Sólo el 40% de los huérfanos de violencia machista tienen pensión de orfandad

«En el momento en que se produce una detención se toman medidas cautelares civiles pero no se aseguran los derechos patrimoniales de los menores», denuncia Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres, en la presentación del 'IV Informe anual sobre la situación de huérfanos y huérfanas de madres asesinadas por violencia de género'. «Durante la prisión preventiva hay casos en que las personas acusadas llegan a hacer desaparecer los bienes con las que responderían a las indemnizaciones de sus hijos. El sistema de reparación del daño es débil porque las indemnizaciones que se decretan en las sentencias penales no se hacen efectivas, ni siquiera cuando hay bienes inmuebles, y se puede producir alzamiento de bienes».

Los principales perjudicados son estos niños, sumergidos en el desamparo económico. «Hay margen para mejorar la cobertura de los menores», asegura Joaquín García Cazorla, promotor del Fondo de Becas Soledad Cazorla que concede ayudas económicas a este colectivo. «Se quedan afuera algunos supuestos que ocurren de forma habitual, como el caso de los menores cuyo asesino era la pareja de la madre pero no su padre. No se considera que tengan orfandad absoluta. Tampoco cuando algún familiar los adopta y pierden la condición de huérfanos absolutos».

La «protección patrimonial» de estos menores enfrenta varios obstáculos, a juicio de Soleto, cuyo fondo ha concedido 32 becas en 2019. «La situación no se resuelve con la celeridad que requiere», dice. La Fundación Mujeres exige cambios en el tratamiento fiscal de las indemnizaciones, para que sean iguales cuando se hacen en metálico que cuando se pagan en bienes inmuebles, un supuesto que no goza de exención alguna.

Los primeros mil crímenes de violencia de género, registrados desde 2003, dejaron 765 menores huérfanos, de los que 499 eran hijos del asesino que quitó la vida a la madre y 266 eran hijos que la víctima había tenido con alguna pareja anterior o posterior. Son niños que sufren además un doble estigma. El de ser hijos de una mujer asesinada y, al mismo tiempo, de un asesino que, de sobrevivir a su propio episodio de violencia, debe cumplir penas de prisión.

Una vez solos, enfrentan un muro estatal. En lo que va de 2020 hay 15 menores huérfanos cuya respuesta institucional ha sido insuficiente: uno de cada tres no ha recibido una «pensión de orfandad por violencia contra la mujer». En 2019 hubo 46 menores huérfanos y sólo se concedieron 18 pensiones, según datos que la Fundación Mujeres obtuvo del Portal de Transparencia. Un 40% de los casos.

«Las familias tienen una situación de necesidad económica aunque sólo sea derivada de asumir la tutoría de estos niños y los procedimientos penales que hay detrás del crimen. Enfrentan un proceso que puede durar seis años hasta desenredarse de él definitivamente», explica Soleto, que expone otra dificultad: sean menores o mayores de edad, los hijos no pueden disponer de la herencia desde un primer momento «debido al retardo de los tribunales en la disolución de los bienes gananciales del matrimonio», mantiene Soleto, para «proteger a los menores desde el inicio de los casos».