La violencia de género entre adolescentes crece un 38% en el último año

El año pasado se produjo la cifra más alta de delitos por violencia de género de la década entre menores de 18 años, 944 casos. Un 38% de incremento en relación con el año anterior, que hubo 684, periodo que también había crecido un 25%. El Ministerio Fiscal comprueba que, más allá de la mejora de los registros, existe de forma objetiva «un aumento contrastado de las denuncias».

Si tan solo fueran las estadísticas, el aumento de delitos sexuales entre menores se podría explicar con la reforma legislativa que elevó de trece a 16 años la edad para prestar consentimiento en las relaciones sexuales desde 2015. Pero no se trata solo de números, sino de gravedad de los delitos. La Fiscalía señala que «no sólo aumentan los abusos sexuales, sino también las agresiones sexuales que permanecían estabilizadas o a la baja».

Entre 2017 y 2018 los delitos sexuales crecieron un 32%. Pero en cuanto a las agresiones sexuales, la cara más violenta de esta clase de crímenes, el aumento fue del 43%. Los abusos sexuales tampoco se detienen: un 62% en tres años. De los 664 de 2015 a los 1.185 de 2018. Por primera vez se supera el límite de los mil casos anuales, pues 2017 cerró con 935.

Hay «aspectos inquietantes», a juicio de la Fiscalía, entre los comportamientos sexuales delictivos de los adolescentes. Estas tendencias son dos. La primera que advierten los fiscales desplegados por todo el territorio español es la «gran precocidad» y los «comportamientos y relaciones altamente sexualizados entre menores de muy corta edad», que despuntan de aquellos abusos sexuales entre menores con edades similares. Cuando los delitos son cometidos por menores de 14 años, se archivan (algo similar a lo que sucede con la violencia, sea sexual o no, que sucede en las aulas, que son archivadas hasta en un 40% de los casos, debido a que los denunciados tienen menos de 14 años).

La otra tendencia juvenil es la «cada vez más frecuente actuación grupal» en las violaciones. Lo que se conoce como «las manadas». Los fiscales que trabajan en el terreno constatan que estas «manadas» se «reproducen en diversos lugares». Citan los casos de Vizcaya, Guadalajara y Las Palmas, en 2018, y hablan de un «posible efecto contagio, por afán de emulación de los agresores en este tipo de delitos, con pérdida de conciencia de la gravedad y la responsabilidad individual de la acción al diluirse dentro del grupo».

Todos estos delitos entran en bucle en perjuicio de la víctima debido al uso de las tecnologías. Especialmente en los delitos contra la intimidad. «En la línea de años anteriores, buena parte de los casos de acoso se perpetran, cada vez más de modo virtual, valiéndose de WhatsApp o de la red social Instagram», asegura la Fiscalía. «Con idéntica frecuencia se cometen delitos contra la intimidad o integridad moral debido a un uso inadecuado de esas plataformas, por la difusión no consentida de imágenes libremente grabadas de contenido sexual o pornografía infantil». Hechos delictivos que suelen ser reconocidos por los menores en cuanto se les muestran las «capturas de pantalla o fotografías aportadas por las víctimas», durante los interrogatorios del fiscal.