Los trabajadores dispondrán de hasta nueve días pagados al año para cuidar a familiares

La norma busca garantizar en España la igualdad de derechos de cualquier modelo de convivencia e incorpora nuevos permisos y prestaciones para cuidados en todos los hogares y también beneficios concretos para las familias más vulnerables, especialmente las monoparentales, pero también para las que tienen miembros discapacitados o dependientes o incluyen a víctimas de la violencia de género.

La futura norma, que decreta la igualdad real de todos los tipos de familia que hay en España (matrimonio, pareja de hecho, monoparental, LGTBI, procedentes de otras uniones o de acogida o adopción, entre otros), corre sin embargo un serio riesgo de no ver la luz en esta legislatura salvo que el Ejecutivo acelere al máximo las consultas por los que aún tiene que pasar el texto antes de llegar al Congreso y reclame a los parlamentarios la máxima urgencia en su tramitación y aprobación.

Ione Belarra, la titular del Ministerio de Derechos Sociales, promotora de la norma, está convencida de que, aunque con apuros, todavía hay tiempo para que la ley salga publicada en el BOE antes de que Pedro Sánchez disuelva las Cortes el próximo otoño. Lo piensa pese a saber que faltan semanas para que el proyecto reciba el segundo y definitivo visto bueno del Consejo de Ministros y meses para que la apruebe un Parlamento que sufrirá parones de actividad en enero, antes de las elecciones locales de primavera y en julio y agosto próximos.

El proyecto de ley, demandado reiteradamente por las familias españolas más vulnerables, está en esta situación límite debido a los tiras y afloja políticos entre los dos socios del Gobierno y los múltiples recortes a los que los ministerios de Hacienda y Seguridad Social han sometido las pretensiones iniciales de Belarra, que han bloqueado y retrasado más de medio año el primer paso de la norma por el Consejo de Ministros.

Estas son algunas de las medidas y novedades que incluye el anteproyecto de ley:

La ley crea un permiso remunerado de hasta cinco días al año para cuidar a familiares ante casos de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica ambulatoria que precisa de reposo del marido, hijos, padres, hermanos, nietos o de cualquier otro conviviente. Belarra pretendía que abarcase siete días (nueve si había que salir de la autonomía), pero Hacienda puso al final el tope en cinco. Esta licencia se completa con otro permiso de hasta cuatro días anuales, que se puede coger por horas, para afrontar urgencias e imprevistos médicos del mismo colectivo de allegados aunque no sean graves. Se destina a ausencias laborales por problemas familiares de fuerza mayor que requieran de una atención inmediata, como desplazamientos a urgencias, fiebre de un hijo, acompañar al médico al marido, etcétera. Se mantienen los actuales dos días de permiso remunerados por fallecimiento de un familiar hasta segundo grado.

Todos los progenitores dispondrán de hasta ocho semanas libres para la crianza de los hijos a utilizar antes de que los niños cumplan ocho años, pero en este caso el permiso no estará retribuido. Lo pueden coger al completo tanto un progenitor como el otro, por días o por semanas, pero nunca uno solo de ellos sumado (16 semanas) porque es intransferible.

El padre o la madre no gestante podrá anticipar los diez días previos al nacimiento de su hijo el comienzo del disfrute de las 16 semanas de libranza laboral pagada a que da derecho el permiso parental.

Realiza una extensión casi universal del cobro de la renta crianza de 100 euros al mes a que tienen derecho las progenitoras con hijos de hasta tres años. Ahora solo lo cobran las madres trabajadoras o con derecho al ingreso mínimo vital. La ley lo amplía también a las que hayan cobrado subsidios de paro en alguna ocasión o tengan cotizados al menos 30 días a la Seguridad Social desde el parto. Se quedan fuera las que no han trabajado nunca, pero se pagará el 100% de la prestación a las que tengan empleo temporal o a tiempo parcial. Habrá entre 200.000 y 250.000 nuevas beneficiadas.

Las parejas de hecho que oficialicen su unión sentimental con su inscripción en el registro tendrán derecho a disfrutar de los mismos 15 días de permiso laboral remunerado que desde hace años disponen las personas que se casan, quienes se convierten en un matrimonio. Se trata de la misma igualdad de derechos que garantizará a las uniones de hecho una pensión de viudedad, la posibilidad de uso de los cinco días para cuidados de familiares o cualquier otro beneficio o ayuda que tiene actualmente un matrimonio.

Amplía el concepto de familia numerosa que da derecho a recibir ayudas directas, beneficios fiscales, bonificaciones en el transporte o prioridad en el acceso a becas, vivienda o al bono social eléctrico. Con la reforma, las familias con esta categoría se llamarán «con mayores necesidades de apoyo a la crianza» e incluirán, además de las de tres o más hijos, a las monoparentales con dos hijos a cargo, las de cualquier clase con dos hijos que tengan un padre o un hijo discapacitados, los hogares con dos hijos encabezados por una víctima de violencia de género o por un progenitor con la guardia o custodia exclusiva de los hijos, pero no se le ha asignado una pensión, y a las familias con dos hijos en las que un progenitor lleve en tratamiento hospitalario al menos un año o que haya ingresado en prisión. Eleva a la categoría especial a las familias con cuatro o más hijos (ahora eran cinco), a las de tres hijos de parto múltiple (ahora eran cuatro) y a las de tres hijos con bajos ingresos (hasta 150% del IPREM).

La norma declarará prohibido que los padres o tutores de los menores de edad den órdenes a los centros educativos para excluir a sus hijos de cualquier clase, asignatura, acto informativo o actividad escolar que incluya contenidos sobre diversidad familiar, que informe sobre familias no casadas, LGTBI o de cualquier otro tipo distinto al matrimonio heterosexual. Es el mecanismo que partidos como Vox denominan 'pin parental' y con el que intentan eludir estos contenidos en la escuela.

Las familias monoparentales, casi todas encabezadas por una mujer y la mitad de ellas en situación de pobreza o en alto riesgo de padecerla, tendrán prioridad para el acceso a otra serie de beneficios y ayudas de las administraciones, como por ejemplo a la asignación de plazas públicas de la primera etapa de educación infantil.

La norma obligará a todas las administraciones a garantizar la atención temprana de todos los niños con trastornos del desarrollo, algo no asegurado hoy dependiendo de la comunidad autónoma en que se viva.

La norma amplía toda una serie de pensiones y subsidios a las familias diversas. El subsidio por nacimiento no contributivo se le pagará también a padres adoptantes y familias de acogida; la pensión de orfandad se pagará un año más, hasta los 26; y se ampliarán los permisos laborales de cuidados de menores con cáncer o con enfermedades graves hasta los 26 años en caso de discapacidad. De igual forma se amplía el alcance del Fondo de Garantía de Alimentos, el gasto público que asegura la comida a menores a los que su progenitor (separado, divorciado) no abona la prestación a que le ha obligado el juez, a los hijos de parejas de hecho registradas y a los chicos mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia.

El Estatuto de los Trabajadores ampliará las causas de despido nulo a la rescisión del contrato laboral de cualquier empleado que en ese momento esté disfrutando del futuro permiso de cinco días para el cuidado de familiares enfermos o del también nuevo permiso para crianza de ocho semanas.

En el tira y afloja de un año entre Belarra y los ministerios socialistas se han quedado por el camino dos importantes medidas que pretendía implantar la titular de Derechos Sociales. Quería ampliar de forma progresiva el permiso parental de las 16 semanas actuales a 24 para cada progenitor y, sobre todo, extender la misma licencia a no menos de 26 semanas para el progenitor de hogares monoparentales, al tiempo que le permitía ceder semanas a algún familiar directo para que le ayudase con la crianza y no tuviese una ausencia laboral tan prolongada, lo que podría penalizarle en la búsqueda de trabajo.