El futuro de internet se debate en un juicio histórico esta semana

Ambos casos han sido presentados por familiares de víctimas de ataques terroristas que consideran que los gigantes tecnológicos emplean los algoritmos para avivar la violencia en las redes sociales y luego se escudan en la ley. Esta es la primera vez que el estatuto se somete a la corte suprema.

El primer caso, 'González contra Google', celebrado este martes ha sido presentado por la familia de Nohemi González, una estadounidense de 23 años que se encontraba estudiando en el extranjero cuando ocurrieron los ataques terroristas coordinados en París en 2015. La demanda argumenta que, así como la prensa (periódicos, emisoras de radio, revistas...) puede ser demanda por el contenido que publica, las recomendaciones en redes sociales son la forma que tienen las compañías tecnológicas de 'producir' contenido en las plataformas y, por lo tanto, no deberían estar amparadas por la Sección 230.

Hoy, el tribunal planea considerar un segundo caso, Twitter contra Taamneh, en el que los familiares de una víctima de un ataque terrorista en 2017, presuntamente perpetrado por el Estado Islámico, acusan de que las empresas de redes sociales son las culpables del aumento del extremismo. No es la primera vez que varios casos impugnan el estatuto. Anteriormente, otros usuarios han demandado a estas empresas con argumentos parecidos, pero el Tribunal Supremo se negaba a escucharlos citando la ley.

En los últimos años, muchas personas se han cuestionado la influencia indebida de las redes sociales sobre cuestiones como la política o la violencia, entre otros temas. En algunas partes del mundo, como Europa, se han aprobado normas para frenar la influencia de las plataformas y obligarlas a que eliminen el contenido ilícito y sean más transparentes sobre cómo recomiendan el contenido a los usuarios. Sin embargo, en Estados Unidos ha habido menos acción legislativa.

Al mismo tiempo, muchas empresas, académicos y defensores de los derechos humanos se oponen a modificar la Sección 230, diciendo que los cambios podrían debilitar el derecho a la libertad de expresión.