Objetivo: menos plástico y más árboles

«La norma se aplicará para seis materias primas: ganado bovino, cacao, café, caucho, aceite de palma, soja y madera», explica Antoni Pigrau, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat Rovira i Virgili. También incluye un conjunto de productos derivados, entre ellos la carne de bovino, el cuero, el papel impreso, el aceite de palma, la harina de soja, el chocolate, los muebles, los neumáticos y las prendas de vestir de caucho vulcanizado, detalla. «Son productos que habitualmente se relacionan con la deforestación», señala el portavoz de Greenpeace Miguel Ángel Soto.

Pero hay una pega: el consumidor no va a poder reconocer en los envases si ese producto destruye los bosques. «No existirá una etiqueta que los identifique, el control lo deben garantizar los Gobiernos», explica Soto. El objetivo es que ese producto que en su fabricación destruye bosques no llegue a las baldas de tiendas y supermercados. Los operadores y comerciantes, antes de introducir productos en la Unión Europea, comercializarlos o exportarlos, deberán certificar, así, que no son causantes de deforestación.

«Para ello, los fabricantes tendrán que aportar información y documentos relevantes, incluida la geolocalización de todas las parcelas de terreno donde se produjeron las materias primas, así como la fecha de producción», precisa Pigrau.

Según la FAO, entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo, una superficie mayor que la Unión Europea. Además, casi dos tercios de las 227 personas defensoras del medio ambiente asesinadas en 2020 estaban trabajando para proteger los bosques del mundo frente a la deforestación y el desarrollo industrial.

«Esta medida traerá beneficios ambientales, económicos y sociales que se derivan de los bosques, incluidas la preservación de la biodiversidad y la protección del clima», añade el catedrático universitario. Cada estado miembro designará una autoridad para hacer cumplir el reglamento «antes del 30 de diciembre de 2023». Podrán incautar productos y suspender su introducción en el mercado, comercialización o exportación. Los gobiernos también establecerán sanciones proporcionales al daño ambiental ocasionado.

Particulares, instituciones y organizaciones podrán informar de sus sospechas sobre productos que en su proceso de fabricación destruyan bosques. «El objetivo es que las empresas rindan cuentas públicas y asuman responsabilidades jurídicas por el impacto negativo que causan al medio ambiente, que no afecte solo a su reputación», señala Pigrau.

Este mes de junio también era una fecha importante en el calendario del control del uso del plástico. Pero se ha quedado en agua de borrajas. En 2023 entraba en vigor la prohibición de envolver en plástico frutas y verduras con pesos inferiores al kilo y medio. «El Ministerio de Agricultura y Pesca tenía como límite el mes de junio para publicar la lista de frutas y verduras afectadas por esta normativa. Pero no tenemos información alguna sobre el listado», lamenta Celia Ojeda, portavoz de Greenpeace.

No es de extrañar que nos encontremos en la mayoría de los súper con frutas y verduras empaquetadas: desde un brócoli forrado de plástico a cuatro manzanas o un puñado de perejil envueltos. «Las grandes cadenas y comercios pueden alegar que no saben a qué productos afecta la normativa», advierte Ojeda. Además, tiendas y grandes superficies utilizan otros trucos como «poner la etiqueta de 'reutilizable' a platos y cubiertos de plástico para seguir vendiéndolos». Greenpeace reclama una mayor «implicación» de los gobiernos para que las empresas «cumplan» las normativas. «Aunque sea, debemos actuar por una cuestión de salud. Los plásticos los tenemos ya en el agua, en los peces que comemos... Los océanos están contaminados». El cambio, dice, debe llegar de la mano de «los productos de cercanía».

Por eso, anima a la colaboración de la población, a que se «movilice». «El consumidor tiene mucho poder. Las empresas responden a la demanda, si no venden frutas y verduras plastificadas dejarán de envasarlas». Greenpeace tiene en marcha una campaña en la que pide a los compradores hacer fotos en supermercados de frutas y verduras envasadas para denunciar estas prácticas que dañan el medio ambiente.