Bruselas apoya a las 'apps' de transporte en la 'guerra del taxi'

Uno de los máximos exponentes de esta generación de nuevos servicios, que incluye desde sitios de 'crowdfunding' hasta operadoras móviles, es Uber, una aplicación de móvil originaria Estados Unidos. Aunque está dando los primeros pasos a este lado del Atlántico, ya ha puesto en pie de guerra a los taxistas de media Europa. La plataforma -en España está solo disponible en Barcelona- funciona de manera sencilla: cualquiera que no tenga antecedentes puede registrar su vehículo para prestar servicio a otros. Estas 'carreras' tienen diferentes tarifas y se puede abonar con una tarjeta de crédito asociada o una cuenta de Paypal. De lo que gana el conductor, que no tiene por qué tener dedicación exclusiva, un 20% va para la empresa, que se ocupa de la responsabilidad civil.

El gremio de los taxistas sostiene que es intrusismo profesional y les acusan de no cumplir con la legalidad vigente, al no tener los permisos necesarios, no estar homologados y no pagar impuestos. El conflicto recuerda al vivido por AirBNB, una plataforma en la que se pueden alquilar habitaciones o pisos vacacionales, que se ha visto obligada a pleitear con varias empresas hoteleras en ciudades como Nueva York o Ámsterdam.

Las reivindicaciones mostradas ayer venían fortalecidas por la amenaza de Fomento de multar a aquellos usuarios y empresas que transporten a terceros con fines lucrativos sin autorización, algo contemplado en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Las multas, en caso de reincidir, podrían ascender hasta un montante de 18.000 euros. Para los clientes, el castigo ascendería a 401 y 600 euros.

Blablacar, salpicada

Esta advertencia también salpicó a Blablacar, una empresa que permite ponerse a través de internet en contacto con otros viajeros para compartir los gastos de gasolina y peajes que cuenta con más de ocho millones de usuarios registrados en Europa y que también ha despertado el recelo de la patronal del autobús.

Sin embargo, el Ministerio tuvo que rectificar horas después, al entender que se tratan de acuerdos en el ámbito privado y las licencias no son necesarias. «Estamos en doce países y es la primera vez que nos pasa algo así», asegura Vincent Rosso, responsable de la firma para España y Portugal. «El propio consumidor se convierte en productor del servicio y eso es algo muy disruptivo y por eso se genera este rechazo», aclara.

Ambas plataformas recibieron, en medio de las protestas, el apoyo de la Comisión Europea. La vicepresidenta y resposable de Telecomunicaciones , Neelie Kroes, reprochó en su blog el «uso de herramientas de derribo» como la huelga en lugar de un diálogo real en el que se traten «los trastornos» generados con la tecnología. La ministra Ana Pastor pidió ayer tanto a Kroes como al comisario de Transporte, Siim Kallas, una acción común ante esas nuevas realidades.

La UE declina intervenir

Sin embargo, la respuesta de la UE no se ha hecho esperar. «No es algo que está en el horizonte de la Comisión. No es algo que estamos considerando ni parte de nuestra reacción a las protestas de ayer», ha dicho el portavoz responsable de Agenda Digital, Ryan Heath. «En el actual clima político, no pensamos que la Comisión Europea deba decir que quiere acumular nuevos poderes de esta forma» ha agregado.

«Cuando se aprobaron las directivas pertinentes, quedó muy claro que los Estados miembros querían mantener estas cuestiones como parte de sus competencias. Lo pidieron los Estados miembros y son plenamente capaces porque son legalmente competentes para abordarlo», ha insistido el portavoz. Bruselas siempre ha defendido que «la gente debe cumplir las reglas nacionales y locales».

Uber cuenta con apenas tres años de vida y sus enfrentamientos con los taxistas han sido la norma desde el primer día e incluso la presión obligó a quitar la palabra 'cab' ('taxi' en inglés) del nombre original. Sin embargo, estas tensiones no le han impedido atesorar una valoración de 18.200 millones de dólares en su última ronda de financiación, en la que recaudó 1.200 millones.