Alcaldes riojanos de la zona de influencia de Garoña discrepan sobre el cierre de la central

La central nuclear de Garoña cerrará definitivamente el próximo 6 de julio. El ministro de Industria, José Manuel Soria, realizó ayer este anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El cierre de esta instalación nuclear tras 41 años de funcionamiento «se produce por razones distintas a la seguridad nuclear»; en concreto, según Soria, por motivos «exclusivamente económicos». Los mismos que llevaron a la propietaria Nuclenor a desconectarla de la red eléctrica debido a que la futura Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética hacía inviable su funcionamiento.

Debido a estos criterios, la central de Garoña está desenchufada de la red desde el pasado 15 de diciembre, momento en que se inició el traspaso del combustible a una piscina. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó el 24 de mayo dar un año más a Nuclenor para que pudiese solicitar la prórroga de su vida útil. Días antes, Nuclenor había pedido a Industria aplazar durante un año el cierre previsto para el día 6 de julio, con el fin de estudiar la viabilidad de la instalación. Según explicó ayer el ministro Soria en el Congreso, su departamento rechazó la solicitud de la empresa dada la «imposibilidad» de cumplir los plazos fijados en la ley de procedimiento administrativo.

Partidarios y detractores

Garoña lleva décadas generando polémica. Y eso no va a cesar con su cierre definitivo, que, como cabía esperar, no ha dejado a nadie indiferente. Tampoco en La Rioja, donde partidarios y detractores de la vecina central nuclear burgalesa discrepan sobre la conveniencia o no de la energía atómica, sobre sus peligros potenciales y sobre las consecuencias laborales y económicas para los habitantes de la zona.

Patricio Capellán, alcalde de Haro (del PP), se encuentra entre los más satisfechos con la decisión. «Es una noticia extraordinaria», afirmó ayer en la línea de lo expuesto días atrás, cuando el anuncio del cierre de la central era ya inminente. «Toda la zona tiene que estar de enhorabuena porque Garoña es un problema que está ahí, como una espada de Damocles para todos los habitantes. Claro que tiene su lado bueno por la energía que produce, pero es una preocupación para todos. Que se cierre».

Félix Caperos, alcalde de Casalarreina (del PSOE), también se siente aliviado por el hecho de que «por fin se clausure una central con tantos años». «No es otra cosa que evitar un peligro para la ciudadanía. Desconozco si las verdaderas razones son de seguridad o económicas, pero ya era un propósito del anterior Gobierno y en los últimos meses había cundido la incertidumbre porque este Gobierno parecía dispuesto a prorrogar su funcionamiento. Ahora nos quedamos más tranquilos».

Tanto Haro, con 11.800 habitantes, como Casalarreina, con 1.400, quedan en realidad fuera del anillo de seguridad de Garoña, al estar a unos 35 kilómetros en línea recta de la central. Son siete los municipios de La Rioja Alta que sí figuran en el Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (Penbu), inscritos en el tercer anillo, a una distancia de entre 20 y 30 kilómetros de la planta: Cellorigo (con 13 habitantes), Foncea (107), Fonzaleche (103), Galbárruli (75), Sajazarra (160), San Millán de Yécora (44) y Treviana (194).

La relación con Garoña en todo este tiempo se ha limitado a tener presentes los protocolos de seguridad y, cada cierto tiempo, realizar simulacros de emergencia. Además, de los 315 empleados que la nuclear tenía en el 2009, alrededor de veinte eran riojanos o residían en alguno de esos pueblos.

Pérdida de empleos

De ellos se acordaba ayer Carlos Miguel Martínez, alcalde de Cellorigo (del PSOE): «Se van a perder puestos de trabajo y una fuente de producción de energía. Eso va a repercutir en el empobrecimiento de la zona. En el debate sobre la energía nuclear hay opiniones a favor y en contra que nunca van a conciliarse, pero lo que sí es cierto es que para los trabajadores es una faena. Por otro lado, nunca hemos tenido problemas de seguridad, pero también es indiscutible que ya es una planta muy vieja y podía darlos en el futuro si continuase funcionando».

Y entre los más contrariados por la decisión, el alcalde de San Millán de Yécora, Jaime Ruiz (del PP): «Yo creo que por seguridad podía haber seguido funcionando y eso habría sido lo mejor. Aquí no entendemos muy bien que se cierren centrales y tengamos que comprar energía a Francia. Y, por supuesto, por lo que afecta a los trabajadores, no del pueblo, sino muchos amigos de la zona de Miranda, que están muy agobiados porque se van a quedar en la calle en estos tiempos. No saben qué van a hacer con ellos. No son solo los que trabajan en la planta, sino los que indirectamente realizan alguna actividad relacionada con ella. Personalmente, pienso que, si se tenía que cerrar Garoña, hace tiempo que tenían que haber comenzado la construcción de otra central en la zona que ahora tomase el relevo de producción de energía y que diese trabajo a esta gente».

Por último, la Coordinadora contra Garoña de La Rioja, con tres décadas de lucha antinuclear centrada en la planta burgalesa, marcó el día de ayer como «una fecha histórica», aunque advirtiendo que la central «todavía tardará diez años en desmantelarse completamente», según Concha Hernani. «Aunque llega con años de retraso, esta noticia es un gran alivio porque supone retirar un riesgo potencial que pendía sobre un millón y medio de habitantes solo para el enriquecimiento de dos empresas.»