Teléfonos sin internet para los adolescentes de entre 12 y 16 años y nada de pantallas para los menores de 6

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, recoge 107 medidas encaminadas a proteger a los menores de los riesgos de internet que podrían ser incorporadas al anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, una norma que se encuentra en fase de consulta pública tras su aprobación en primera vuelta el pasado mes de junio.

Según ha avanzado tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, se trata de un "informe pionero" que propone 107 medidas, 35 de ellas ya aprobadas en junio, como el control parental o los sistemas de verificación de edad para poner coto al acceso de los menores a páginas de apuestas o de pornografía . "Es un punto de partida para ir desarrollando a lo largo de la legislatura", comentó Alegría sobre el texto.

El documento, que ha sido elaborado por un comité de 50 expertos (desde educadores, pediatras y psicólogos infantiles a especialistas en protección de datos), también recomienda no exponer a los menores de tres años a dispositivos digitales y plantea medidas de regulación dirigidas al sector de la industria, como la obligatoriedad de advertir en el etiquetado de los riesgos para la salud que conlleva el uso de dispositivos digitales y elaborar informes de impacto de dichos productos.

El texto, de 231 páginas, es un encargo del Ministerio de Juventud e Infancia y responde a la creciente preocupación social por los riesgos asociados al uso inadecuado de las pantallas por parte de los menores, como la aparición de problemas de salud físicos, psicológicos y emocionales, las dificultades de interacción social y el ciberacoso.

Entre las recomendaciones "para una navegación segura" hay un apartado específico sobre el «acceso gradual» de los menores a las pantallas en función de su edad en el que se aconseja a los adultos limitar el uso en presencia de menores de 6 años, así como permitirlo únicamente entre los 3 y los 6 años «como excepción» y con el objetivo de mantener un «contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial».

Entre los 6 y los 16 años, los expertos aconsejan dar prioridad al uso de teléfonos analógicos, es decir solo con la posibilidad de efectuar llamadas y sin conexión a internet. Y si las familias deciden finalmente entregar un móvil inteligente a chicos de estas edades, se recomienda no permitir el acceso a redes sociales y emplear las herramientas de control parental para vigilar el tiempo y los contenidos consumidos.

Para los menores de entre 6 y 12 años, los expertos hacen específicamente hincapié en priorizar las actividades vivenciales, deportivas y en contacto con la naturaleza. "Y si se decide utilizar un dispositivo", que sea "bajo la supervisión de un adulto y para acceder puntualmente y con límites prefijados únicamente a contenidos adaptados a sus edades y capacidad".

El informe también hace propuestas de regulación en el ámbito educativo. En este apartado, diferencia entre los dispositivos de uso privado del alumnado (no permitidos en educación infantil y primaria, y limitados como herramientas pedagógicas en secundaria) y los de los propios centros. En estos últimos, se plantea la revisión contrastada de las aplicaciones y la eliminación de juegos de las aplicaciones educativas relacionados con sistemas de gratificación inmediata.

Además emplaza a que en Infantil no se empleen dispositivos digitales individuales, «aunque se permitirá el uso de herramientas didácticas colectivas bajo la supervisión adecuada del profesorado» y se evite su uso en el tramo de 0 a 3 años«. Y añade que en Primaria (6 a 12 años), "se priorizará la enseñanza de manera analógica".

Respecto a la protección de los derechos de las personas más vulnerables (niñas, niños y adolescentes), el comité plantea la regulación de las personas creadoras de contenido –incluyendo los kids influencers– y aboga por la "prohibición expresa de exponer a personas menores de edad en el contenido objeto de su actividad en la red". En este sentido, el comité insta especialmente a regular la práctica de la sobreexposición ('sharenting') con menores por parte de personas creadoras de contenido o influencers.

Los expertos también proponen planes de formación para las familias, con contenidos como la navegación segura, los límites de acceso, el tiempo de exposición o la supervisión adecuada a cada franja de edad y considera necesario que para su ejecución se dote económicamente a las AMPA y a las entidades del tercer sector.

El texto defiende que las empresas tecnológicas incluyan un etiquetado advirtiendo de los principales riesgos para la salud que conlleva el uso de dispositivos digitales y aplicaciones, así como del acceso a contenidos no apropiados para menores. Estas advertencias «también deben aparecer en las pantallas al acceder a una determinada aplicación o plataforma online, indicando los riesgos para la salud y el tiempo máximo de uso recomendado».

Además, en cada nuevo lanzamiento de un producto digital, los fabricantes han de incluir un informe de impacto sobre los menores con recomendaciones por edades en función de las plataformas, redes sociales o servicios de mensajería que se trate. Y deberán venir configurados «desde el diseño y por defecto» con las medidas protectoras para menores de edad para garantizar «el modo de máxima seguridad», evitando la publicidad o las notificaciones automáticas cuando no exista el consentimiento exigido por la normativa.

En la elaboración del informe han participado medio centenar de expertos de entidades como la Asociación Europea para la Transición Digital (de hecho el comité ha estado presidido por la vicepresidenta de lesta entidad, Ana Caballero), la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Unicef, Save The Children, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, Asociación Española de Pediatría, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

También han estado presentes las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos y las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal, además de especialistas en las áreas de la pediatría, la psicología, la igualdad de género y la protección de la salud mental, así como juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud.