Absentismo colegial

A falta de conocerse el paradero de la decana del Colegio de Psicólogos de La Rioja, María José Rubio Pérez, la Fiscalía ha incoado diligencias para conocer si esta donostiarra de 53 años se encontraba inhabilitada para cargo público cuando fue designada para pilotar este órgano colegial. Con este fin, ha solicitado información a la Audiencia Provincial de Navarra acerca de cuándo comenzó a cumplir la pena de inhabilitación por diez años que le fue impuesta a la psicóloga por un delito continuado de estafa. Un fallo que años después sería confirmado por el Tribunal Supremo. Si la decana hubiera accedido al cargo estando inhabilitada, implicaría un delito de quebrantamiento de condena.

El tribunal de la vecina comunidad navarra condenó en primera instancia a María José Rubio Pérez a la pena de seis años de prisión y diez de inhabilitación absoluta. Un fallo que en el 2001, tras ser recurrido en casación, fue rebajado por el Supremo a tres años de cárcel. No obstante, el alto tribunal confirmaba el resto de pronunciamientos que había hecho antes la Audiencia Provincial de Navarra, entre ellos, los diez años de inhabilitación.

María José Rubio Pérez acabó sentándose en el banquillo de los acusados en Navarra en febrero de 1999 por unos hechos que habían ocurrido a principios de los noventa, cuando trabajaba como funcionaria habilitada en la Delegación del Gobierno en Navarra.

Un extenso trabajo judicial determinó que la actual decana había creado una cadena entre empresarios de Pamplona, ligados al mundo inmobiliario y de la construcción. Les explicaba que sus aportaciones eran necesarias para paliar el retraso con el que llegaban los fondos reservados a la Comunidad Foral. A cambio se comprometía a devolverles el dinero y pagarles unas contraprestaciones en concepto de intereses, en algunos casos cercanos al 50%.

Inicialmente la entonces funcionaria cumplía lo que había prometido. Empleaba el dinero que unos le prestaban para devolver a otros las cantidades que les habían entregado previamente. En los últimos meses de 1993, María José Rubio no devolvió 119 millones de pesetas que se había comprometido a abonar entonces. Aquel impago fue el detonante que permitió que se acabase descubriendo la trama.

Para llevar a cabo su cadena de estafas, la psicóloga empleaba dos cuentas bancarias de la Delegación del Gobierno en Navarra sobre las que tenía autorización para firmar gracias a su condición de habilitada. Junto a ella también fueron procesados su exmarido José Manuel Gil Oslé, exinterventor del Parlamento navarro; y el exsecretario general de la Delegación, Mariano Berduque Navarro. La Audiencia absolvió a este último y condenó a la expareja de María José.

Al final de toda la trama, María José Rubio Pérez se habría quedado con unos 200 millones de pesetas de los que nunca más se supo. Precisamente estos hechos fueron denunciados por el entonces delegado del Gobierno en Navarra, Pedro Luis Ruiz de Alegría.