La UE ya marca el paso a las tecnológicas

Ya a finales de enero pareció entrar en vía muerta por la falta de entendimiento en la negociación a tres bandas (Parlamento-Comisión Europea y Consejo de la UE). La fase de trílogos (como se denomina a esos contactos) es la que ha llegado ahora a su fin. Pero la activación aún requiere que el texto definitivo obtenga el refrendo de la Eurocámara y, en última instancia, de los Veintocho. De lograrlo, la directiva más compleja a la que se ha enfrentado la Unión Europea, la que más ha sufrido la actividad de los 'lobbys' (avalancha de correos electrónicos, llamadas telefónicas, cientos de reuniones, campañas en redes sociales e incluso amenazas) se convertiría en una de las medidas estrella con la que se cierra la legislatura.

Después de que el pasado septiembre, el Parlamento Europeo abriese el semáforo a la redacción final del texto legal (de los 703 eurodiputados en la sesión de Estrasburgo, 438 votaron a favor, 226 lo hicieron en contra y 39 optaron por abstenerse), la polémica ha seguido pilotando sobre os mismos artículos, el 11 y 13. El primeros es que hace posible que los editores de los medios de comunicación requieran compensaciones «justas y proporcionadas» a las plataformas y agregadores de noticias. En los últimos meses se ha pulido más la redacción insistiendo en que el uso digital privado de esos artículos de prensa queda fuera de la obligatoriedad de pago, lo mismo que su orientación educativa o de carácter científico.

En este punto se da cobertura legal, por ejemplo, a los centros de enseñanza que realizan búsquedas y hacen acopio de datos. Y también se especifica que las contribuciones a enciclopedias en línea sin objeto comercial, como Wikipedia, o a plataformas de software de código abierto, como GitHub, quedan exentas.

Por contra, cuando lo que se persigue es el uso comercial, la cosa cambia. En este punto, la directiva obliga a cursar formalmente solicitud previa a las empresas editoras de prensa de una licencia. Y éstos permisos, que generarán ingresos extraordinarios a las editoriales, solo darán derecho a la utilización de extractos fidedignos y de una determinada extensión por parte de plataformas digitales como Google News. Se permitirá que siga apareciendo una «reseña» en este medio e, incluso, que esta se comparta en Facebook, por ejemplo, pero será eso, una simple reseña que dará enlace a la web matriz.

«Porque el objetivo final es que los verdaderamente interesados en leer un artículo, accedan a la página original de la editorial de prensa. Así se logra mejor equilibrio entre los que crean algo y los responsables que esperan una remuneración justa», ha defendido esta mañana Axel Voss, el diputado del Grupo del Partido Popular Europeo que 'ha abierto' este paraguas legal. Voss ha in insistido, asimismo, que los periodistas recibirían una participación de los ingresos adicionales por esta fórmula y ha emplazado a los editores a negociar acuerdos más ventajosos de remuneración y a «hacer un uso adecuado e inteligente de estos derechos».

El artículo 13 coloca también en el punto de mira a gigantes como Facebook y, de nuevo, a Google, aunque en este caso por ser el propietario de la plataforma de vídeo Youtube. El texto aprobado mantiene la misma esencia: obligar a esos colosos a llegar a compromisos con los creadores y, en su defecto, a activar un sistema de rastreo mediante algoritmos que hagan saltar las alarmas cuando pretenden saltarse los derechos de autor.

En relación a este artículo -que fue el que sustancialmente llevó a vía muerta las conversaciones en enero- lo primero que se destaca hoy es que un particular que cuelgue contenido en una plataforma no será considerado responsable de saltarse el 'copyright'. El peso se cargará en los gigantes de Internet. Y ese término 'gigantes', no es casual. La UE insiste en que la regulación está orientada a controlar la actividad de aquellas empresas que movilizan un importante volumen de contenidos protegidos y que tienen, además, importantes beneficios por ello.

En este punto, el político alemán, subraya que se exime de responsabilidad a las plataformas «más jóvenes y recientes» para que puedan afianzarse en el mercado. Una puntualización requerida por países como Alemania o Francia. ¿Y cuáles son los criterios para identificarlas? Se establecen dos techos: las compañías deberían tener un volumen de negocio no superior a los diez millones de euros y no rebasar los cinco millones de usuarios al mes. Se fija un periodo de moratoria, por así decirlo, de tres años. «Logramos reflejar adecuadamente los desarrollos del mercado digital, además le damos posibilidad al usuario de que haga valer obras creativos. Se les da la posibilidad de que carguen los contenidos y las plataformas están obligadas a permitirlo», se insiste desde el legislativo comunitario.

«Hemos logrado un acuerdo que protege la vida de las personas, salvaguarda la democracia al defender un panorama mediático diverso, refuerza la libertad de expresión y fomenta la creación de empresas y el desarrollo tecnológico», ha subrayado Axel Voos. Un criterio que ha sido insistentemente cuestionado por el Google.

En distintas comunicaciones a sus clientes ha venido subrayando que, aunque «sabemos que la legislación se debe actualizar y adaptar a la era de Internet, la propuesta de directiva europea de derechos de autor puede tener consecuencias no deseadas que podrían limitar la diversidad de información en la Web» insistiendo en que servicios como YouTube y el propio buscador de la compañía de Mountain View «forzaría a limitar la variedad de contenido que ofrecen».