El Supremo estudiará el 21 de junio los recursos contra la sentencia de La Manada

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó el pasado 5 de diciembre la sentencia de la audiencia que condenaba a los cinco jóvenes sevillanos a nueve años de cárcel por un delito de abusos sexuales. Al contrario que los magistrados que condenaron por primera vez a La Manada (dos consideraron el abuso y uno pidió directamente la absolución al considerar que eran relaciones consentidas), dos de los cinco jueces del TSJN recomendaron en un voto particular una condena de 14 años de prisión por agresión sexual con violencia o intimidación.

Dentro de seis semanas, el tribunal estará presidido por Andrés Martínez Arrieta, e integrado además por Francisco Monterde, Ana Ferrer, Vicente Magro y Susana Polo, esta última como ponente. Esta última magistrada también fue ponente en una reciente sentencia del alto tribunal que calificó como agresión sexual, y no abuso, el delito de un hombre que forzó a una mujer en el baño de un bar de la localidad navarra de Alsasua al considerar que «concurrieron todos los elementos de la violencia e intimidación que requiere dicho tipo penal».

Curiosamente, la fijación del 21 de junio como fecha indica cuándo terminará el proceso contra los políticos presos independentistas. Martínez Arrieta es uno de los miembros de la sala presidida por Manuel Marchena que juzga el caso del 1 de octubre, con lo que deberá terminar este juicio para que pueda presidir la vista por los recursos de casación.

El abogado de los cinco condenados, Agustín Martínez Becerra, defenderá la absolución de sus defendidos. Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo argumentará que La Manada debe ser condenada a 18 años de prisión por un delito de agresión sexual, a diez años de libertad vigilada y a veinte años sin poder acercarse a la víctima. Para el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, el Ministerio Público añade dos años más de prisión por el robo del móvil de la víctima. Ahora mismo, los condenados, en libertad, no pueden entrar en la Comunidad de Madrid.

Los abogados de la víctima, así como las acusaciones particulares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno foral de Navarra, también han señalado que los hechos fueron una agresión sexual. Carlos Bacaicoa señaló, al presentar el recurso, que era «bastante optimista» con lo que decida el alto tribunal y recordó «las similitudes» de su caso con el de La Manada de Villaba (Madrid), en que tres hombres fueron condenados por agresión sexual con el agravante de intimidación ambiental.