«La administración me dio el contacto de sor María»

Corría febrero de 1982 cuando Alejandro Alcalde y la que entonces era su mujer, Juanita, acudieron a la hoy desaparecida Diputación de Madrid para solicitar la adopción de un niño. Los funcionarios le remitieron a una religiosa que trabajaba como asistente social en la clínica Santa Cristina, llamada María Gómez Valbuena, sor María. En una primera conversación, la monja comunicó a Alcalde «que no se hicieran ilusiones» porque era «muy difícil» tramitar la acogida de un bebé. Sin embargo, matizó que ella se haría cargo de buscar una madre que quisiera darlo en adopción.

Dos o tres semanas después, ya en marzo, Alejandro recibió la llamada de sor María para comunicarle la buena nueva. «Hay posibilidades de que una mujer con falta de medios quisiera desprenderse de su hijo», asegura que dijo la monja. Confiados en la buena fe de la religiosa, accedieron a su propuesta de adopción y tras agilizar los trámites días después pudieron abrazar a su nueva hija, Pilar.

Nada conocían ni se imaginaban lo que había detrás de aquella adopción. No sabían que Pilar había sido arrancada de las manos de su madre biológica, María Luisa Torres, «por ser una adúltera», como le dijo sor María a la mujer tras el parto.

«No pagamos dinero por la adopción ni sor María nos lo pidió. Solo nos limitamos a abonar los gastos de manutención de la madre biológica y de los 60 días que Pilar estuvo en la incubadora, que ascendió a unas 80.000 pesetas», afirmó Alejandro Alcalde tras declarar ayer ante el juez de primera instancia que investiga a la monja por supuesta detención ilegal y falsedad documental.

El padre adoptivo acudió como testigo al juzgado y confirmó al magistrado Adolfo Carretero la implicación de sor María. «Ella me dio los documentos de la adopción, que estaban firmados por el director de la clínica, y yo tuve que certificar mi solvencia económica para mantener al bebé», recuerda.

Tanto Alejandro como Juanita reconocieron ante el juez que se fiaron de sor María y que, incluso, durante muchos años agradecieron a la monja su ayuda porque la «niña nació muy malita». «Le enseñábamos a Pilar una foto orgullosos de la monja porque era la persona que me ayudó a conseguirla», dijo Juanita.

La verdad

Cosas del destino, no fue hasta que conocieron los primeros casos de 'bebés robados' cuando sospecharon de la tramitación de la acogida de Pilar. De eso hace 15 años y entonces le dieron vueltas a todo. A los papeles que firmaron, a la partida de nacimiento, al nombre de sor María en las denuncias de otros afectados.

Cuando por primera vez requirieron una entrevista con ella en el convento de las hermanas de la Caridad para conocer quién era la madre biológica de su hija, la religiosa se negó a dar dato alguno. Dijo que le amparaba la ley. Pero poco a poco descubrieron la verdad de su caso, incluso con documentos que vieron ayer en el juzgado. «Juanita no ha reconocido su firma en la partida de nacimiento en el que aparece su rúbrica. Dice que había estado ingresada en la clínica y es falso», señaló el abogado Alejandro Peña, que representa a la asociación SOS Bebés Robados que actúa como acusación particular.

El jueves, horas después de acogerse a su derecho a no declarar ante el juez, sor María aseguró en una carta abierta que la denuncia era «completamente falsa», que le «repugnaba» la separación de un recién nacido de su madre y que «jamás» ha tenido conocimiento de ello. Además, escribió que sus convicciones religiosas le amparaban y que «siempre» ha ayudado a los más necesitados de forma desinteresada. Pese a defender su inocencia, el juez mantiene su imputación.