María Bueyo: "Mis resoluciones miran al ciudadano, no al color político de la administración aludida"

En el ecuador de su mandato, la Defensora del Pueblo Riojano acaba de presentar ante el Parlamento regional el informe correspondiente a 2009. Servicios Sociales, Educación y Medio Ambiente copan las inquietudes que llevan al ciudadano ante una Díez Jalón que insiste en una doble defensa: la del administrado y la de una institución, la Defensoría, en el punto de mira del interés partidista.

-¿Cuál es el estado actual de los derechos y libertades en La Rioja a la vista de su último informe?

-Aunque es difícil hacer una valoración global, puede decirse que los derechos y libertades de los riojanos gozan de buena salud y el funcionamiento de las administraciones públicas de la región no es perturbador ni abusivo. Ello no es obstáculo para que, en determinadas ocasiones, particulares o colectivos sientan que se han vulnerado sus derechos y acuda a la Defensoría.

-¿En qué medida la crisis ha alterado el número y el sentido de las quejas ante la Defensoría?

-Lo que sucede en la sociedad también se refleja en la Oficina de la Defensora, y la crisis se ha mostrado en un incremento más que de las quejas, de las consultas. La coyuntura económica se ha observado en esa desazón de las personas que la sufren y acuden preguntando cómo buscar recursos sociales, ayudas de emergencia, rentas de inserción. En ese sentido, nuestra labor ha sido más de asesoramiento sobre cuestiones que antes no abundaban, pero que en el 2008 empezamos a atisbar y a partir del 2009 se han disparado.

-El informe enfatiza cuestiones como el correcto uso de las nuevas tecnologías y la protección de los menores en el uso de redes sociales. ¿Es el 'ciberacoso' un fenómeno preocupante en La Rioja?

-No especialmente. Los procedimientos de oficio al respecto vinieron motivados por una queja colectiva de una asociación y las quejas particulares de dos profesores que se vieron metidos en una red social. A partir de ahí pronuncié una serie de recomendaciones y sugerencias de carácter transversal a las consejerías y ayuntamientos implicados de una u otra forma, haciendo hincapié en las medidas de seguridad que deben primar. Una función preventiva a la que, por cierto, las consejerías de Educación y Administraciones Públicas han respondido recordando los programas y políticas activas encaminadas al adecuado uso de las redes sociales.

-Lo que sigue siendo una constante año tras año es el elevado volumen de quejas relativas a Servicios Sociales vinculadas, sobre todo, a la Ley de Dependencia.

-El propio Observatorio estatal creado para vigilar en qué grado y cómo se aplica la Ley de Dependencia confirma que La Rioja es una de las comunidades que mejor la está implantado. Y así lo percibo yo también. Recibimos quejas al respecto, sí, pero si las comparamos con el número de expedientes que maneja la Consejería su volumen se relativiza. Muchas de las quejas provienen del desconocimiento y se centran en la compatibilidad de prestaciones o el retraso en la percepción de las ayudas económicas. Entiendo que la cuestión aquí gira en torno a que ha habido muchas expectativas en las familias de los dependientes, cuando realmente se ve que el propio Estado está cortando la financiación. Precisamente por ello insisto en otro punto fundamental: la necesaria coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y locales para mejorar la efectividad de la Ley de Dependencia.

-Otra de sus actuaciones más destacadas fue el informe sobre la inconstitucionalidad del blindaje del Concierto vasco presentado al Parlamento. ¿Era necesario?

-No es que fuera necesario, sino obligatorio. La Ley del Defensor del Pueblo Riojano obliga a proteger y defender los derechos de los ciudadanos y subraya también que la institución «deberá» velar por el estatuto de autonomía, de tal forma que cuando observe que una ley estatal pueda vulnerar el marco competencial de La Rioja, está obligado a ponerlo «inmediatamente» en conocimiento de los órganos legitimados para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Así lo hice cumpliendo con mi deber legal.

-Su análisis confirma que el blindaje es lesivo para los intereses riojanos en contra de lo que algunos partidos y diputados sostienen.

-Todo es opinable. Mi posición se sustenta en cuestiones jurídicas y técnicas y, como explico en mi extenso informe, con el ordenamiento jurídico en la mano hay argumentos suficientes para pensar que el blindaje es inconstitucional. Otra cosa es la oportunidad política.

- Su contundencia en este caso contrasta, como apunta el PR, con su «silencio» en otras controversias como la de la Ecociudad.

-Estuvo sobre mi mesa el informe al respecto en cuanto se introdujo en la Ley de Acompañamiento una reforma de la LOTUR para modificar la declaración de interés general que afectaba al Monte de El Corvo donde se prevé la Ecociudad. Si no actué fue porque tan pronto como se publicó la Ley en el BOR, una sexta parte de ayuntamientos riojanos solicitó reglamentariamente al Consejo Consultivo entablar un recurso de inconstitucionalidad por entender que se atacaba la autonomía local. La Ley del Defensor es muy clara y subraya que no puedo intervenir en cuanto la causa se judicializada para no interferir en la labor de los tribunales. Ése fue el caso. A ello se sumó posteriormente, además, la interposición de varios recursos contenciosos administrativos por parte de tres entes.

-¿Siente que los partidos intentan, en ocasiones, utilizar partidísticamente su figura o sus resoluciones para arrogarse mayor contundencia y credibilidad?

-Estamos en un juego democrático y todo es perfectamente opinable. Yo, desde luego, ejerzo mi tarea con absoluta independencia. Prueba de ello está en mis informes con resoluciones y recomendaciones que miran a favor del ciudadano, no al color político de las administraciones aludidas. Otra cosa es que luego los políticos quieran hacer un uso partidista de la institución. Lo que desde luego nunca he permitido es que haya quejas de carácter político. Todas las que entran y observo que pretenden manipular la Defensoría en uno u otro sentido quedan inadmitidas con argumentos de forma automática.