El juez Santiago Pedraz rechaza la prisión preventiva y la retirada del pasaporte a Gali

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha rechazada la prisión preventiva y la retirada de pasaporte de Brahim Gali. Así lo ha acordado al término de la declaración del líder del Frente Polisario que este martes comparecía por vía telemática desde el Hospital San Pedro de Logroño para responder por dos querellas.

El también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ingresado en el San Pedro desde el pasado 18 de abril por las complicaciones derivadas del COVID, ha estado asistido por el abogado, Manuel Ollé, experto en derecho penal internacional.

Gali debía responder a dos querellas. Una de ellas, presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica, que le acusa de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf, y otra de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) por el presunto maltrato al que él y otras 27 personas habría sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis.

El líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario negó cualquier responsabilidad en ese sentido ante el juez. La audiencia duró cerca de dos horas y concluyó poco antes de las doce del mediodía.

Poco después, el juez de la Audiencia Nacional anunció que rechazaba imponerle a Gali prisión provisional o retirarle el pasaporte, tal y como pedían las acusaciones, dado que «no puede apreciarse riesgo de fuga alguno» y que accedió a declarar «incluso a la vista de [su] estado de salud», señaló un comunicado del tribunal.

El juez debe todavía decidir si opta por encausarlo o por un sobreseimiento en los casos, en los que no ha sido formalmente inculpado.

En sendos autos que responden a la petición de medidas por los querellantes en las dos causas por las que ha declarado, el magistrado acuerda que Gali aporte un domicilio y teléfono en España a fin de estar localizado. El fiscal y el abogado de la defensa se han opuesto a la adopción de medidas cautelares

El juez señala que en el presente caso «no puede apreciarse riesgo de fuga alguno. No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración».

Además, recuerda que Gali no puede ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados y que no se ha solicitado diligencias de prueba alguna y menos aún que el mismo pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna.

Por último, el juez indica que «el informe de la acusación no ha suministrado elementos siquiera indiciarios (las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado), que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno; no bastando, por obvio, para acordar medidas cautelares personales el indicar que el Sr. Gali entró en España ilícitamente».

Los señalamientos en contra del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD, autoproclamada en 1976 son «rotundamente falsos» y tienen «un motivo absolutamente político para (...) minar la credibilidad del pueblo saharaui», afirmó a los periodistas su abogado Manuel Ollé, dando a entender que Rabat podría estar detrás de las acusaciones.

La audiencia ha suscitado gran interés en España y Marruecos, después de más de un mes de tensión al más alto nivel política y diplomático, que tuvo su cúlmen cuando, a mitad de mayo, entraron en el enclave norteafricano español de Ceuta unos 10.000 migrantes desde territorio marroquí.

El lunes, el ministerio marroquí de Exteriores advirtió de que la crisis no se resolverá solo con la declaración del líder separatista saharaui ante la justicia, y reclamó una investigación «transparente» sobre las condiciones de su llegada a España. Marruecos lo acusa de haber viajado «con un pasaporte falsificado».

El abogado de Gali defendió este martes que su cliente «no vino escondido» y «entró con su pasaporte».

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