Solo en uno de cada tres juicios se valora la discapacidad intelectual del acusado

Son algunas de las sensaciones que tuvo la vallisoletana Belinda Ponce, una exreclusa a la que las malas compañías la obligaron a cometer delitos hasta que se hartó y se entregó a la Policía. «Cuando entré en la cárcel, me sentí segura, libre, feliz», dice quien nunca supo quiénes eran sus abogados. «Los jueces y los fiscales ni me dejaban hablar ni me preguntaban», afirma.

Su testimonio es reflejo de algunos de los datos más «preocupantes» del estudio 'A cada lado: informe sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual reclusas y exreclusas en España', presentado esta mañana en un seminario online organizado por la asociación Plena Inclusión. Elaborado en torno a la recogida de datos de 743 procedimientos judiciales y las entrevistas con 367 personas con discapacidad intelectual reclusas o exreclusas y 81 profesionales vinculados al programa de apoyo a personas reclusas de Plena Inclusión, el objetivo del documento era «evaluar y dar a conocer la situación de estas personas, estudiar qué ocurría durante los procesos penales, qué sucede cuando la persona es condenada y cuando vuelve a la libertad y proponer una serie de mejoras», ha explicado Inés de Araoz, responsable del Área Jurídica de Plena Inclusión España.

Del informe, la responsable jurídica de la organización destaca que solo el 51,4% de las personas tenía un certificado de discapacidad intelectual antes del procedimiento judicial. En el 3,3% de los casos, el certificado llegó durante el procedimiento y en un 3,8% de los casos no se sabe. «Lo que sí sabemos es que hay un porcentaje muy significativo de personas que pasa por un procedimiento judicial y cumple una condena sin que se sepa que tiene necesidades de apoyo o que presenta una discapacidad intelectual», denuncia.

Resalta también que el 28,1% de los reclusos con discapacidad intelectual «presenta conductas desafiantes o problemáticas». En este sentido, señala que esto no significa que tengan malas conductas, sino que tienen fallos a la hora de adaptarse a ese entorno. «El medio penitenciario es normalmente hostil y muy desafiante», desarrolla De Araoz, por eso es necesario buscar el origen de estas conductas. Otra de las preocupaciones es que, según el informe, el 54% de las personas eran drogodependientes en el momento de su elaboración, el 28,5% consumía drogas, y el 66% consumen varias. No en vano, en el 71,2% de los casos el consumo de drogas estuvo relacionado con la comisión del delito. Además, hay un 70% de riesgo de que la persona siga consumiendo cuando ha salido de prisión.

En un 36,7% de las personas entrevistadas, además de una discapacidad intelectual, hay un problema de salud mental. Y todo ello va unido a que hay un «número significativo» de estas personas que tienen dificultades para leer, para escribir… «Todas estas habilidades son necesarias para rellenar formularios, para comprender las normas del centro, para pedir un permiso, para cumplir un horario… En definitiva -argumenta la responsable del área jurídica de Plena Inclusión-, para saber tomar decisiones en el contexto penitenciario y así evitar abusos».

En cuanto a la vida en prisión, el estudio revela hallazgo llamativos como que, aunque el 28,5% de las personas en prisión se encuentran como norma general en tercer grado, en el caso de las personas con discapacidad la cifra baja hasta el 5,7%. Solamente el 55,2% de los reclusos con discapacidad participaban en un cursos o talleres reglados, un dato que se elevaba hasta el 65,69% en el caso de los centros penitenciarios que cuentan con módulos específicos de discapacidad. En el caso de los cursos o talleres no reglados, accede a la formación el 59,4%.

Y si hablamos de la formación para el empleo, solo accede un 16,3%. «Es muy importante mejorar este dato porque es la puerta a un empleo en el futuro y un elemento clave para evitar la reincidencia», ha apuntado De Araoz. Y es que a su juicio el estudio «es la crónica de una reincidencia anunciada». El informe apunta a que el 54,5% de las personas reclusas con discapacidad intelectual reincide. «Es un fracaso del sistema y de la sociedad en su conjunto, porque no se ha detectado la situación en la que está y las necesidades de apoyo. Suelen ser condenas privativas de libertad, sin permisos, con cumplimiento íntegro sin alivio de la condena y sin programas clave para retornar a la sociedad de forma exitosa. Cuando el recurso cumple la condena, vuelve a la casilla de salida y al entorno en el que empezó todo. Solo el 9,8% logra un empleo», afirma la responsable de un estudio que pone sobre la mesa alrededor de 50 propuestas para mejorar la reinserción de estas personas, como la puesta en marcha de herramientas para mejorar la detección de estos problemas o las soluciones alternativas a las penas privativas de libertad.