¿Puedo poner una cámara de vigilancia en la puerta de mi casa?

El uso de este tipo de instalaciones está sujeto, entre otras normativas, a ley de protección de datos, «de manera que si no se respetan los principios y obligaciones legales que garantizan los derechos de las personas grabadas», lleva aparejado sanciones. Y no son pocas. Según la última memoria publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la videovigilancia representa el 12% de las reclamaciones presentadas ante este organismo, uno de los sectores que más denuncias recibe.

También es importante saber que existe un tiempo legal para conservar las imágenes, «que es de un mes desde su captación. Pasado ese plazo, hay que borrarlas». Para aclarar dudas, la OCU responde a las consultas más frecuentes sobre la instalación de estos sistemas en comunidades de propietarios y particulares.

El primer requisito es llegar a un acuerdo en la junta de la comunidad de propietarios. Y para que sea válido, debe aprobarse con el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, según recoge la Ley de Propiedad Horizontal. «Es interesante aprovechar el acuerdo para concretar el número de cámaras, dónde se van a colocar, las personas que pueden acceder a las imágenes y la ubicación de los sistemas de grabación, que deben estar en zonas vigiladas y con acceso restringido», aconsejan.

Como norma general, las cámaras solo pueden captar zonas comunes del interior de la comunidad de propietarios. Está prohibido enfocar a la vía publica, zonas privadas de los propietarios y edificios colindantes.

Pueden siempre que establezcan unas medidas de seguridad como restringir su acceso mediante una contraseña que garantice su identificación.

La Agencia Española de Protección de Datos impuso hace poco una sanción de 500 euros a un particular que colocó una cámara de vigilancia en un patio interior donde se ubicaban otras viviendas.

Sí, si la zona pública grabada es la mínima imprescindible al coincidir con la zona de paso.

Sí, siempre que cumpla tres requisitos: obtener la autorización de la junta de propietarios, que la grabación se ciña a su plaza, sin enfocar a otros aparcamientos o zonas comunes, y que coloque un cartel informativo.

La instalación es legal siempre que se sustituya a una mirilla tradicional. Es decir, que se use para comprobar la identidad de la persona que llama al timbre, no como cámara de videovigilancia.

Sí, mientras no afecte a terceros. En ese caso, el propietario tiene la obligación de colocar un cartel informativo para cumplir con la ley de protección de datos y, además, no puede grabar espacios públicos ni privados de otras personas.

El problema surge cuando la cámara capta imágenes de la vía pública. «En un caso de este tipo denunciado ante la AEPD, el organismo tomó en consideración la colaboración del propietario y le sancionó con mil euros. Entendió que las grabaciones no se usaban como medio de prueba en caso de accidente o colisión y que no se producían con el vehículo en circulación. Por ejemplo, muchos ciclistas y motoristas colocan cámaras en sus cascos para grabar paisajes. Si se hace para el propio disfrute no se aplica la normativa de la protección de datos, pero sí se hace si llegan a difundirse vía internet».

Sí porque se considera que lo realizan en el ejercicio de una actividad personal o doméstica. En este caso, los propietarios nos están obligados a informar sobre su colocación «pues se frustraría su finalidad». En un caso de este tipo, el Tribunal Constitucional validó recientemente el despido de una empleada del hogar que había sustraído 30.000 euros y joyas de sus empleadores. Los propietarios la habían grabado intentando abrir la caja fuerte del domicilio.