Tres leyes fronterizas

El proyecto de Igualdad y el LGTBI tienen algún ámbito de trabajo común, pero cada uno transita por su particular camino específico. El primero tiene como misión lograr la igualdad real de todos los grupos sociales (sexo, edad, etnia, ideología...). Dado ese objetivo general, en lo concerniente a la lucha contra la discriminación por razones de orientación o identidad sexual, coincide con el segundo en muchos comportamientos reprobables y perseguibles en lo laboral, sanitario, educativo o en ámbitos de consumo –comercio, hostelería, locales de ocio–, y en las sanciones a imponer. Sin embargo, la norma LGTBI incorpora, además, nuevos derechos solo para estos colectivos y medidas muy concretas para hacerlos efectivos.

Una ley Trans independiente sí puede considerarse más una opción política y legislativa. El PSOE, aunque en el pasado presentó su propio proyecto trans, ahora, por ejemplo, apuesta por que la regulación específica, que sí cree necesaria, se solvente con un apartado o capítulo propio dentro de la LGTBI (es la T de las siglas, recuerdan). Unidas Podemos, por contra, prepara una norma propia y diferenciada, pero están dispuestos a negociar si eso desatasca sus proyectos.

Este era uno de los lemas que peleó por convertir en realidad el dirigente socialista fallecido Pedro Zerolo, y por eso el PSOE ha apodado con su nombre su proposición de ley integral para la igualdad de trato y no discriminación. El Congreso ha comenzado a tramitarla, con la abstención de Podemos. Su razón de ser es que nadie puede ser discriminado por su lugar de nacimiento, etnia, edad, sexo u orientación, religión, opinión, discapacidad, o situación socioeconómica. Persigue los comportamientos que no son delito, pero sí discriminación y discurso de odio.

Crea un comisionado público para velar por esta lucha y por la imposición de sanciones a quienes incumplan los preceptos de la norma. Sanciones que irán de 300 a 500.000 euros según su calificación de leve a muy graves. Como ejemplos prácticos: trata de evitar que a alguien se le niegue un alquiler o una compra de piso por ser gitana, entrar en una discoteca o en un comercio por ser inmigrante o negro, recibir una tratamiento médico por ser lesbiana, o ser excluido de una oferta de trabajo por llevar hiyab. Un elemento trascendental para su éxito es que invierte la carga de la prueba: si hay indicios fundados de discriminación será el denunciado el que tenga que probar que no la ha cometido.

Uno de los elementos centrales de la ley por la igualdad de las personas LGTBI, que aún es solo un borrador de Irene Montero que no ha llegado ni al Consejo de Ministros, es la decisión de prevenir y luchar contra la violencia intragénero (en parejas gais o lesbianas) con idénticas armas con que se persigue desde 2004 la violencia de género (pisos de acogida, asistencia legal y psicológica, ayudas sociales y laborales). Varios colectivos consideran que esta violencia es más frecuente que la de las parejas heterosexuales, y que aún se denuncia menos.

Prohíbe las terapias de reversión para 'curar' la homosexualidad o cualquier otra libre opción sexual y establece multas de hasta 150.000 euros para quienes las promuevan. Se sancionan con multas las barreras y discriminaciones a estos colectivos. Las lesbianas no casadas tendrán derecho a que la pareja de la madre biológica figure como progenitora en el registro solo con que tras el alumbramiento haga una declaración en tal sentido. También prohíbe las operaciones de modificación genital en recién nacidos intersexuales (que nacen con órganos reproductivos tanto masculinos como femeninos) salvo necesidad médica.

La ley para la igualdad efectiva de las personas trans, como la LGTBI, aún es solo un borrador del Ministerio de Igualdad sin consenso para ir al Consejo de Ministros. En primer lugar, establece la despatologización del cambio de sexo. No hará falta, como ahora, ni un informe médico que diagnostique disforia de género ni haber iniciado un tratamiento hormonal. De hecho, proclama la autodeterminación de género. La rectificación registral se hará simplemente con «la declaración expresa» del interesado. Sin matices. En tercer lugar, permite el ejercicio de libre determinación de género a todos los trans mayores de 16 años y también a los de 12 a 16 años, pero en este caso precisan de consentimiento expreso de padres o tutores o del apoyo de la Fiscalía, en caso de discrepancia. También permite a los mayores de 16 años iniciar un tratamiento hormonal aunque no haya autorización paterna. Solo con firmar un consentimiento informado.