«El sistema legal potencia la violencia de género»

–¿Este último año han variado las demandas familiares?

–Han aumentado las peticiones que se realizan con carácter de urgencia para la modificación de las pensiones de alimentos y compensatorias. Los llamamos 'procesos covid'. Se han alterado las circunstancias con las que se estableció lo que había que pagar.

–¿Hay menos divorcios a pesar del confinamiento?

–En las estadísticas, sí. Pero a final de año se comprobará que sigue el mismo índice aproximado de antes de la pandemia. Al igual que la adopción de medidas paterno-filiales, que se usan en parejas de hecho con hijos comunes.

–¿Un divorcio ahora puede llevar a una desprotección de los hijos mayor que antes?

–Tenemos un estado asistencial, con ayudas sociales y subvenciones. Pero un divorcio mal resuelto pone a los niños en una situación de desamparo, y es un motivo de la judicialización excesiva de la vida familiar. Cuando los padres tienen discrepancias reiteradas en la educación y control de los hijos se acude a la vía judicial para que los jueces tomen las decisiones, convirtiéndoles así en los terceros padres, con una responsabilidad sobre la vida diaria de los hijos.

–¿Convertir al juez en un tercer padre es un fenómeno nuevo?

–Tenemos una litigiosidad muy elevada. Muchos asuntos de violencia de género o filoparental, o los problemas con niños con agresividad se convierten en litigios, aunque son asuntos que deberían abordarse desde el punto de vista sociológico. No sólo el Supremo sino las Audiencias Provinciales están dictando resoluciones completamente revolucionarias, como que los hijos mayores de edad, que reciben pensiones de alimentos de uno de los progenitores, dejen de tener su dinero si no quieren saber nada de ese padre o esa madre.

–En marzo el Tribunal Supremo definió como «violencia económica» el impago de la pensión de alimentos, con una condena de seis meses de prisión.

–Sí, los padres tienen una obligación moral pero también legal. En la ponencia se señala que esa violencia económica tiene una doble victimización. No sólo de los niños privados del sustento, sino de la madre por hacer un triple esfuerzo para poder sacarlos adelante. Hay una evolución del derecho de familia que se está haciendo en la jurisprudencia. Tenemos una ley obsoleta que no ha abordado determinadas reformas del derecho de familia.

–¿A qué atribuye que la evolución del derecho suceda en las sentencias?

–Porque son más sensibles y permeables a las necesidades sociales. La evolución social va empujando para que las resoluciones judiciales, hasta que se llega al Supremo, se adapten a lo que está demandando la sociedad.

–¿Se está produciendo ese avance en la violencia de género?

–Sí, tenemos una ley que ampara a la víctima desde todos los puntos posibles. Pero hay una falta de medios en los juzgados y en la asistencia y protección de la víctima. Cuando se tarda mucho tiempo en dar una resolución se producen situaciones muy conflictivas. En procedimientos lentos y sin medios, el propio sistema legal potencia la violencia de género.

–La denuncia televisada de Rocío Carrasco ha tenido mucha repercusión, pero su versión parece no coincidir con su propio proceso judicial.

–Una cosa es la verdad material y otra, la verdad judicial. Muchas personas se sienten frustradas porque cuando van al juzgado, su verdad, que para ellos es real y material, no se traslada luego a la verdad judicial. Que es aquella que dicta el juez porque se ha podido acreditar. Eso es lo que valora el juez en su sentencia, las pruebas. Desconozco si la verdad de la señora Carrasco o el señor Flores están sustentadas con resoluciones judiciales. Ponerlo en conocimiento de la opinión pública es un derecho legítimo, aunque muchas veces no se puede probar lo que se dice que se ha padecido. Cuando no se puede, el principio de inocencia prevalece.