El Supremo tumba el dragado del Guadalquivir para proteger Doñana

La sentencia, dictada el lunes pasado, estima parcialmente el recurso interpuesto por WWF España contra el Real-Decreto 1/2016, que aprobó la revisión de los planes hidrológicos para el sexenio 2015-2021 de distintas demarcaciones hidrográficas, entre ellas la del Guadalquivir. Es en este documento donde se incluye el proyecto largamente acariciado por el Puerto de Sevilla a fin de aumentar el calado del río para permitir la entrada de barcos de mayor tamaño (y por tanto mayor carga), mejorando así su competitividad. Desde la asociación conservacionista entendían que se anteponía el dragado a los objetivos medioambientales de un espacio protegido como Doñana.

La inclusión del dragado incumplía además la Directiva Hábitats y una sentencia anterior del propio Supremo, de 2015, que ya anuló la anterior planificación de 2009-2015 al considerar que no se justificaba suficientemente su incorporación y al plantearse el aumento del calado como una medida de mejora que, no obstante, podría tener «efectos negativos sobre el ecosistema».

Pese a aquel varapalo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dio la vuelta a la medida y la volvió a incluir en el siguiente plan hidrológico, que es el que ahora entierra de nuevo el Supremo. El argumento en esta ocasión es una vez más la falta de una evaluación concreta y precisa de las medidas necesarias para llevar a cabo el pretendido dragado «en relación con los concretos riesgos que conlleva para los objetivos medioambientales de las masas de agua afectadas y el Parque de Doñana». Así, señala el fallo, que el plan recoge «medidas imprecisas y no incluye el contraste necesario con los efectos y riesgos que el dragado representa para el ecosistema afectado». Un efecto que se traduce en la alteración de la fauna del río, y por extensión de la del Golfo de Cádiz, y en el impacto tanto en la calidad del agua como en los márgenes del río, que se verían cada vez más mermados. De hecho, hay vías pecuarias que ya se han visto desplazadas en los últimos años por ese avance del cauce.

En este sentido, el tribunal subraya la especial protección medioambiental de Doñana y recuerda que en 2015 ya destacó los riesgos que la actuación supone para la «funcionalidad» del Parque Natural. No obstante, parece abrir una vía para llevar a cabo el proyecto, apuntando que «la situación del estuario ha mejorado y permite la actuación del dragado en las condiciones legalmente establecidas». Esto exigiría, indican los jueces, que se lleve a cabo una «valoración precisa y circunstanciada de las condiciones establecidas (medidas paliativas, motivos de las modificaciones, interés público superior y compensación de los beneficios medioambientales e imposibilidad de consecución por otros medios) en relación con los concretos efectos negativos y riesgos para el ecosistema». Es decir, otro proyecto de dragado diferente tendría que ser evaluado de nuevo en función de las circunstancias del entorno en ese momento.

En cualquier caso, recuerdan desde WWF, esta vía quedaría cerrada con el compromiso de Estado adoptado por España ante la Unesco de paralizar el dragado ante la amenaza de que Doñana salga de la lista de Patrimonio Mundial. No obstante, los ecologistas reclaman que ese compromiso sea firme y por escrito, «cancelando definitivamente y por vía administrativa un proyecto que sigue con los permisos vigentes». Hasta que no llegue ese momento, aseguran, la amenaza no habrá terminado.