En tierra de nadie del divorcio hostil

«Esa medida es muy fuerte y no se debe tomar si no hay un riesgo extraordinario que justifique sacar al menor de la dinámica en la que está metido», comenta una fuente judicial consultada por este periódico.

En los divorcios hostiles, en los que los cónyuges han llegado al punto en que no logran acordar ni siquiera la custodia de sus hijos, algunos juzgados españoles han comenzado a recurrir a una figura externa similar a la del mediador. Conocido en los entornos judiciales como «coordinador de parentalidad», su función consiste en proponer medidas al juez, después de sostener entrevistas con ambas partes, juntas o por separado. Y aunque su dictamen no es vinculante y los padres pueden rechazar inicialmente su intervención, al final tienen capacidad para influir de manera decisiva en el futuro de los hijos.

Poco a poco y en silencio, este tipo de mediación se ha abierto camino en los tribunales de Familia de siete de las comunidades autónomas de España. Y aunque su trabajo resulta decisivo para resolver este tipo de casos, en realidad está fuera del radar: en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no hay datos estadísticos sobre sus resultados, ni se conocen cuántos menores han sido separados de sus familias en los casos en los que intervienen. O al menos no han sabido detallarlo a preguntas de este periódico.

Su función es controvertida puesto que «no se encuentra regulada expresamente todavía dentro de nuestro ordenamiento jurídico», según un informe reciente publicado por el Poder Judicial en el que analiza esta incipiente figura.

El coordinador parental, como también se le llama, hizo su aparición en España por primera vez en Cataluña hace ya nueve años. «El primer caso fue el de una mujer que no veía a sus hijas, pero se recurrió a esta figura, la cosa empezó a funcionar y el problema se resolvió», rememora Pascual Ortuño, magistrado de la sala de Familia de la Audiencia Provincial de Barcelona, quien introdujo por primera vez en España este tipo de mediación.

Ortuño, gran defensor del trabajo de estos coordinadores y de su utilidad para los jueces, también fue el primero en implementar los puntos de encuentro judiciales para facilitar las visitas, iniciativas que luego han sido asumidas mayoritariamente por instituciones públicas, que han habilitado incluso pisos para hacer frente a estas tareas.

«No es una intervención jurídica, sino psicosocial, alguien que indaga y observa qué es lo que pasa. Si alguno de los dos progenitores no quiere que intervenga, no les podemos obligar. Hay personas que no lo aceptan, lo mismo entre hombres que mujeres», asegura este magistrado catalán, que intenta relativizar la influencia de esa figura en las decisiones que finalmente toman los jueces.

En España, los coordinadores de parentalidad están implantados de facto en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid, Navarra y Galicia, y su presencia va desde proyectos pilotos hasta su reconocimiento en el Derecho Civil foral de Navarra.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial interpeladas por este periódico han alertado, no obstante, de que «su uso es dispar y en cada territorio puede responder a denominaciones diferentes».

Su participación en casos de divorcio complicados ha sido siempre polémica e incluso puede estar en entredicho en un futuro, porque la Audiencia Nacional ha apreciado un «presunto delito de usurpación» en la «imposición de un coordinador de parentalidad» en determinados casos de divorcio.

Uno de los casos más polémicos relacionados con la figura del mediador es el que iniciaba este reportaje. Después de un largo proceso de divorcio y pleitos sucesivos entre los padres de la niña que finalmente sería recluida a la fuerza en un centro municipal, la jueza de primera instancia de Barcelona Regina Selva optó por la intervención de una coordinadora de parentalidad, en mayo de 2019. Las fricciones entre la coordinadora designada por la magistrada, Marisol Ramoneda, y la madre, Silvia Aquiles, no tardaron en producirse.

Aquiles incumplía el régimen de visitas impuesto por la jueza en 2018, y aseguraba que protegía así a la niña de «abusos sexuales» cometidos presuntamente por el padre, una denuncia que al comienzo hizo que se suspendieran los encuentros con él. El caso incluía también el incumplimiento reiterado del régimen de visitas.

La pequeña, en efecto, narraba los abusos y su madre los registraba, a veces con grabadoras cosidas a la ropa. Una «juez suplente» otorgó credibilidad a la denuncia de la pequeña (cuyos datos se omiten) pero luego ningún otro experto, incluyendo los del prestigioso Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz de Sant Joan de Déu, creyó que tales episodios sucedieran en realidad.

Así las cosas, la coordinadora parental, Marisol Ramoneda, aconsejó dar un giro a la situación y quitar la patria potestad de ambos hijos a la madre para dárselos al padre. Para dictar esa recomendación Ramoneda consideró que «privar a los niños» del padre era «maltrato», porque el «amor condicionado a la madre» se basaba en el «odio al padre», según la sentencia. La defensa de la progenitora respondió que ese criterio no estaba avalado por ningún perito de menores público y censuró que había emitido su informe «sin ver nunca a la menor».

Como en el libro 'Ifigenia en Forest Hills', de Janet Malcolm, una tragedia se fraguaba tras la disputa. «No los he visto desde marzo del año pasado y se incumplen las llamadas telefónicas semanales con mi hija», confirma Silvia Aquiles, quien sostuvo con la psicóloga agrios intercambios de correos electrónicos.

«En el caso de Silvia Aquiles está clarísimo que la coordinadora de parentalidad, que era absolutamente innecesaria, ha aplicado la terapia de la amenaza y el arrancamiento de los hijos», asegura María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. «Adoptar la solución simplista de decir que hay una madre malévola que influye en los hijos para que no quieran ver al padre, cuando muchas veces el vínculo está roto por diversas causas, es lo que llamamos síndrome de alienación parental (SAP), que es un constructo sin evidencia científica. Se aplica en las resoluciones que acogen la coordinación de parentalidad. Cuando toda la intervención social está destinada a restaurar en vínculo paterno filial, no se está atendiendo al interés prioritario del menor».

Ya en el centro de menores la niña tardó siete meses en ceder y retractarse en sus afirmaciones de abuso, según una fuente judicial. Mientras tanto, la madre decidió embestir contra todo el sistema y se querelló contra magistrados y psicólogos. En la Audiencia Nacional, la sala del juez Santiago Pedraz dictó instruir diligencias previas y ha consultado con el fiscal si ve indicios suficientes para iniciar actuaciones. La denuncia por prevaricación sigue abierta y Aquiles está dispuesta a acudir a instancias europeas.

Tras retractarse de sus acusaciones de abuso contra su progenitor, la niña comenzó a vivir con el padre y su hermano en vísperas de la Navidad pasada. El padre, a través de una de sus representantes legales, ha declinado hacer comentarios. «Se muestra muy contenta con la posibilidad de irse a vivir con su padre», escribió la coordinadora Marisol Ramoneda, que ha presentado «siete informes» que incluyen los criterios de los profesionales que han tratado a la niña.

«En una balanza siempre debemos poner el bien superior del menor por encima de todas las cosas y tratar de buscar el equilibrio», dice Félix Arias, psicólogo del Centro de Intervención Parental del proyecto piloto de Madrid, que comenzó en 2018, cuando el Ministerio de Justicia, en tiempos de Dolores Delgado, recomendó esta figura a todas las comunidades autónomas. «El mandato del juez no suele ser que se restituya el vínculo entre un progenitor y un hijo, pero sí que los padres se pongan de acuerdo para desjudicializar las relaciones familiares».

La figura del coordinador de parentalidad se asienta gracias a la jurisprudencia, sobre todo catalana, donde «hay más de 100 casos resueltos bajo esta fórmula, el 80% con resultados positivos», asegura Pascual Ortuño, magistrado de la sala de Familia de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Mientras tanto, los hijos de los divorcios hostiles permanecen bajo fuego cruzado en una tierra de nadie donde en ocasiones como ésta nadie parece dispuesto a enarbolar la bandera blanca.