Prisión permanente para el asesino de la pequeña Sara y 25 años de cárcel para la madre de la niña

Después de cinco semanas de juicio (el más largo de la historia de la Audiencia de Valladolid) y un encierro para deliberar de tres días, a nueve horas de debate por jornada para llegar a un acuerdo sobre las 138 preguntas del objeto del veredicto, el jurado habló por boca de su portavoz el pasado 25 de mayo: los dos acusados son culpables del asesinato, pero solo uno de ellos violó a la niña Sara, el hombre. Y solo la suma de ambos delitos gravísimos, uno contra la vida y otro contra la libertad sexual de una menor, abría la puerta a la máxima condena, la prisión permanente revisable, para el exnovio de la madre.

Así lo ha entendido en su sentencia el presidente del jurado, el magistrado Feliciano Trebolle, que ha limitado a la «comisión por omisión» la participación en el asesinato de Davinia Muñoz, de 39 años, natural de Pedrajas de San Esteban, militar y madre soltera de dos niñas, en los hechos que sucedieron en la intimidad del domicilio de la calle Cardenal Torquemada en un mes y medio de noviazgo, que desembocaron en la muerte de su hija pequeña, Sara, quien acababa de cumplir cuatro años. En la línea marcada por el jurado en su veredicto, el magistrado presidente considera a Roberto autor material del calvario de la pequeña Sara y atribuye al exnovio de la madre la violación y el asesinato de la pequeña, con alevosía, ensañamiento y por «odio a los rumanos».

Además del trágico final, la sentencia considera probado que, a manos del acusado, la niña sufrió una escalada de agresiones físicas desde el 23 de junio hasta la muy grave del 28 de julio, en la sien, cuatro lesiones que se atribuyen al exmecánico de helicópteros, de 38 años y natural de Medina del Campo. Se le culpa también de maltrato continuado.

A Davinia, que el jurado ya exculpó de la violación y del delito de abandono de la menor, la sentencia la condena por asesinato cometido «por omisión», pero no a la pena máxima, la prisión permanente revisable, de forma que se ha tenido en cuenta la opinión de la Fiscalía, que decidió al oir al jurado modificar su escrito de conclusiones en ese sentido, al contrario que las acusaciones populares.

La sentencia reconoce que la militar estaba obnubilada por su nuevo novio, una relación que le había ilusionado, que no quería perder a toda costa y que ello fue determinante para el terrible final de su hija. Davinia, al marcharse a trabajar aquel 2 de agosto de 2017 y dejar a Sara al cuidado de Roberto -a pesar de los antecedentes de lesiones que había y de que la pequeña, de 4 años, se vistió sola insistiendo en marcharse con su madre-, sin conseguirlo, «aceptó la posibilidad de que este pudiera causar a Sara lesiones de tanta gravedad que le produjeran la muerte».

El fallo por asesinato considera probado que hubo alevosía y ensañamiento: las heridas inferidas por Roberto a Sara, distintas de las que la mataron, como «el arrancamiento de una uña de cada pie, se realizaron con ánimo de aumentar de forma innecesaria e inhumana el sufrimiento de la niña».

Roberto Hernández ha sido condenado a prisión permanente revisable como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Además, se le imponen 22 años de prisión por cuatro delitos de maltrato a persona especialmente vulnerable, un delito de maltrato habitual y un delito de agresión sexual a menor de 16 de años. En todos los delitos concurre el agravante de odio por el origen rumano de la niña.

Davinia Muñoz ha sido condenada a 25 años de prisión como autora por comisión por omisión del delito de asesinato. Concurre la alevosía pero no el ensañamiento. Además, se le condena a dos años y 11 meses como autora por comisión por omisión de tres delitos de maltrato con lesiones y un delito de maltrato habitual. En todos los delitos se le han aplicado las atenuantes de obcecación y confesión que fueron apreciadas por el Jurado.

Roberto Hernández y Davinia Muñoz deberán indemnizar de manera conjunta al padre de la menor con 85.000 euros y a la hermana de la menor con 70.000 euros.

La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.