Veinte personas al mes recurren a la eutanasia en España

Ese primer año hubo 75 eutanasias y 295 en 2022, según sus cuentas. Un 0,07% de los fallecimientos; es decir, siete de cada 10.000 personas que mueren lo hacen voluntariamente y con asistencia médica. «El número de personas crecerá porque se normalizará esta opción de morir», asegura Fernando Sanz, médico y activista de DMD. «Hay que hacerse a la idea de que es posible elegir el momento de morir bajo determinadas circunstancias. Lo importante es que tenemos el derecho. No importa tanto la cantidad. Siempre será una forma minoritaria de morir. La propia ley la define como excepcional».

El informe ‘Dos años de ley de eutanasia: mucho que mejorar’, presentado ayer en Madrid por esta organización, asegura que «el porcentaje (de personas fallecidas por eutanasia) no es homogéneo entre comunidades. Mientras en Navarra, Euskadi o Cataluña se practicó más de una eutanasia por cada mil fallecimientos (0,1%), en otros territorios como Murcia, Extremadura o Galicia la muerte asistida tuvo una incidencia diez veces menor, de poco más del 0,01%. Es una disparidad muy acusada, difícil de explicar solo por diferencias socioculturales».

El Ministerio de Sanidad, además, mantiene que las solicitudes fueron 800 –aunque el cálculo independiente de esta asociación las estima en más de 1.000–, lo que indica que la mayoría de los que la piden no logran su propósito. Se estima, por tanto, que alrededor de dos tercios de los solicitantes se quedaría en el camino. «Hay personas que la solicitan y fallecen durante el procedimiento sin completar las exigencias de la ley», indica Marín, sin que se conozca de qué mueren. «Es imprescindible saberlo, para determinar si existe una carencia o una falta de accesibilidad a este derecho».

Sí atestiguan en DMD, donde en estos 24 meses han asesorado a 70 pacientes, que algunos se suicidan antes de proseguir con la burocracia y a otros les alcanza el final de la enfermedad, como sucede con enfermos de cáncer y ELA. Entre las dificultades que han logrado extrapolar de los casos que conocen de primera mano está la «falta de colaboración de las entidades privadas», el «mal manejo de la objeción de conciencia» y los «plazos excesivos».

El promedio de días que demora el proceso legal, estiman, ronda los 42, «incluso más, es demasiado tiempo. Al mirar las solicitudes, hay una parte aceptada, otra rechazada y una tercera fallecida. Pero nos faltan datos. Los últimos son casos que siguen abiertos y no dio tiempo a tramitarlos».

Una situación que genera angustia a los que desean una muerte asistida es que deben pasar gran parte de sus últimos días presentando alegaciones, ya sea para que aprueben su derecho a fijar cuándo morir o para aplazar la fecha de muerte que ha decidido la administración. «A nadie le han dicho se te acabó el billete», dice Sanz. «Pero sí han sido casos trabajosos, con la angustia de la espera y la incertidumbre. Cada vez le dicen una cosa distinta y este titubeo hace sufrir. Sus casos deberían resolverse de manera tajante y abierta. Te han concedido un derecho, porque administrativamente reunías las condiciones. Ese derecho es tuyo, tú lo decides y no el médico».

En DMD recuerdan un caso de una paciente terminal que tenía una fecha de eutanasia, pero su enfermedad le dio una tregua y tuvo una mejoría, que quiso aprovechar. Parte de ese tiempo, no obstante, lo tuvo que emplear en retrasar un par de meses su cita final. Al final logró que su deterioro último coincidiera con la muerte asistida.