El Gobierno flexibiliza los requisitos para acceder a la vivienda de protección oficial

Será más barata, más grande y con menos limitaciones para su venta, alquiler o transmisión. La vivienda de protección oficial al uso se transforma. Se flexibiliza y se adapta a la actual coyuntura económica de crisis y, sin perder de vista su función social que le es propia, intenta acercarse al concepto que rige en el mercado libre. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que, a partir de ahora, regulará la vivienda de protección oficial en La Rioja, un documento basado en el consenso y en el que se lleva trabajando bastante tiempo, comunicó ayer el consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos.

La vivienda protegida abandona su clásica división y los cuatro modelos actuales (régimen general, especial, pactado y concertado) se resumen en uno: vivienda de protección oficial, sin más.

Los pisos ganarán en superficie. Los 90 metros cuadrados máximos hasta ahora (120 en el caso de familias numerosas) pasan a ser de 120 metros cuadrados con carácter general y como requisito de acceso se fijan los ingresos máximos de la unidad familiar en seis veces el IPREM, esto es, 44.730 euros brutos (hasta ahora, cada una de las tipologías contaba con su propio tope).

Pero tal vez lo más llamativo sea la rebaja en los precios tanto para la venta como para el alquiler. Así se mantienen los vigentes para las viviendas ya existentes y se aprueba un recorte para las nuevas promociones del 15% en Logroño (los 1.394 euros por metro cuadrado caen hasta los 1.193 euros) y del 9% en el resto de los municipios (los 1.212 euros por metro cuadrado se quedan en 1.104).

En el caso del alquiler, se aplica a todas las viviendas sean nuevas o no. El precio de la renta cae el 30% en Logroño (de los 6,39 euros por metro en régimen general a 4,47 euros) y el 25% en el resto de localidades (de 5,56 euros el metro a 4,14).

Los precios se han fijado jugando con tres parámetros (Logroño, Villamediana-Calahorra-Lardero y resto de municipios) que ahora, como subrayó el consejero Burgos, se simplifican en dos: Logroño y resto de los municipios. El precio máximo tanto de venta como de renta será revisable, de forma que ello facilitará su adaptación a las circunstancias económicas y sociales de cada momento.

Duración y descalificación

Dos de los requisitos que siempre han atenazado a la protección oficial se suavizan notablemente con este decreto. Se trata de la duración del régimen y del plazo para solicitar la descalificación voluntaria. El primero de ellos está establecido en estos momentos en 30 años y se reduce a 20 y en el segundo, los 25 años actuales se bajan a 15.

No obstante, todo lo que ya está construido mantendrá la duración de 30 años mientras que la descalificación se puede solicitar también para las edificaciones anteriores al decreto, siempre que se devuelvan las ayudas obtenidas.

El decreto suma otra novedad en las calificaciones ya que si hasta ahora sólo se otorgaban previamente a su construcción, a partir del decreto se podrá obtener antes, durante o después siempre y cuando cumpla con la normativa e independientemente de que su destino sea la venta, el alquiler o el alquiler con opción a compra. Burgos subrayó también el hecho de que un constructor debía elegir si su promoción se dedicaba a la venta o al alquiler en su totalidad. Ahora ambas modalidades de uso podrán coexistir en la misma promoción.

El decreto que ayer recibió la aprobación del Consejo de Gobierno incorpora a las personas jurídicas (ahora sólo las físicas) que también podrán acceder a la propiedad de las viviendas siempre que las destinen al arrendamiento, cesión de uso o cualquier otro régimen de personas físicas. Asimismo, entre los beneficiarios se incluyen a las organizaciones sin ánimo de lucro que gestionen programas de vivienda en colaboración con las administraciones para atender la demanda social existente.