Se ha escrito un crimen y la tecnología ha ayudado a resolverlo

En un grupo de sospechosos, los investigadores pueden descartar a algunos de ellos (o verificar sus sospechas) si las coordenadas de sus teléfonos móviles se sitúan cerca del lugar del crimen. Para ello -y previa autorización judicial- las operadoras de telefonía pueden verificar si el móvil de los sospechosos se sitúan en unas determinadas coordenadas. Gracias a la triangulación de las antenas de telefonía móvil o a las señales de posición GPS que emiten los smartphones, esta inflamación es cada vez más fácil de conseguir.

Sin embargo, en otras ocasiones los investigadores deben pedir ayuda a empresas o especialistas en determinadas áreas para que les ayuden en la resolución de ciertos delitos.

Estas ayudas y colaboraciones son muy amplias y diversas. Pueden ir desde el análisis forense de un disco duro hasta cuestiones de ciberseguridad pasando por cuestiones muy técnicas y específicas de determinadas áreas.

Los cuerpos de seguridad del Estado cuentan, cada vez más, con profesionales informáticos y técnicos que tienen la capacitación para investigar los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías de algunos crímenes.

En ocasiones, algunas de estas empresas especialistas se dedican también a formar a estos técnicos de los cuerpos de seguridad. Es el caso de Securízame. Su CEO, Lorenzo Martínez, explica a Innova+ que su empresa ha colaborado varias veces impartiendo formación y elementos de seguridad en ciberseguridad «con la finalidad de ayudar a mejorar su destreza desde un punto de vista técnico, con el fin de ser más eficientes en su trabajo».

Otra de estas empresas que hace formación a estos cuerpos es Ingeniería y Seguridad Vial, especializada en la resolución de accidentes de tráfico y que resultó vital para identificar el vehículo del presunto asesino de Diana Quer. Marcos U. Pérez es uno de sus fundadores. «Damos formación a la Policía y peritos. A veces simplemente nos piden ayuda técnica sobre cuestiones muy concretas y les asesoramos en determinados casos».

Han ayudado, por ejemplo, a la Fiscalía de Salamanca, Juzgado de violencia contra la mujer de A Coruña, a la policía municipal de Vigo, local de Valencia o Gandía, la Ertzaina y su policía judicial, Guardia Civil... «La colaboración es técnica en muchos casos. Nos plantean un problema que no tiene porqué saber necesariamente a qué se corresponde para tener un enfoque diferente». En muchas ocasiones, no hay remuneración económica. Solo si se trata de más que un simple asesoramiento es cuando se contratan los servicios de esta empresa.

Normalmente, estas cuestiones técnicas son de una parte muy concreta de una investigación y se presenta de manera aséptica para que no afecten ni comprometan al resto del caso. Tanto que aunque el trabajo de esta empresa fue determinante para localizar el vehículo del presunto culpable, ellos no sabían que estaban trabajando en ese caso. «Llegaron con unas imágenes de control de tráfico y querían identificar lo que se veía. No supimos nada hasta que tuvimos que ir al lugar donde se grabaron para tomar más datos», explica Marcos Pérez. «Tampoco nosotros preguntamos nada sobre los casos, las razones pueden ser muy variadas».

Cuando hay una colaboración profesional, Securízame reconoce que ha recibido una contraprestación económica por la formación realizada. «No deja de ser un servicio de respuesta que satisface las necesidades concretas de una empresa y que se contrata, en este caso, por una organización gubernamental». Martínez, no obstante, aclara que esta formación es «algo que proveemos a menudo a diferentes empresas privadas, no es específico de las fuerzas de seguridad del Estado».

Pero no todo tiene una vertiente profesional. A nivel personal, Martínez «reportó puntualmente una situación que puede ser vulnerable, que puede tener una amenaza o un problema posterior para la seguridad del país». «Cuando informamos sobre estos problemas de seguridad, lo hacemos sin esperanza de compensación económica a cambio», explica. Es cierto que algunas de ellas sí que tienen programas de 'bug bounty', de búsqueda de vulnerabilidades y fallos. «En ciertos casos al tratarse de algo público, la compensación es el sueño de que el problema se solucione antes que otra persona (con menos ética) lo descubra y explote».

En cualquier caso, en ambas situaciones estamos hablando de algo que afecta a la seguridad nacional, por lo que «reconforta poder ayudar a tu país aunque no tenga remuneración económica».