Los restaurantes deberán ofrecer al cliente llevarse las sobras de su comida

Entre las medidas que incluye la norma, lista ya para iniciar su andadura parlamentaria, figura la obligación de que los restaurantes comuniquen a sus clientes la posibilidad de que se lleven las sobras, salvo en los establecimientos de bufé libre. En cualquier caso, este servicio se ofrecerá sin coste adicional alguno, y los bares y restaurantes deberán ofrecer «envases aptos».

El ministro de Agricultura, Luis Planas, destacó que la prioridad que fija la ley es que los excedentes de comida se destinen al consumo humano, a través de la donación a bancos de alimentos y ONG. Para ello, supermercados y restaurantes firmarán convenios que plasmen las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.

Si no es posible donar el género, se procurará que las frutas y verduras se transformen en zumos, mermeladas o cremas. Cuando la comida ya no sea apta para el consumo humano, irá dirigida, de forma preferente y por este orden, a la alimentación animal y la fabricación de piensos; al uso en otras industrias como residuos, y a la elaboración de compost o biocombustibles.

La norma plantea más medidas para impedir que la comida acabe en el contenedor. Así, las empresas tendrán que certificar anualmente cuánto desperdician, mientras que los comercios habrán de incentivar con descuentos la venta de productos con fecha de caducidad próxima.

«No hay producto alimentario más caro que el que acaba en la basura, aquel que se despilfarra», argumentó el ministro, quien cifró en 250 euros las pérdidas por persona al años que supone tal derroche, algo que tiene consecuencias sociales y económicas, pero también éticas y medioambientales. No en vano, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia aproximadamente el 30% de los alimentos que se producen en el mundo, lo que equivale a unos 1.300 millones de toneladas anuales. Casi la mitad de este despilfarro se produce en la fase posterior a la cosecha y la venta minorista.

A la vista de que el Estado no puede inmiscuirse en los hogares para imponer multas, Planas alegó que muchas acciones tendrán por objetivo concienciar sobre el problema. «Esta no pretende ser una ley intervencionista, sino regulatoria y de concienciación», alegó el titular de Agricultura.

El 75% de los hogares españoles malbarata alimentos, según un estudio de Agricultura sobre el problema. De los productos que se desechan, tres cuartas partes son artículos sin elaborar y que ni siquiera llegan a ser cocinados. Entre los más frecuentes descuellan la fruta (32%), las verduras y hortalizas (13,6%), el pan (4,8%) y la leche (4,5%).

Algo inaceptable cuando en el mundo existen más de 800 millones de personas que pasan hambre y 1.600 millones con problemas de malnutrición. Planas aseveró que con esta legislación España se convierte en uno de los pocos países que legisla sobre la materia, toda vez que solo Francia e Italia lo habían hecho hasta ahora.

La Unión Europea se comprometió para 2030, en cumplimiento de los objetivos de la ONU, a disminuir a la mitad el desperdicio de alimentos tanto de empresas como de consumidores.

La patronal Hostelería de España estima que el texto ha de pulirse con más aportaciones, y arguye que el sector solo es responsable del 12% del derroche de productos. Por su parte, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que agrupa a más de 32.000 empresas, sostuvo que comparte «el espíritu general» y «el objetivo» de la ley.