Sanz se desmarca de Zapatero renunciando al pago aplazado de las ayudas a la dependencia

Lo dijo en las vísperas, lo mantuvo en la primera sesión celebrada el jueves, y ayer, segundo y último pleno, se reafirmó: «Este Debate del estado de la Región va a marcar con claridad una diferenciación, con resultados muy distintos, entre el proyecto político de Rodríguez Zapatero y el de este residente».

Así, y más allá de la política fiscal y económica, el jefe del Ejecutivo riojano fue a dar en la línea de flotación del Gobierno central (los derechos sociales), anunciando que «La Rioja no se acogerá al pago fraccionado de las ayudas a la dependencia que propugna Zapatero en su decretazo».

El presidente razonó su decisión en que el Gobierno de La Rioja, en la medida de sus posibilidades y competencias, «no está dispuesto a que sean las personas mayores y los discapacitados quienes paguen los errores de Zapatero». Por ello, garantizó que el Ejecutivo regional «pagará en tiempo y forma, como lo viene haciendo hasta ahora, las prestaciones económicas a las personas dependientes de Grado III y Grado II que estén reconocidas hasta el 1 de junio», renunciando al aplazamiento de los pagos que autoriza el Gobierno central.

Por otro lado, el segundo gran anuncio que realizó ayer Sanz pilotó en el área económica. En concreto, avanzó que la empresa Heinz Ibérica va a invertir 6,7 millones de euros en su planta de Alfaro hasta el 2012, con el objetivo de «generar nuevos empleos y posicionarla como una de las empresas del grupo con mayor proyección en los mercados».

El presidente se felicitó por esta noticia que «demuestra el esfuerzo de los empresarios riojanos que no se han amilanado ante la crisis, apoyados de forma constante por el Gobierno de La Rioja». «Las inversiones se suceden, tenemos motivos para seguir generando confianza», dijo. «Pero -advirtió- los riojanos sólo podremos paliar los efectos de la crisis porque para salir de esta situación es necesario un Gobierno de la Nación que dé seguridad, estabilidad y credibilidad».

Las críticas a la gestión de la crisis por parte de Zapatero fueron el eje central de sus réplicas a los grupos políticos de oposición. Pero esa estrategia de ataque hubo de combinarla con otra de defensa para abortar que el pleno se centrara en las denuncias de socialistas y regionalistas por las «corruptelas de diversos consejeros» o las acusaciones de «caciquismo rancio», «manipulador de cifras», «mentiroso descarado» y «comprador de votos».

Para contrarrestar los ataques a la honradez de sus colaboradores (Vallejo y las viñas ilegales de su familia; Muñoz y la venta de una empresa en la que participó su esposa y que ha sido denunciada en los Juzgados; Burgos y el concurso de méritos; o el «consejero conductor» Del Río), Sanz retrotrajo el debate a los años de Gobierno del bipartito: «Hay muchos escándalos, ¿recuerdan? Lo que ocurrió con el edificio 'Simeón' o lo de algún familiar de un alto cargo que defraudó a Hacienda doce millones de pesetas y luego vino un juez samaritano y se los dejó en 500.000 pesetas».

Respaldo a su equipo

Sanz no pudo disimular su malestar durante las repetidas ocasiones en las que el portavoz socialista, Francisco Martínez Aldama, le recriminó que con su silencio se convertía en «cómplice y en encubridor de la corrupción».

Con todo y con ello, la bancada roja no logró moverle del discurso que emplea desde que se empezaron a suceder los casos en los que aparecen relacionados diversos miembros del Consejo de Gobierno: «No consiento que juzguen y sentencien a mis consejeros. Ninguno tiene una condena o está imputado, pero si eso ocurre no lo mantendré. Y como no soy socialista no acudiré a acompañarle a la cárcel como ustedes hicieron con Barrionuevo».

Asimismo, negó las acusaciones de asedio a la ciudad de Logroño, destacando «el esfuerzo inversor que estamos haciendol».

Por otro lado, negó la responsabilidad que la oposición le atribuye al Gobierno de La Rioja sobre la crisis de la vitivinicultura riojana. En este sentido, aclaró que «la autoridad competente es el Gobierno central», por lo que socialistas y regionalistas «están cargando políticamente esta cuestión». «Yo no pongo el precio del vino», enfatizó. Y, por último, refrescó algunas memorias recordando que su Gobierno «es el único que ha publicado las listas de adjudicación del viñedo».