La Audiencia Nacional comienza a aplicar la sentencia europea sobre el 'derecho al olvido'

El primero de los particulares que recibido la razón ha sido Mario Costeja, el perito caligráfico que decidió emprender hace años una batalla legal contra el buscador, un pulso que acabó dilucidando la justicia comunitaria. Por tanto, el tribunal reconoce la obligación de retirar del buscador los enlaces a unos anuncios aparecidos en 1999 en La Vanguardia sobre unos embargos ejecutados por unas deudas a la Seguridad Social, que aparecieron en la web tras la digitalización del archivo de la publicación

Los magistrados consideran que estos datos no tenían interés en la vida pública y que, por tanto, prevalece el derecho a la protección de datos personales frente al interés público El texto asegura que inicialmente fue algo ilícito pero que el transcurso del tiempo ha hecho que estos datos ya no sean necesarios para el fin con el que recogieron en su día. Aclara, por otra parte, que el derecho a la información queda garantizado puesto que sigue disponible en la página web del periódico a pesar de que ya no se realice la difusión en los buscadores.

La importancia de la sentencia radica también en que con ella, quedan establecido los pasos que deben dar los particulares que quieran hacer valer el derecho al olvido. Para ejercitarlo se deberá indicar, ante la Agencia de Protección de Datos o la empresa que los trate, que la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre, adjuntar los resultados o enlaces obtenidos en Google u otro motor de búsqueda así como el contenido que le afecta. La Audiencia Nacional asegura que estará justicado cuando se den casos concretos -desecha en base a la doctrina comunitaria- en los que la información le afecte "por el contenido sensible o la no necesidad de los datos" en relación al objetivo con el que fueron recogidos.

A día de hoy, el buscador ha recibido 18.500 peticiones de borrado de información de España, una cifra por solo por detrás de Francia, Alemania y Reino Unido,