No estamos para tirarlo

Las cifras provocan bochorno. Un tercio de los alimentos que se producen a nivel mundial terminan en la basura. En España, la comida desperdiciada superó en 2021 las 1,2 millones de toneladas, con las carnes congeladas a la cabeza (16,7% del total), seguidas de salsas, legumbres y cremas. Algo inconcebible en un planeta donde 800 millones de personas pasan hambre. También carente de sentido en nuestro país, donde la acción combinada de la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis consiguiente ha disparado un 15,2% el precio de la cesta de la compra. Si tomamos como referencia los 5.568 euros de gasto anual que calcula de media la Organización de Consumidores y Usuarios, hablamos de un sobrecoste de 830 euros. Pues bien, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a este descalabro habría que sumar los 250 euros por ciudadano y año que repercute la pérdida de alimentos, un derroche del que participan tres de cada cuatro hogares.

Este despilfarro no tiene sólo una derivada económica. Desde el punto de vista medioambiental es un torpedo en la línea de flotación de todas las políticas dirigidas a mitigar el cambio climático. Gastamos 250 km3 de agua en producir alimentos que no consumimos y su cultivo/cría está detrás del 10% de las emisiones de efecto invernadero. Dicho de otro modo, el 20% del suelo aprovechable se explota en balde.

En este escenario, el Congreso trabaja desde junio en un proyecto de ley que tiene por objeto fomentar actuaciones que atajen la pérdida de comida en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo en los hogares. El texto, que se ha sometido a audiencia pública y recibido más de 200 enmiendas, insta a fabricantes, distribuidores o restauradores a contar con planes de prevención y a adoptar medidas de autogestión que reduzcan sus excedentes, priorizando el consumo humano y sólo después la alimentación animal o la elaboración de compost. Sus artífices pretenden que entre en vigor en 2023, una vez superado su debate en el Congreso y el Senado.

José Miguel Herrero, director general de Industria Alimentaria, apunta al ámbito privado y la hostelería como principales focos de este despilfarro. Según datos del Ministerio, en casa tiramos sin consumir el 4,2% de lo que adquirimos. «El problema del desperdicio es mayor cuanto más se acerca esa cadena al consumidor. Más que la industria y la distribución, que cuentan con métodos para ser eficientes y reducir pérdidas, que aplican ya en el 80% de los casos».

Eso no significa que las cifras que arrojan los hogares no hayan mejorado. El ministro habla incluso de «mayor concienciación de la ciudadanía» y esgrime para ello el 8,6% que se redujo el desperdicio alimentario en 2021. Pero la realidad se encarga de empañar ese entusiasmo: con el fin de las restricciones y la vuelta a la normalidad se ha recuperado el consumo fuera de los hogares, que ha aumentado un 10,4%, mientras que la compra de alimentos para preparar en casa se encogía un 7,2%.

La Ley de Prevención de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que es como se llama la norma en elaboración, hará hincapié en orientar la producción agraria hacia un sistema más eficiente y enfocado hacia la economía circular. También al «fomento de las buenas prácticas», señala el director general de Industria Alimentaria. «Hay que incentivar a los fabricantes para que arbitren métodos que alarguen la vida útil de los alimentos, ya sea a través de la innovación o de las nuevas tecnologías».

Herrero destaca que es importante aclarar la confusión que a menudo existe entre conceptos como caducidad –fecha a partir de la cual un producto no se puede consumir porque hacerlo entraña un riesgo para la salud– o fecha de consumo preferente, que significa que aunque cambien las características del producto en cuanto a sabor u olor, eso no compromete la seguridad alimentaria». Expertos calculan que este equívoco es responsable del 10% del desperdicio alimentario que se produce.

La ley española, que tiene ya sus precedentes en Francia e Italia, establece una serie de mínimos obligatorios y establece sanciones que van: desde los 2.001 euros por infracciones leves –hostelería y restauración que no donen los productos aptos no vendidos, por ejemplo– y a las que Herrero se refiere como una «llamada de atención»; hasta los 500.000 para el que reincida en un plazo de dos años en conductas graves, como es para una empresa no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Para Francisco Greciano, responsable de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), la ley significa un paso adelante, «porque normaliza la recogida de excedentes y mermas y prioriza su distribución entre las capas más vulnerables de la sociedad». Sabe de lo que habla. La entidad que dirige distribuye alrededor de 173.000 toneladas de comida al año entre 1,3 millones de beneficiarios a través de 7.500 entidades benéficas. De todo ese volumen de ayuda, el 46% procede de la recuperación de excedentes de la cadena alimentaria.

Los perfiles, advierte Greciano, son cada vez más difusos. «Antes, los destinatarios de esta ayuda eran en su mayoría inmigrantes, pero eso ya no es así. Cada vez son más los nacionales que tienen un trabajo, sí, pero precario, que les hace muy difícil llegar a fin de mes. Imagínate si a esa situación le añades niños o familias monoparentales... el marco es dramático». Es, precisamente, esta consideración la que le lleva a pedir que se modifique la denominación de la ley, por considerar que el término 'desperdicio' atenta contra la dignidad de las personas.

Preguntado por si la donación de excedentes es la solución o si ésta pasa por una mejor gestión de lo que compramos para que no acabe en la basura, el director de Fesbal es categórico. «El 42% de los alimentos que se tiran pertenecen al ámbito doméstico y ahí poco aprovechamiento cabe hacer, más allá de una labor pedagógica. Nosotros donde sí podemos incidir es en el resto de la cadena, tanto en la industria y la distribución como la hostelería, de quien demandamos un uso más racional de los recursos».

¿Son estas iniciativas el reflejo de que la sociedad por fin está tomando conciencia del problema? Braulio Gómez, sociólogo de la Universidad de Deusto, considera que sí. «Hay una tendencia emergente a tener en cuenta no sólo el cuidado de la salud sino también el del medio ambiente, y la cesta de la compra no es ajena a ella. Y eso es una buena noticia, porque no siempre existe un ambiente favorable cuando toca exigir a la ciudadanía que cambie sus comportamientos, en este caso para gestionar mejor los residuos».

Gómez enmarca lo sucedido en la crisis y la pérdida del poder adquisitivo «que nos lleva a apurar, a buscar el mejor precio, cuando antes quizá no éramos tan mirados». A su juicio, las nuevas circunstancias han creado un caldo de cultivo y un contexto favorable para iniciativas como la nueva ley y son el trampolín para plataformas que surgen al calor de una mejor gestión de los recursos, «que entre otras cosas significa no comprar más de lo que se necesita».

Entre las iniciativas que han sabido compaginar la necesidad de cuidar el planeta y la de mirar la cartera está la aplicación 'Too Good To Go', que pone en contacto a aquellos establecimientos que no han podido dar salida a lo largo de la jornada a todo el género que obra en su poder, con usuarios que lo adquieren por un tercio del precio original. El negocio obtiene un rendimiento de algo que de otra forma iba a acabar en la basura pese a ser su consumo apto; y el cliente recibe a un precio más económico «un producto con todas las garantías de calidad», precisa Victoria Albiñana, responsable de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de la empresa. «Actuar con conciencia ecológica ha dejado de ser una opción. Y más nos vale hacerlo pronto si realmente queremos cumplir con los objetivos medioambientales que nos hemos marcado como país en el marco de la Agenda 2030».

Laura Martos, técnica de educación de la oenegé Enraíza Derechos, admite que este tipo de fórmulas cumplen un cometido, pero considera que no van a la raíz del problema. «Si un restaurante o un bar quiere de verdad reducir el volumen de desperdicio que genera, lo que debe hacer es una auditoria exhaustiva para determinar cuánto acaba en la basura y prevenir ese despilfarro». Y va más allá. «Creemos que muchos establecimientos pueden estar recurriendo a esta fórmula como otro canal de venta. Además, no sabemos hasta qué punto estas fórmulas ayudan a reducir el desperdicio, si hay gente que las utiliza y que luego, por falta de calidad, acaba tirando en casa aquello de lo que no se han deshecho otros».

«Iniciativas así sin duda denotan una necesidad de reducir los excedentes y eso es positivo –desliza Greciano–, pero no olvidemos que se trata de ideas empresariales con ánimo de lucro y lo que urge es arbitrar los mecanismos necesarios para que esa ayuda tenga continuidad en el tiempo y llega cada vez a más gente. Y el modo de lograrlo es a través de entidades benéficas que no tengan el foco puesto en un nicho de negocio».

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