Lenta, politizada, patriarcal... ¿Somos justos con la Justicia?

En cuanto oímos la palabra 'juez', nuestro cerebro suele dibujar un estereotipo, que en su versión más extrema luce pelucón y aporrea severamente con un mazo de madera. «A menudo nos imaginan como hombres mayores, con gesto adusto, formas barrocas y poco o nulo sentido del humor –protesta la magistrada Natalia Velilla–. Muchos ciudadanos todavía se sorprenden al encontrarse en estrados a una mujer, como si fuéramos una exótica rareza». A ella le siguen diciendo de vez en cuando eso de que no tiene cara de jueza, como si una de las exigencias para opositar fuese parecerse al clásico actor inglés Charles Laughton, y también le manifiestan asombro al enterarse de que practica buceo o de que acaba de tomarse una copa: «No nos imaginan haciendo cosas de personas», se queja.

Cuando oímos la palabra 'Justicia', tan abstracta, ese recurso al cliché se dispara. Nuestro conocimiento del tercer poder es a menudo vago, más basado en lugares comunes que en certezas. Natalia Velilla ha escrito 'Así funciona la Justicia' (un libro recién publicado por la editorial Arpa) con el propósito divulgador de explicar cómo funcionan los mecanismos del sistema, pero también para aclarar hasta qué punto todas esas cosas que se dicen de él son verdad o son mentira. Así que le hemos pedido que dicte sentencia sobre los seis principales tópicos con los que carga la Justicia española.

«Es más lenta de lo que debería ser, aunque no tenemos una tasa de resolución tan disparatada en comparación con los países de nuestro entorno: estamos un poco en la media», puntualiza. Según recoge en el libro, la media de tiempo para la resolución de asuntos judiciales en España ronda los 240 días, por debajo de países «más tardones» como Italia, Francia o Malta. Aunque somos un país muy propenso a litigar y con pocos jueces (doce por cada cien mil habitantes, frente a la media europea de veintiuno), el tiempo medio de respuesta es razonable. ¿De dónde viene lo de la lentitud, entonces? «El plazo se dilata en exceso en determinadas jurisdicciones e instancias: algunas instrucciones penales se hacen eternas, como ha sucedido con el caso de la SGAE, y también la jurisdicción social y la mercantil están enlentecidas. Casi todo podríamos achacarlo a la falta de medios, aunque en el caso de lo social y lo mercantil también influye la saturación por las crisis económicas y por la cantidad de asuntos que se están llevando a los tribunales. No se quiere invertir en Justicia, prefieren mantener esta situación que funciona a trancas y barrancas. Al final, esto redunda en un perjuicio para la paz social y los ciudadanos, porque un derecho que no se puede hacer valer en un tiempo razonable deja de ser un derecho garantizado».

En este punto, Natalia Velilla establece una importante distinción: «Si hablamos de los jueces y magistrados que ponen sentencias a diario, no está politizada. Lo politizado es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nuestro órgano de gobierno, como fruto del nombramiento por el PP y el PSOE, y esa politización se traslada a los nombramientos discrecionales, porque los vocales del CGPJ se encargan de designar a los magistrados del Supremo y los presidentes de todos los órganos colegiados», explica. A Velilla le enfurece que los políticos hayan convertido la cúpula judicial en «un mercadillo indigno» que, además, contraviene la intención original de los legisladores. En cuanto a los jueces de a pie, la inmensa mayoría, considera que la obsesión por encuadrarlos ideológicamente es reflejo de «una sociedad politizada que ha dejado de concebir cualquier acción pública sin la contaminación de la polarización política», y se pregunta qué nos parecería decir que un trasplante lo ha hecho «un cirujano progresista» o que en un campeonato compite «un saltador conservador».

Es una acusación que molesta especialmente a Natalia Velilla, y no solo porque el 54% de los jueces sean mujeres (con una media del 64% en las últimas 23 promociones). «Me da mucha rabia porque creo que es una construcción interesada e injusta. La Justicia ha demostrado en España, sobre todo en los últimos 15 años, que sirve como mecanismo de igualación, por ejemplo en el ámbito laboral: hay muchísimas sentencias que dan la razón a las mujeres en casos de discriminación. De hecho, es a través de la jurisprudencia como muchas veces se producen cambios legislativos. Tendemos a conceder más custodias compartidas, lo que no deja de ser un hito de corresponsabilidad, igualdad pura y dura. Los delitos contra la libertad sexual tienen unas altas condenas en España: la legislación es suficientemente severa, pero es que además hay muchas condenas. En los delitos de violencia sobre la mujer que llegan a juicio, hay un 87% de condenas. ¡Que se nos critique por otras cosas, pero no por esto!». Sí es cierto que la cúpula sigue siendo aplastantemente masculina: somos el tercer país europeo por la cola, tras Malta y la República Checa, en proporción de mujeres en los altos tribunales.

«Es cierto que, en general, quien tiene más oportunidades económicas y culturales tiene acceso a una defensa más adecuada a sus intereses. El turno de oficio funciona muy bien, con profesionales muy buenos, pero el Gobierno no los cuida y puede dejarles sin pagar meses y meses, con lo que es un colectivo bastante quemado. Pero yo no creo que, con carácter general, se escapen los ricos y se condene a los pobres», argumenta la jueza. ¿Puntualizaciones? Hay delitos sofisticados, propios de la delincuencia organizada, que son difíciles de investigar con los mecanismos de los que dispone la Justicia: «De ahí viene la sensación de que se condena al robagallinas, que es un delito sencillo de instruir, y no al que defrauda dinero. Es decir, no veo la desigualdad en la defensa, sino en los instrumentos para perseguir determinados tipos de delincuencia», puntualiza Velilla. También existe una Justicia de dos velocidades en términos geográficos, un rasgo agravado por el distinto empeño de las autonomías en dotarla de medios: «Ahora que está tan de moda lo de la España vaciada, en Justicia es clamoroso: una persona que es víctima de un delito, o que reclama una cuestión civil, no va a tener las mismas dificultades en una gran ciudad que en un pueblo perdido. Si te divorcias en Bilbao y tienes un informe de los equipos psicosociales en menos de un año, tendrás un trato más favorable que si te divorcias en un pueblito de Galicia o Castilla-León donde tardas año y medio».

Hubo una época en que la carrera judicial parecía propiedad privada de sagas familiares, como un patrimonio de las clases altas, pero hace tiempo que eso cambió: en la promoción de 2002, a la que pertenece Velilla, el 76% de los nuevos jueces no tenía ningún familiar dedicado al Derecho, y solo el 6% contaba con un pariente juez. «En la carrera judicial hay gente de todos los ámbitos ideológicos, igual que entre los médicos o los ingenieros. Hay jueces muy de izquierdas, otros bastante más de derechas, los hay religiosos, ateos, homosexuales y del Atlético de Madrid», enumera la magistrada. Eso sí, a veces se entremezclan dos conceptos: «Evidentemente, somos un colectivo de orden, hacemos cumplir la ley. Pretender que seamos antisistema es un poco contra natura, y a menudo se confunde lo que es ser alguien de orden con ser conservador».

El primer argumento contra este tópico es muy sencillo: todos podemos acudir cualquier día a un juicio, porque son públicos. Pero es cierto que existe un déficit de divulgación que, hoy en día, tratan de compensar unos cuantos jueces muy activos en las redes sociales. «No tenemos medios hábiles de comunicación hacia los ciudadanos. No existen los jueces divulgadores o portavoces. El Consejo no se ha esforzado por acercar la Justicia a los ciudadanos, en un momento en que es tan importante: la única cabeza visible que tenemos es Carlos Lesmes, el presidente, que ha asumido la portavocía y no sale en la vida». Además, el lenguaje judicial resulta a menudo enrevesado, impenetrable, casi esotérico:«Hay que entender que la administración de Justicia no deja de ser un trabajo técnico, como un informe sobre resistencia de materiales o una factura de la luz. Si existiera más divulgación de las sentencias más mediáticas o relevantes, si alguien las explicara desde el Consejo o existiera el juez divulgador como en Holanda, se entenderían mejor».

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