El Senado da luz verde a la Ley de la Eutanasia sin el apoyo de PP y Vox

Durante su intervención Francisco Javier de Lucas Martín, del Grupo Socialista, apeló al debate «racional», consciente de que una ley así «puede poner en juego nuestros sentimientos y emociones más profundas, sobre todo si se excitan con dicterios como 'industria de la muerte'», decía, dirigiéndose al senador de Vox, José Manuel Marín Gascón. Minutos antes, el dirigente de Vox había lanzado una batería de preguntas: «¿Pueden afirmar que no se coaccionará a las personas más vulnerables? Díganme que no se van a realizar eutanasias involuntarias. ¿Cómo van a controlar que no se produzcan si al tiempo prevén hacerlo en residencias y domicilios por médicos privados que cobran por ello? ¿Por qué no se prevé su práctica solo en hospitales públicos? Solo cabe una respuesta: porque quieren instaurar la industria de la muerte». Para Antonio Román Jasanada, del Grupo Popular, la ley «aumentará la desconfianza de los más vulnerables, entre los mayores o las personas con discapacidades diferentes, que podrán verse condicionados hacia la eutanasia por el sufrimiento vital que conlleva verse como una carga social. No es una ley de progreso sino de retroceso de nuestra civilización», afirmó.

El senador socialista ha explicado que la filosofía de la nueva ley es «la de la política de laicidad que toma en serio la igual libertad de los ciudadanos sin tutelas, daños, ni privilegios». Y ha ido tratando de contraargumentar las posiciones que enarbolan los vetos. Según el socialista, de los vetos de ambos grupos se extrae el «rechazo a la política de laicidad» que se manifiesta «en varias confusiones». ¿La primera? Que ambos vetos plantean como contrapuestos e incompatibles dos supuestos que «son distintos y complementarios: los cuidados paliativos y la asistencia médica para morir». La segunda, a su modo de ver, «pretender que esta ley supone una contraposición entre la defensa de la vida y la libertad o la autonomía de la voluntad. Precisamente, respetamos el genuino derecho a decidir dejarla que corresponde al propio sujeto, a nadie más». Y ha ido más allá: «Un derecho, y no un privilegio como sucede hoy, pues reconozcan que hoy solo está al alcance de los que pueden permitírselo porque tienen medios económicos o porque disponen de personas dispuestas a correr el riesgo de una sanción penal», ha dicho. Se ha referido también al argumento de la «pendiente resbaladiza» al que hacen mención el PP y Vox, que, dice, contrasta con «el cúmulo de reglas y procedimientos que la ley establece para ofrecer el máximo de garantías».

Para el senador socialista, la tercera confusión en la que incurren los vetos es la de mantener una noción del derecho a la vida «como algo sagrado que se torna en realidad en un deber para el propio sujeto y para el Estado y no es así. Nuestra jurisprudencia constitucional, la comparada, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deja claro inequivocamente que no hay tal deber de vivir y menos aún es un deber absoluto».

Finalmente, apunta a que la cuarta confusión es la de «pensar que, en todo caso, no cabría hablar de un derecho sino de una libertad de morir entendida como negativa. La libertad para una gran parte de la ciudadanía es algo vacío, sin significación moral y política, cuando no pueden ejercerla porque carecen de medios y recursos para ello. Una libertad abstracta y paternalista. El propósito de esta ley es hacer asequible a todos, seas cuales sean sus medios, el derecho a decir tener una muerte propia, un derecho civil, personalísimo». «Para esta ley no hay vidas indignas, lo que hay son procesos de sufrimiento que atentan a la dignidad de la vida», ha afirmado el senador socialista. Esta ley «no impone ni estigmatiza la eutanasia para ninguna persona ni para ningún grupo, se ofrece un derecho a quienes manifiesten que quieren ejercerlo», ha concluido.

Antes intervenía en primer lugar Marín Gascón, que calificaba la ley de «injusta, inoportuna e inconstitucional pues no ha tenido en cuenta los informes de los juristas y del comité de bioética». Hablaba el dirigente de Vox de las «consecuencis negativas y destructivas» que la eutanasia tiene para la sociedad y de la necesidad de «impulsar los cuidados paliativos como prestación sanitaria». Para el senador de Vox, «nadie tiene derecho a provocar la muerte de un semejante gravemente enfermo. Al despreciar algo tan humano como la lucha por la supervivencia, la voluntad de superar las limitaciones, la posibilidad de recuperar la salud gracias a las medicinas, se fuerza a aceptar una derrota que casi siempre encubre el deseo de librar a los vivos del problema que representa atender al enfermo». «Por muy estricta que sea la regulación, será inevitable el temor a una aplicación no deseada», ha afirmado. «Lo único que ofrecen es la muerte», ha dicho quien ha calificado de eutanasia como «el fracaso del sistema sanitario», ha zanjado.

Por su parte, Antonio Román Jasanada, del Grupo Popular, se preguntaba por qué el PSOE había cambiado de postura en torno a la eutanasia. A su juicio, «es una ley de la agenda ideológica de un Gobierno que busca la confrontación social y no resolver los problemas» y además «busca anticiparse a su socio de Gobierno, Unidas Podemos, para que no les arrebaten la consecución de esos supuestos derechos sociales y tratan de vender la conquista de un nuevo derecho». En este sentido, Román Jasanada aseguraba que para su grupo «la muerte no es un derecho y va contra parte de esos derechos fundamentales que proclama la Constitución y además lo incluye como una prestación sanitaria básica en un supuesto acto médico que va contra la deontología profesional y en contra de la ética que preside cualquier acto médico». En este sentido, ha hablado de la tramitación mediante una proposición de ley que «obvia el informe del Consejo de Estado» y que «evita el diálogo social», al tiempo que «estigmatiza a colectivos».

Por su parte, Carlos Mulet García, de Compromís y del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, establecía que el derecho a una muerte digna «no es una obligación» y, como otros senadores, afeó que la derecha siempre esté en contra de derechos y leyes que, cuando se aprueban, es la primera en usar «como el matrimonio homosexual o el divorcio»

La norma quedará definitivamente aprobada por el Parlamento cuando, en las próximas semanas, el pleno del Congreso ratifique las enmiendas introducidas por el Senado y de el aprobado definitivo a la norma. La regulación comenzará a desplegar sus efectos y entrará en vigor a los tres meses de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

La ley que despenaliza y regula la eutanasia contempla la ayuda a morir como un derecho individual y una prestación de la cartera de servicios del sistema nacional de salud, que debe ser aplicada por profesionales médicos en centros públicos, privados o en el domicilio o lugar de residencia del paciente.

La norma autoriza este procedimiento para los mayores de edad con residencia legal en España que así lo demanden de manera autónoma, consciente y explícita, con una petición informada y reiterada en el tiempo (al menos dos solicitudes con una separación de 15 días). Deben padecer una enfermedad grave, incurable o invalidante que les acarree un sufrimiento insoportable, que la persona experimente como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios.

La corrección de la aplicación de la eutanasia siempre ha de ser certificada por el facultativo que le atiende y por otro médico distinto. El proceso será supervisado de manera previa y posterior por la Comisión de Control y Evaluación, formada por médicos, enfermeras y juristas, y que se pondrán en marcha el mismo día que la ley se publique en el BOE para que estén preparadas para el inicio de su aplicación.

La norma, que prevé la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, convierte a España en el sexto país del mundo que ha legislado sobre el asunto, después de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia.

La eutanasia será un nuevo derecho ciudadano que está respaldado, según las encuestas más recientes, por el 85% de la sociedad española, lo que representa un apoyo de unos 40 millones de personas.