Ella tiene 14 años y los servicios sociales decidieron separarla de su familia por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad. Cuando los padres actúan reiteradamente con negligencia o ponen en riesgo la vida de los hijos, las autoridades suelen recurrir a otros familiares, primero. De ... no hallarlos, el menor pasa a algún centro de protección. Son lugares abiertos, donde los niños acuden a sus escuelas, tienen permiso para ausentarse y mantienen las viejas amistades. Vivir en un centro de protección es el último recurso del Estado.
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«Una cosa es un centro residencial de protección, como en este caso; y otra, uno de justicia juvenil, que es punitiva», advierte Joan Ferrer, coordinador de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia Balear, que agrupa una decena de organizaciones. «Ellos no han cometido ningún delito. Hay normas y horarios. Los adolescentes salen solos, como en cualquier familia». En una de estas salidas, la niña no volvió para pernoctar en Nochebuena. Había quedado con otra menor que también vive en un centro de protección, a la que esperaba en un bar de Son Gotleu, en Palma (Mallorca). Se iban de 'fiesta'.
La amiga la llevó a un piso particular de Camp Redó, una barriada marginal de Palma, en un coche en el que iban otros chicos. Para entonces, la niña ya había consumido alcohol y drogas, aunque era capaz de presentir el peligro. Era una encerrona, y temió. La rodearon siete jóvenes. Pidió marcharse, pero la amiga la metió en una habitación, donde fue violada por al menos dos de ellos. Los demás miraban. Uno grabó un vídeo, que luego destruyó.
Cuando la niña logró escapar, contactó con la psicóloga de su residencia. Le pidió ayuda. Le dijo, en breves líneas, que estaba en un lío, que quería volver al centro, que la habían intentado prostituir, según sus declaraciones filtradas a los medios locales. Le dijo dónde estaba. «Ayuda, porfa». Fueron a buscarla. Ella empezó a llorar. Primero calló y luego, con ayuda de una psicóloga, contó su historia. Un relato que describía una agresión sexual múltiple con intimidación ambiental.
¿Cuándo una denuncia por violación grupal a una menor se convierte en la historia de una «red de prostitución» que involucra a la «totalidad» de las niñas residentes en los centros de protección baleares?
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A partir de la declaración de la menor agredida, que aseguró que mientras estuvo en el bar de Son Gotleu había recibido varias ofertas para tener sexo a cambio de dinero (que no aceptó), se hizo un trazo grueso por parte de algunos medios de comunicación que no han aportado datos concretos. «Un menor no se prostituye, porque siempre es víctima de explotación sexual», aclara Ferrer. «Y decir que todas las niñas de los centros de protección se prostituyen es mentira y es terrible. Las estigmatiza, y ellas ya llevan una pesada mochila de vivencias. Qué cara habrán puesto al llegar a sus institutos, y encontrarse señaladas por sus compañeros. Por casos aislados no se puede decir esa burrada».
Ninguna fuente contrastada por este periódico señala la existencia de una red organizada de explotación sexual de menores que opere dentro de los centros de menores. «Es una realidad que allí hay menores víctimas de trata, que lo habían sido o que venían a España a serlo, pero fueron detectadas y pasaron al sistema de protección», dice una fuente experta, que trabaja con varias administraciones en acciones contra la prostitución. «Pero se trata de una minoría de menores. Las generalizaciones son osadas».
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El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que tutela a 359 menores, reconoció que había 16 casos de adolescentes explotados sexualmente y que viven en sus centros. Este periódico contactó con las distintas asociaciones relacionadas con la infancia y la trata de seres humanos, como la Fundación Rana o Amaranta, que declinaron hacer comentarios. No sólo sucede en Baleares y no sólo pasa en estos ambientes. En Cataluña, por ejemplo, aproximadamente un 15% de víctimas de trata son menores de edad. La labor de Sicar sirve de muestra: en 2018 atendió cinco nuevos casos e hizo ocho seguimientos. Cuando las víctimas son migrantes, las niñas acaban en los centros de acogida, explican del Ayuntamiento de Barcelona. «Si el contacto con sus captadores no se intercepta a tiempo, vuelven a caer en las redes».
Por la agresión sexual a la niña de 14 años, la Unidad de Familia Menor de la Policía detuvo a siete personas. Uno tiene 19 años y los demás, entre 15 y 17 años. El caso se convirtió en acusaciones generalizadas de prostitución en los centros de protección bajo redes organizadas. La Fiscalía de Baleares anunció la apertura de una investigación a partir de informaciones periodísticas sin fuentes. «Las características de estos niños los hacen más vulnerables», concluye Ferrer. «Pero no es común que suceda».
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