El viento encabrita Galicia

«Los pueblos hacemos asambleas de comuneros, y es la primera vez que todos los vecinos nos hemos puesto de acuerdo». Dicen que les sobran motivos: «las líneas de alta tensión que se entrecruzan aquí, el trasiego incesante de camiones cuando abran las pistas, las captaciones de agua -y las traídas, muchas no figuran en los registros- que peligran con las explosiones... La 'poligonal', como se denomina al área afectada -«y que en el futuro podría albergar más turbinas»- ocupa 640 hectáreas y parte el pueblo por la mitad.

En la comarca pontevedresa de Terra de Montes no están en contra de las eólicas, llevan conviviendo desde hace mucho con los parques de Somoza, de Candán, de Seixo. Todos aprecian llegar a casa y que se encienda la luz cuando pulsan el interruptor. Con lo que no comulgan es con el modelo que les han impuesto desde la Xunta y el Gobierno central, sustanciado en la «sobreexplotación» de un recurso que el cambio climático ha convertido en necesario y la guerra de Ucrania en estratégico, «pero cuya factura siempre nos toca pagar a los mismos». Un diagnóstico que comparte Mari Flor Barros, en la cercana aldea de Muras, que teme que las obras fragmenten de nuevo lo que la concentración parcelaria hizo rentable; o José González, de cuyo balcón cuelga una pancarta que es toda una declaración de intenciones: «Renovables sí, pero non así».

En esa esquina de la fachada atlántica que es Galicia se genera el 16% de la energía eólica española, un sector que emplea a 7.000 personas entre puestos directos e indirectos, pero cuyos beneficios una vez que se despliegan los molinos están en entredicho. No en vano las comarcas del interior donde se concentran más aerogeneradores «son las que arrojan las rentas más bajas, las más socialmente deprimidas y las que sufren impactos ambientales mayores, entre constantes demandas de un retorno económico más justo», dice Fernando de Abel, del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica.

«Un Mercadona de Boiro genera más empleos para locales que todos los parques eólicos de Galicia una vez que entran en funcionamiento -desliza-. Y eso por no hablar del canon ambiental, que se abona a partir del cuarto molino, y que ahora con los aerogeneradores de última generación -menos turbinas, pero de más altura y mucho más productivas- llevarán a que «muchos de estos planes no dejen nada a las arcas públicas. Una vergüenza», zanja.

Belén Rodríguez pertenece a la Coordinadora Eólicas Así Non, que agrupa a 200 plataformas entre sindicatos, colectivos ecologistas o mancomunidades de montes. Ella no duda en calificar de «tsunami» la actual avalancha de proyectos, de los que culpa a los 14.000 millones en fondos Next Generation con que la UE se ha propuesto recuperar sectores vinculados a la transición energética y que son un evidente nicho de negocio. De los 120 planes presentados, 77 han pasado el corte, aunque algunos estén pendientes de modificaciones relevantes. «¿Esa contribución es equilibrada? En absoluto. Representamos el 5,8% de la superficie de España y tenemos el 14% de la potencia instalada. Y eso, cuando se concentran más de la mitad de los núcleos de población de España, significa que vivas donde vivas, ves turbinas».

En Galicia llueve sobre mojado. Los más viejos recuerdan las expropiaciones llevadas a cabo por Fenosa cuando lo que urgía era construir embalses en aras de la 'utilidad pública'. El mismo argumento vuelve a sonar ahora, «aunque esta vez los vecinos estamos preparados», subrayan Rocío García y Rita Iglesias, artífices de Alarma Na Terra de Montes, que arremeten contra la opacidad de estos proyectos y los plazos exiguos para plantear alegaciones. «Todos vamos a tener molinos pegados a nuestras casas, porque las crestas de los montes ya están ocupadas y las cotas bajan cada vez más».

De Abel está ahora mismo inmerso en tres recursos contencioso-administrativos por los proyectos eólicos de Bustelo, Campelo y Monte Toural, donde ha invocado que no se respeta «la participación pública en la tramitación de los procedimientos» y «la fragmentación artificial ilegal de proyectos para que las evaluaciones de impacto ambiental se acometan con menos rigor».

«Galicia es la segunda comunidad que más energía produce», recuerda José Manuel Pazo, presidente de la patronal eólica. Un ranking que lidera Castilla y León, con 2.500 MW más pero tres veces más superficie. En el otro lado de la balanza se sitúan Cantabria, con 35, el País Vasco (153) o Extremadura (39). La Xunta habla de 187 parques implantados en 105 municipios y una potencia de casi 3.900 MW. Se han autorizado 700 MW más y 2.080 corresponden a parques que han obtenido una declaración ambiental favorable, pero que aún no han sido autorizados. Y esto por lo que respecta a las eólicas terrestres, porque la próxima reconversión será marítima y ahí el Ministerio para la Transición Ecológica prevé desarrollar 10.000 MW, de los que más de la mitad irán frente al litoral gallego.

Desde la consellería de Economía e Industria, que dirige Francisco Conde López (PP) se desmarcan de la política energética del Gobierno central, al que culpan del incremento de solicitudes producido en los últimos meses «que en ningún caso responde a directrices europeas, y que ha obligado a que los promotores de estos parques cumplieran con una serie de hitos administrativos en plazos poco realistas». Acusan también al Ejecutivo central de levantar barreras y dar libertad de acción para tramitar proyectos eólicos sin informes sectoriales ni ambientales, ni participación pública cuando no están en la Red Natura». Un extremo este, el medioambiental, del que los vecinos de las zonas afectadas culpan también a la Xunta, que pese a sus reiteradas solicitudes «se obstina» en mantener sólo el 11,5% de la superficie de Galicia bajo algún tipo de protección, dejando la puerta abierta a nuevos parques.

«Nos hemos convertido en la puta de Madrid, donde ni hay parques eólicos ni se esperan», ilustra resentido Jorge Casal, aloitador de Sabucedo. Sus compañeros Paulo Vicente, presidente de la Asociación Rapa das Bestas, y Manuel Abalo, técnico forestal, recorren los montes en busca de las legendarias manadas, dispersas entre toxos, xestas y piornos; hogar de aguiluchos ceniza, de buitres negros, de murciélagos; también de petroglifos de hombres a caballo, una relación que se remonta 4.000 años. «Un ecosistema que los nuevos planes amenazan con la construcción de pistas y rotondas descomunales que deslocalizan a las manadas. Si ya vienen los ladrones y arramblan con los potros para vender su carne, no importa que lo hagan por caminos estragados y rodadas imposibles, ¿qué va ser esto cuando les abran una autopista?».