Acuerdo en la UE sobre renovables

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó el acuerdo alcanzado en Bruselas de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria». España era desde dos días antes uno de los países de la Unión Europea adheridos a la postura de la Eurocámara para establecer el más ambicioso objetivo en materia de energías renovables y eficiencia energética, superior al compromiso que finalmente se ha firmado. Ribera trasladó esta posición de su cartera al Consejo de Ministros de Energía de la UE celebrado el 11 de junio en Luxemburgo, uniendo así esfuerzos con Italia y Suecia, Lituania, Luxemburgo y Portugal, los cuatro países que ya se habían posicionado en favor de la voluntad del Parlamento Europeo.

En materia de renovables, España había respaldado el objetivo más ambicioso de entre todos los planteados: alcanzar al menos un 34% de energías limpias en la fecha fijada respecto al 27% de partida, el mínimo que establece la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena) para que sea posible cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. En cuanto a eficiencia energética, España también había apostado por el propósito más elevado que se contemplaba, un 33% en 2030 respecto al 30% de partida. Asimismo, también pretendía introducir en los acuerdos una cláusula de revisión que permitiera reformular estos objetivos al alza, pero nunca a la baja, un supuesto que contempla el acuerdo alcanzado, cuyos propósitos podrán ser variados en sentido positivo en el año 2023.

Por otra parte, Ribera también comunicó en su primer encuentro con sus homólogos comunitarios la intención de su cartera de respaldar la petición de la Eurocámara de prohibir el conocido como 'impuesto al sol', así como cualquier tipo de medida que suponga un obstáculo para el autoconsumo, una postura que finalmente se ha ratificado. La prohibición se extenderá hasta 2026 y a partir de entonces los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva comunitaria contempla para justificar la imposición de tasas. Así, será posible gravar el autoconsumo de instalaciones con potencia superior a los 25 kW, de autoconsumidores que reciban ayudas si el impuesto no es superior al apoyo recibido o si un estudio concluye que la inexistencia de un impuesto amenaza la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema eléctrico.

«España está de vuelta para ser un actor fundamental de progreso en la construcción europea. Entendemos que en este mundo tan complejo en el que vivimos hay que posicionar a Europa en un modelo progresista, medioambiental y justo para los ciudadanos», señaló Ribera tras la reunión. «La transición ecológica no va a dejar a ningún trabajador por el camino, sino que tiene el potencial de convertirse en motor para la creación de más y mejores empleos, e impulsar la competitividad», añadió.

Finalmente, el compromiso pactado ha sido ligeramente inferior a los ambiciosos objetivos que la Eurocámara había propuesto y que España respaldab. No obstante, podría catalogarse como un éxito ante lo enquistado de las posturas previas. Además del grupo de seis Estados miembros citado anteriormente, había otras tres divisiones de países con objetivos diferentes, que iban desde un porcentaje superior al 30% de renovables y eficiencia -Francia, Países Bajos, Dinamarca y Austria- hasta un propósito indefinido -Polonia y Rumanía-, pasando por un posicionamiento en torno al 30% -Reino Unido, Irlanda y Estonia-.

Ahora, el acuerdo debe ser votado por la Eurocámara y el Consejo Europeo, un formalismo previo a su aplicación por los 28 países comunitarios con el 30 de junio de 2021 como fecha límite.