Los sistemas de alerta a la población fallaron en el accidente de la petroquímica de Tarragona

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de enero. Sobre las seis y media de la tarde se produjo una explosión y posteriormente un incendio de grandes dimensiones en la empresa IQOXE, dedicada a la producción de óxido de etileno, óxido de propileno y nafta. La compañía está situada en el polígono petroquímico sur, en el municipio de La Canonja, en Tarragona. Como consecuencia del accidente, uno de los más graves de la historia del complejo petroquímico, perdieron la vida 3 personas y 8 más resultaron heridas de diversa consideración, algunas de ellas con quemaduras de gravedad.

De las 3 víctimas mortales, dos eran trabajadores de la planta de la empresa siniestrada. La tercera víctima era un vecino del barrio de Torreforta, que quedó atrapado en su casa por culpa de la deflagración de la tapa del reactor de la industria siniestrada, de una tonelada de peso y dos metros de largo , que salió disparada como consecuencia de la explosión. Esta tapa alcanzó los 1.000 metros de altura y se desplazó 2'5 kilómetros antes de impactar en la vivienda siniestrada.

Según admite el informe, tras el accidente «no sonaron las sirenas» que advierten a la población cuando se produce un siniestro. Los servicios de emergencia recibieron la alerta a las 18.41 y hasta 25 minutos después no enviaron los primeros avisos a la población de Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus Constantino, El Morell y La Canonja (vía Twitter) para pedirle el confinamiento preventivo. «Uno de los aspectos que ha generado más inquietud a la ciudadanía es cuál debe ser la reacción inmediata ante un accidente químico, cuándo debe decretarse el confinamiento general de la población y cómo se avisa a la población con la activación de sirenas», según el informe.

«Se ha evidenciado que hay que revisar los protocolos existentes y actualizarlos», concluye. Hace falta la activación de las sirenas en caso de emergencia, añade. «La ciudadanía debe conocer cuándo se activan y cómo actuar», señala. «Hay que mejorar los aspectos comunicativos de la emergencia. La desinformación o la contradicción entre informaciones generan desconfianza», añade en sus conclusiones. La ciudadanía debe saber qué tiene que hacer en cada momento de la emergencia, insiste. Y es que, esta era una de las quejas de la población afectada las horas y los días después del accidente. Muchos criticaron que estaban en sus casas sin saber cómo proceder. En este caso, no obstante, según el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, «no se detectó presencia de elementos tóxicos en el aire en el entorno de la empresa accidentada».

Entre las propuestas para mejorar esta información a la ciudadanía, el informe aboga por implementar un sistema de avisos directos por SMS o correo electrónico en tiempo real, redefinir la política de usos y de emisión de mensajes «push» desde la app gencat, impulsar la implantación de la tecnología «Cell Broadcasting» (mensajes a teléfonos móviles de los ciudadanos en función de su ubicación) y estudiar la viabilidad de crear un registro voluntario de ciudadanos de la zona para recibir estos avisos en caso de accidente mientras no se pueda implantar la tecnología «Cell Broadcasting».

El informe concluye también que se ha puesto de relieve la importancia de la industria química para el desarrollo territorial, «pero hay que reforzar las medidas de seguridad para una buena convivencia». «Se constata la importancia de invertir en todos los aspectos que generan mayor seguridad tanto por parte de las empresas del sector químico, como de las instituciones que deben garantizar el cumplimiento de estas medidas», apunta la mesa de seguimiento creada por el Govern.

En relación a la empresa, la Generalitat señala que ha abierto dos expedientes informativos, en paralelo a la investigación judicial que hay en curso como consecuencia de los tres fallecimientos, que se encuentra bajo secreto de sumario y que deberá determinar las causas del siniestro y si hubo fallos por parte de la compañía. Desde 2017, según aclara el Govern, no existe ninguna denuncia contra la empresa por falta de medidas de seguridad y salud laboral, pero la inspección de Trabajo ha abierto en los últimos años 4 expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral y condiciones laborales. A raíz del accidente se han abierto dos expedientes en este momento en fase de investigación y, en el caso de detección de infracción se determinará lo que corresponda, según el informe. La empresa siniestrada no recibirá la autorización para la vuelta a la actividad parcial o total hasta que se justifique «fehacientemente» el cumplimiento de las condiciones de seguridad impuestas, una vez evaluado el informe de seguridad y el correspondiente dictamen.