El Parlamento reprueba a la consejera Raquel Romero

No salió adelante, sin embargo, la segunda parte de la proposición, que pedía reclamar a la presidenta Andreu la destitución inmediata de Raquel Romero por mantener «una conducta personal y profesional incompatible con el ejercicio de su cargo público». En este caso, la iniciativa fracasó porque a los votos del PSOE se unió el decisivo sufragio de Henar Moreno (IU), que defendió la necesidad de otorgar estabilidad a un Ejecutivo que está llevando a cabo «un programa beneficioso para los ciudadanos».

La consejera de Igualdad fue expulsada de Podemos, el partido por el que se presentó a las elecciones, por incumplir el código ético de la formación morada, que le reclamaba la entrega de una parte de su sueldo público. Según el tenor literal del Pacto Antitransfuguismo, eso la convierte en una tránsfuga, algo que su antiguo partido reconoció. Más aún, la Mesa del Parlamento resolvió hace una semana expulsarla del Grupo Mixto y quitarle los asesores a los que tenía derecho. Romero quedó entonces como diputada no adscrita. Nada de esto, sin embargo, ha afectado a su presencia en el Gobierno de La Rioja. Tanto la presidenta Andreu como el consejero portavoz, Álex Dorado, aseguraron desde el primer momento que la estabilidad del Ejecutivo «estaba asegurada» y negaron que se le pudiera considerar realmente una tránsfuga porque no había cambiado el sentido de su voto.

Las posiciones de todos los partidos estaban claras antes de comenzar el debate, así que el éxito o fracaso de la iniciativa dependía de la postura que fuera a adoptar Izquierda Unida. Su portavoz, Henar Moreno, decidió aprobar la reprobación, pero no quiso reclamar su salida del Gobierno. Situada en un difícil equilibrio, Moreno repudió la forma de actuar de Romero «porque es necesario dignificar la política y hay que garantizar el respeto a los partidos», pero no consideró que este baldón ético sea suficiente para reclamar su cese en el Ejecutivo. La dirigente de IU esgrimió el «principio de separación de poderes» para defender la estabilidad del Gobierno y su programa. «Lo demás son fuegos artificiales», ha señalado. La diputada popular Begoña Martínez Arregui le reprochó haberse contagiado «del cinismo ambiente»: «Raquel Romero no le parece digna para formar parte del grupo parlamentario mixto, pero sigue siendo digna para formar parte del Gobierno de La Rioja».

Tanto Ciudadanos como el Partido Popular esgrimieron el propio código ético del Gobierno, aprobado hace apenas tres meses, para denunciar su flagrante incumplimiento en este caso. El portavoz del partido naranja, Pablo Baena, reclamó el voto a favor de todos aquellos diputados que han manifestado su enojo «tanto en público como en privado». «La propia Romero es miembro del Gobierno porque mantiene un escaño al que está atornillada y ese es el pago», ha remachado.

Al portavoz socialista, Raúl Díaz, le ha tocado la tarea de defender a Raquel Romero, que asistía impávida al debate desde su escaño. Aunque Díaz se ha permitido hacerle un reproche tácito, al proclamar su convicción de que era necesario que los dirigentes políticos contribuyeran económicamente con sus propios partidos, ha reprochado «la obsesión de Ciudadanos con el transfuguismo». Díaz se ha apoyado también en el Pacto Antitransfuguismo para señalar que «el transfuguismo es una forma de corrupción política destinada a cambiar las mayorías parlamentarias y eso no ha ocurrido aquí. La señora Romero no se ha apartado ni un solo momento del Gobierno como tampoco Podemos». El diputado del PSOE sospecha que a Baena no le molesta tanto la consejera «como sus políticas: la igualdad, la participación, la memoria democrática». Díaz ha concluido garantizando por enésima vez la estabilidad del Ejecutivo: «El PSOE seguirá empeñando en cumplir este pacto de gobierno porque entendemos que es beneficioso para los ciudadanos. Lo que el propio pacto quiere evitar es la modificación de las mayorías emanadas de las urnas y eso es lo que ustedes pretendían».

La reprobación de Romero no tiene efectos prácticos, pero añade otro ladrillo al muro de descrédito que se levanta sobre la gestión y la actuación pública de la consejera de Igualdad.