12.670 euros.

La noticia de la denominada 'operación Matsu' sorprendió en la sede de la Agencia de Desarrollo Económico. Pero desde la institución se reconoce que «aunque un procedimiento dictamine que la firma ha realizado una actividad ilícita, las ayudas se vinculan al mantenimiento de la actividad», casi siempre de cinco años.

Solo una decisión judicial de inhabilitación, un cierre o un concurso de acreedores podría acarrear que la Administración regional exija la devolución de las ayudas. Y, aunque normalmente esas peticiones suelen contemplar la temporalidad (por ejemplo, si el cierre se produce dos años y medio después de la concesión la ADER pediría la mitad de los subvencionado), en el caso de la firma riojabajeña «la ADER solicitaría el 100% de lo subvencionado».

De la misma forma se reconoce que, a día de hoy, si Plaza Chica concurre a otra convocatoria de la ADER tendría el mismo derecho que cualquier otra firma «a no ser de que la Justicia determine lo contrario».