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El sistema residencial español está claramente volcado hacia el ámbito privado. Solo el 14% de las residencias de mayores y el 13,7% de los centros dirigidos a personas con discapacidad tienen titularidad y gestión pública y de una forma similar, el 75% de los ... geriátricos y el 80% de las residencias para discapacitados son de titularidad privada, frente al 25% y el 20%, respectivamente, con titularidad pública, según el primer censo de centros residenciales de España, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y que recopila la información de todos los centros residenciales del país.
La pandemia de la covid-19, que dejó 35.387 fallecidos en las residencias de mayores españolas, de acuerdo a los datos del Imserso, impulsó este censo, que trata de «mejorar las políticas públicas en el ámbito de los servicios sociales», señaló este miércoles la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.
Así, en España existen 6.831 centros residenciales; de ellos, el 76% está enfocado a personas mayores, el 21%, a personas en situación de discapacidad, y el 3% es mixto. En total, el sistema residencial ofrece 381.514 plazas a personas mayores que se distribuyen en 5.188 centros (73,5 plazas de media por residencia). Para las personas con discapacidad se contabilizan 49.435 plazas repartidas en 1.455 centros (34 plazas de media).
Respecto al sexo de los residentes, en los centros de mayores el 70% de las personas que residen son mujeres, una cifra que baja hasta el 41,6% en los centros para personas con discapacidad. El 75% de los residentes en centros de personas mayores tiene 80 o más años mientras que en los centros dirigidos a personas con discapacidad el 84,9% son menores de 65 años.
En relación con los trabajadores, más del 95% es personal de plantilla, independientemente del tipo de centro. En los centros de mayores, el 86% del personal son mujeres y en los centros de personas con discapacidad, el porcentaje de mujeres es del 78,4%.
La secretaria de Estado de Derechos Sociales subrayó que el nuevo censo «es un ejercicio de transparencia que está abierto a toda la ciudadanía» y recordó que en 2022, las comunidades autónomas acordaron en el Consejo Interterritorial establecer directrices comunes para «avanzar hacia servicios residenciales de calidad».
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