Los nombres que Google no olvidará

Mario Costeja, el protagonista de la historia, se declara «abrumado» tras la decisión de Luxemburgo. Lleva tres días colgado del teléfono atendiendo a medios y periodistas y asegura que dejará de atender llamadas de este tipo «para recuperar su vida lo antes posible». Este perito calígrafo judicial se negó en su día a que su nombre y apellidos apareciesen vinculados, con una simple búsqueda de internet, a un anuncio del archivo de La Vanguardia de un bien embargado, del que el figuraba como copropietario.

El asunto estaba resuelto hace años y que siguiese accesible en internet le afectaba tanto personalmente como profesionalmente. «Las hemerotecas son como los museos, son historia. No se pueden tocar», asegura este coruñés, quien matiza que el no ha defendido «un derecho al olvido como tal» sino la retirada de la Red de las informaciones «que injieran» en la vida de las personas.

«Google no es internet, aunque mucha gente lo piense así», acota Costeja, quien recuerda que cuando decidió llevar su caso a los tribunales muchos abogados rechazaron hacerse cargo del caso o fueron realmente escépticos con que este viaje pudiese llegar a buen puerto. Dio entonces con un 'post' del blog del letrado Joaquín Múñoz que hablaba del derecho al olvido y decidió contactar con él. «Ha sido el caso más complicado por todo lo que se ha cruzado en el camino», sostiene este madrileño.

El bufete

Él es uno de los dos socios que conforman Abanlex, un pequeño bufete de tan solo cinco años y medio de existencia, especializado en nuevas tecnologías y que acepta pagos en bitcoin.

«Teníamos argumentos jurídicos muy claros. De los siete verbos que la directiva utiliza para decir lo que es tratar datos, Google hace cinco», explica sobre un caso que les ha hecho aparecer, entre otras cabeceras, en las páginas del New York Times. «Lo que a Mario le afectaba no es que su nombre estuviese en una hemeroteca, sino la difusión que hacía el buscador», insiste. «El lobby que pueden ejercer es una de las principales preocupaciones que teníamos cuando comenzamos a trabajar», recuerda. Sin embargo, tanto él como su socio Pablo Fernández descartaron hacer labores de este tipo porque no podrían haber igualado «la capacidad de una multinacional».

«El momento clave, en mi opinión, se da cuando el juez pregunta al represente de Google si sería posible crear una herramienta para retirar esos enlaces», analiza. A pesar de la argumentación de la gran inversión y las dificultades que supondría para la compañía, la respuesta fue afirmativa. «Ya lo hacen con la propiedad intelectual en Youtube, cuando bloquean contenidos que violan estas leyes», añade. En los últimos días se ha conocido que el buscador podría tener listo el mecanismo para tramitar estas peticiones a final de mes.

El camino a Luxemburgo

Aunque lo romántico del cliché de un ciudadano contra una multinacional es indiscutible, un particular no puede llegar hasta la justicia comunitaria. Ahí es donde entra la Agencia de Protección de Datos (AEPD). Una vez que la Audiencia Nacional -que tiene en cola 200 casos similares por resolver- decide elevar el asunto al TSJE, el caso se convierte en el Reino de España contra Google.

«En este proceso hemos contado con la asistencia y la representación de la Abogacía del Estado, que ha jugado un papel importantísimo», cuenta José Luis Rodríguez, máximo responsable de la Agencia. «Google cuestionaba nuestra autoridad diciendo que no estaba sometida al derecho español ni europeo. Ahora esto se ha clarificado definitivamente», acota sobre la importancia de la sentencia, que ha dicho que la firma estadounidense debe regirse por las normas del país donde opera, aunque las tareas de indexación se realicen desde su matriz en California. «En ningún caso el derecho al olvido afecta a las fuentes. Se está hablando de la difusión universal que hace el buscador, que es lo que hace el daño. No podemos tocar el archivo original ni la fuente. Quitar una información de Google no es quitarla de internet», defiende cuando se le pregunta por el temor expresado por analistas a que el derecho al olvido se convierta en censura. «Todo esto tiene un ámbito limitado», concluye.