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Evaristo Fdez. de Vega
Lunes, 5 de agosto 2024, 10:03
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado en su integridad la sentencia que condena al Servicio Extremeño de Salud (SES) y a la aseguradora Mapfre a indemnizar con 1 millón de euros a los padres de un niño que sufre una grave ... discapacidad derivada de la deficiente atención que recibió en sus primeros meses de vida.
En este caso el recurso de apelación fue presentado por los abogados del SES y los letrados de la compañía aseguradora por ser la responsable del pago de esa indemnización. Pero los argumentos expuestos ante el tribunal que ha revisado la sentencia no han sido considerados y este nuevo fallo los desestima con el mismo argumento que utilizó el juzgado de primera instancia: «Si desde el primer diagnóstico de la hemorragia cerebral se hubiera actuado consecuentemente y se hubiese tratado adecuadamente el daño originado en ese primer momento, el resultado hubiese sido distinto».
El TSJEx juzga de este modo la atención que se prestó a un niño nacido el 21 de abril de 2015 en el Hospital Materno Infantil de Badajoz tras una gestación gemelar. Tanto él como su hermano, que no sufre ninguna discapacidad, nacieron por cesárea en la semana 30 de gestación después de que en una ecografía se detectase el crecimiento intrauterino retardado de uno de los gemelos.
A las pocas horas del nacimiento, los sanitarios observaron que uno de los hermanos presentaba una hemorragia craneal que terminó derivando en una hidrocefalia (acumulación de líquido en las cavidades profundas del cerebro). A ella se refiere la reclamación presentada por los padres con la representación del abogado Alfonso Iglesias Fernández, quien denunció que esa hemorragia no recibió el tratamiento adecuado ni se realizaron las pruebas necesarias para valorar su alcance.
Los informes recogidos en la sentencia explican que para corregir esa hemorragia se le implantó una válvula de derivación ventrículo-peritoneal un mes después del nacimiento, intervención que logró reducir el perímetro craneal en 1,5 centímetros.
Pero en diciembre de ese mismo año, cuando se le cambió la válvula, contrajo una infección por Staphylococcus Homini y posteriormente una meningitis.
Fue después cuando se apreció que el niño había perdido totalmente la visión, a lo que se sumaron varias crisis diagnosticadas como Síndrome de West. Esas complicaciones le provocaron una minusvalía del 89%, el máximo grado de dependencia.
El juzgado dio un especial valor a uno de los informes periciales encargados por los padres. En él se recogía que ante la hemorragia craneal «se tendría que haber actuado con urgencia» drenando el hematoma intracraneal y colocando, subsidiariamente, un drenaje exterior. Igualmente indicaba ese informe que cuando los especialistas observaron en una ecografía un aumento de la hemorragia, se debería haber encargado un TAC craneal para determinar la extensión del hematoma y la hidrocefalia, «actuando de manera urgente para descomprimir y evacuar la hemorragia».
La fallo concluyó que lo conveniente habría sido dar respuesta urgente a la hermorragia. «Si desde el primer diagnóstico se hubiese actuado consecuentemente y tratado su hemorragia e hidrocefalia lo más rápidamente posible, el resultado neurológico hubiese sido distinto».
«No podemos decir que la actuación médica fuese manifiestamente errónea. Pero sí podemos concluir que habría habido una alternativa (...) que muy probablemente hubiera conducido a paliar o mitigar los daños».
Con estos argumentos, la sentencia apreció una clara «pérdida de oportunidad» de la que debe responder patrimonialmente la administración sanitaria, a través de su aseguradora, asumiendo el pago de 1 millón de euros como compensación al gasto médico y farmacéutico realizado por la familia y por los tratamientos y cuidados que deberá recibir el niño a lo largo de su vida.
Milagros Vera, la madre del menor, dijo tras conocer la primera sentencia que «lo peor de todo es que la familia sabe desde el primer momento que todo sucedió como se dice en la sentencia» y está convencida de que la vida de su hijo podría haber sido distinta si se le hubiese dado otra respuesta médica.
Hasta el momento, los padres del menor no han recibido compensación económica alguna, por lo que están pendientes de la sentencia definitiva que confirme la indemnización.
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