Cuando el turismo se convierte en una pandemia

Nadie duda del tirón de las islas, que cerraron el pasado año con 16,3 millones de visitantes, una cifra que ya se había alcanzado antes de la pandemia. De hecho, el archipiélago ha quebrado la estacionalidad tradicional que apuntaba al periodo comprendido entre octubre y abril como su temporada alta, y en 2023 prácticamente todos los meses se superó el millón de viajeros, con el turismo extranjero como responsable del 80% del total. Un 13% más que en el ejercicio anterior con el mercado británico como el principal protagonista.

Por si fueran pocos los ingredientes en la coctelera del debate, el Gobierno de Canarias ha aportado en las últimas semanas otro también polémico: el anteproyecto de ley para regular el crecimiento del alquiler vacacional. La Consejería de Turismo cifra en 50.000 las viviendas acogidas a ese negocio, muchas de ellas en las capitales, pero también en pequeños municipios que hasta hace tres años alertaban del despoblamiento que padecían y que ahora aplauden la entrada de turistas en casas que se habían quedado abandonadas.

La consejera de Turismo, Jéssica de León, del Partido Popular, se ha ganado las críticas de los empresarios de alquiler vacacional, tanto como los aplausos de un parte de la ciudadanía y de los hoteleros tradicionales. El anteproyecto en cuestión eleva las exigencias para los nuevos pisos turísticos y obliga a los existentes a regularizarse y adaptarse, en un plazo de cinco años, a esos nuevos estándares.

En lo que coinciden todas las partes es en el hecho de que había un mar de fondo común y generalizado en las ocho islas: la crisis habitacional. Faltan viviendas, los alquileres se han disparado y los bajos salarios impiden a muchos jóvenes independizarse.

Víctor Martín, portavoz de la plataforma Canarias se Agota, insiste en que hay que poner límites al turismo. Calcula que este año se puede llegar a los 18 o 19 millones de turistas, y cuestiona incluso las subvenciones y las campañas públicas para atraer a los llamados nómadas digitales.

Pese a las movilizaciones nunca antes vistas en las islas, los hoteles, apartamentos y pisos turísticos mantienen intactas las reservas. Y cada día que pasa, los canarios conviven con una media de 420.000 visitantes.

El riesgo de contagio de este malestar al resto de España es muy alto, sobre todo ahora que está próximo el arranque de la temporada alta. El verano será muy intenso. Las aerolíneas tienen prevista una oferta para los aeropuertos españoles que superará en un 13% a la del verano pasado, con 240 millones de asientos programados. Las regiones que liderarán el crecimiento serán Canarias y Andalucía, y desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) vislumbran un nuevo récord de tráfico aéreo por las previsiones turísticas al alza.

En 2023 visitaron España 85 millones de turistas extranjeros, récord histórico, pero este año serán aún más. Desde la patronal Exceltur se esfuerzan en poner el foco en los ingresos -también récord- del sector, y no tanto en el volumen de llegadas. Pero la realidad es que el país acogerá este año prácticamente al doble de turistas que habitantes, un reto difícil de asumir sobre todo en las zonas más masificadas.

Es evidente que las manifestaciones del pasado día 20 en Canarias han removido el avispero y algunas regiones han comenzado a reaccionar. Solo unos días después de las protestas, la Generalitat de Cataluña aprobó, por vía de urgencia y a menos de un mes de las elecciones, un decreto ley que incorpora el alquiler de temporada a los límites de precios que fija la Ley de Vivienda al observar que muchos arrendatarios estaban cambiando sus alquileres para eludir las exigencias. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid anunció el pasado jueves que no concederá más licencias para pisos turísticos y endurecerá las multas de 1.000 a 30.000 euros a las que incumplan los requisitos. Además, incrementará un 15% el número de inspectores.

Las comunidades autónomas saben que tienen que actuar sobre esos inmuebles si quieren solucionar el problema social de la turistificación. Y es que esta masificación obedece a la proliferación de viviendas turísticas, no de hoteles, indica Ramón Estalella, secretario general de Cehat, la patronal hotelera. El problema de fondo -explica- es el poco terreno público en el que construir viviendas porque los ayuntamientos no ceden el espacio. Estalella recuerda que en España había suelo industrial, turístico y residencial, pero el 'boom' de las plataformas ha convertido todo el residencial en turístico «de forma ilegal» y ha conllevado que hoy haya más plazas de alquiler turístico que de hoteles.

En su opinión, el problema no son las plataformas como Airbnb, sino que las comunidades autónomas regulen «de forma seria» los requisitos de dichos pisos turísticos. En este sentido, el secretario general de Cehat destaca que es muy importante no generar 'turismofobia' porque «si los residentes no están contentos con el turismo, el turismo no funciona», y este sector es básico en un país como España donde representa el 13% del PIB.

Lo que ha quedado patente es que las reivindicaciones de los residentes canarios también lo son del resto de vecinos de zonas turísticas de toda España. Incluso algunas que históricamente no habían tenido estos problemas, como es el caso de Santander. La capital cántabra se ha convertido en uno de los lugares donde más ha aumentado el número de pisos turísticos en un año, nada menos que un 40%, al sumar casi 1.000 viviendas, según datos de Exceltur. Ana Gómez, portavoz de la Asociación de Vecinos del centro de Santander, explica que «se nota muchísimo la acumulación de visitantes» y, advierte, «no es un turismo de calidad».

Esta «turistificación» está provocando el aumento descontrolado del precio de la vivienda y que la capital cántabra se convierta en «el nuevo Magaluf», un lugar donde los vecinos «no quieren vivir» por el ruido, la suciedad, la falta de comercio local y los altos precios de la vivienda.