La mejora de las pensiones de orfandad por violencia machista «aún no es efectiva» en todos los casos

«No sabemos cuántos casos nuevos habrán entrado, pero suponemos que no tendrán ningún problema en recibir estas pensiones. Lo que estamos pidiendo es que los casos antiguos se revisen al abrigo», ha señalado Marisa Soleto, directora de la fundación. Consciente de que los últimos meses en la administración pública han sido de todo menos tranquilos, la responsable de la fundación no ha sido alarmista. Eso sí, ha pedido «celeridad» al nuevo Gobierno que se constituya y ha exigido que este tema «sea una prioridad para garantizar que los nuevos casos se acojan a esta ley y para revisar la retroactividad». En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de una abuela que se quedó con una nieta de tres años y sin ningún tipo de ingresos porque su hija asesinada no había cotizado. Y aunque no ha especificado hasta que año deberían revisarse los casos, ha explicado que la retroactividad se contempla en la ley, pero que aún están esperando a ver cuál es su desarrollo reglamentario.

Según ha reconocido Joaquín Tagar, marido de Soledad Cazorla, y promotor del fondo que lleva su nombre, será en el punto de la retroactividad donde se cree el mayor problema. Sin embargo, Tagar ha puesto de relieve que estas ayudas «no van a disparar el déficit de la Seguridad Social, pues hablamos, desde 2013, de 243 casos, y si tiramos más atrás estaremos en torno a los 500 o 600 huérfanos». Así las cosas, fundación y fondo están «a la espera de que la Seguridad Social concrete el mecanismo por el cual se van a poner en marcha todas estas ayudas».

No ha sido la única petición que han realizado a la administración pública. Así, Tagar ha solicitado a la Seguridad Social que actúe de oficio a la hora de conceder las pensiones de orfandad a raíz de casos de violencia de género. Asegura que las familias no tienen instrumentos para solicitar ese beneficio al que tienen derecho después de la publicación de la ley y que ya se han encontrado casos en los que se les ha pedido a los beneficiarios que reclamen a traves de los juzgados. De hecho, la fundación ya ha puesto a disposición de las familias un formulario de solicitud para la revisión de la situación.

Más allá de estas dificultades iniciales para hacer efectiva esta ley, Soleto ha recalcado que con su entrada en vigor se ha eliminado el obstáculo de acceso que existía para muchas familias, que no recibían ninguna ayuda: «Se garantiza que no va a volver a haber familias que perciban cero euros del Estado por hacerse cargo de los hijos de sus hijas asesinadas». Ha insistido, eso sí, en que todavía quedan «lagunas» y que se debe mejorar el sistema para dar cobertura a los supuestos que no se han incluido dentro de la nueva prestación de orfandad, como son los menores que han sido adoptados o aquellos en los que el padre está vivo y el asesino ha sido una segunda pareja de la madre.

El documento apunta que desde 2005 se han producido 682 asesinatos de mujeres que han dejado menores huérfanos. Soleto ha explicado que muchas de ellas, durante todo este tiempo, han sufrido un «efecto de invisibilidad» porque «la ausencia de ayudas provoca tambien que las familias salgan del circuito de seguimiento social» y «desaparecen».

Respecto a las cifras de los menores huérfanos, el informe señala que en 2013 fueron 42 los niños que perdieron a su madre por la violencia machista, en 2014 fueron 43; en 2015, 51; en 2016, 29; en 2017, 26; en 2018, 39 y en lo que va de 2019 son trece. También recopila los datos acerca de los huérfanos mayores de edad que suman 168 desde 2013, año en el que se contabilizaron 33, mientras que en 2014 fueron 51; en 2015, 27; en 2016, 31; en 2017, 26; en tanto que en 2018 y este año no ha habido ninguno.

El informe también ahonda en las becas que el fondo otorga a estas familias. Desde su puesta en marcha, en 2016, el fondo ha otorgado ayudas a 16 familias, que cuidan de 19 menores y 6 mayores, ha explicado Soleto. Estas ayudas «sirven para pagar los gastos escolares y las actuaciones de refuerzo psicológico», ha explicado la responsable, quien ha hecho hincapié en que también se ha puesto en marcha una asesoría jurídica para solventar dudas en relación no solo a los procedimientos penales y las cuestiones de la tutela de estos menores sino, una vez superados estos asuntos, a la necesidad de «acompañar a las familias cuando, por ejemplo, necesitan solicitar medidas adicionales de protección o medidas de protección patrimoniales en cuestiones de impuestos o, por ejemplo, en la liquidación de sociedades gananciales que perjudican la situación patrimonial de los menores». Tagar ha solicitado que estas ayudas tengan no entren en la declaración de la renta.

Con la intención de dar a conocer esta realidad, la fundación a acompañado a varias familias al Parlamento Europeo «para explicarles a los europarlamentarios la necesidad de proteger a los niños de un entorno de violencia». En este caso las peticiones están claras: «Pedimos que se revisen los sistemas de reparación de daños y que se revisen también los mecanismos que podrían estar obstaculizando las medidas para la protección de los menores». En este punto, Soleto ha insistido en que «un maltratador no es un buen padre» y que «el ejercicio de la violencia de género debería traer consigo la incapacitación para ejercer la patria potestad, sobre todo en los casos más graves y en los que se asesina a la víctima» y esto pasa, ha dicho, «porque los niños no tengan la obligación de estar en contacto con el agresor». En este sentido, «ha habido mejoras en las sentencias, pero hay instrumentos internacionales que todavía provocan cierta confusión en el ámbito judicial a la hora de establecer las medidas de protección de estos menores y por lo tanto hemos pedido al Parlamento Europeo y a la UE que avance en las medidas para la ratificación del Convenio de Estambul». A juicio de Soleto, ese convenio debería ser la senda para la homologación de las legislaciones en materia de violencia de género.

Precisamente, por esa senda camina una de las reivindicaciones de Joaquín Tagar, promotor del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, que ha pedido a los jueces que, cuando se produce un asesinato, «se suspenda provisionalmente la patria potestad lo mismo que entran en prisión provisional porque el niño necesita ayudas, especialmente en ese momento, y si el padre mantiene la patria potestad puede vetar esas ayudas. Debería ser algo automático».

Tagar ha felicitado a los medios de comunicación españoles por el tratamiento que se hace de la violencia machista. «En países como Alemania, Francia, Bélgica, Italia nunca hablan sobre los asesinatos de mujeres, salvo en la sección de sucesos. Cada tres días asesinan a una mujer en Francia y sin embargo no aparece en los medios y si lo hace hablan de violencia familiar. Estamos intentando que eso cambie en el resto de Europa», ha explicado.