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Sindicatos y organizaciones del sector de la dependencia apremiaron ayer al Gobierno a implementar de manera inmediata un plan de choque con medidas que eviten la situación generada en las residencias por la Covid, enfermedad que mató a 14.000 personas en estos centros. ... Dirigentes de UGT, CC OO, la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (Aeste) y la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) anunciaron la convocatoria en breve de la mesa del diálogo social tras reunirse este lunes con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. En la iniciativa se incluye la propuesta de realizar una auditoría para conocer los efectos de la crisis durante la pandemia.
Las líneas de actuación que, a su juicio, deben articular este plan pasan por recuperar la calidad de la atención como eje y objetivo prioritario del sistema de dependencia, así como la mejora de la calidad en el empleo. «Hemos hacer un esfuerzo todos por incrementar la calidad del sistema de cuidados que tenemos en España, de forma notable y urgente. Nuestros mayores merecen un sistema de cuidados que esté a la altura de las circunstancias y que se adapte a sus necesidades hoy en día», alegó Jesús Cubero, de Aeste.
Sindicatos y empresas abogan por evaluar la aplicación de la Ley de Dependencia de 2006, «al menos en cuanto a la atención a los mayores se refiere, ya que la crisis ha evidenciado la fragilidad con la que se ha implantado el modelo original de atención a la dependencia». Los recortes y la infradotación económica lastran el sistema, que se financia en un 17% de las aportaciones del Estado y en un 83% del dinero procedente de las comunidades autónomas. El plan de choque propugna que la financiación de la dependencia se realice a partes iguales por los que ahora la sostienen, de manera que Administración central y autonomías sufraguen al 50% de las necesidades.
Los representantes de los trabajadores y las empresas están de acuerdo en que es preciso «revertir los recortes impuestos durante la crisis a la financiación del sistema y revisar el catálogo de prestaciones, así como los requisitos para la acreditación». En este sentido, el documento consensuado por sindicatos y empresas propugna la «adecuación de las ratios profesionales, desglosadas por categorías profesionales, y mejorar ostensiblemente las retribuciones de los empleados que trabajan en el sector, ante la escasez de personal que está empezando a dificultar prestar una adecuada atención a las personas dependientes».
Aeste reclama la reorganización de los centros de atención en función de los grados de dependencia de los usuarios y el volumen de personas de distintos grados. «No todos los centros pueden atender al mismo perfil de mayor», dijo Cubero.
El texto acordado defiende el establecimiento de un modelo de socio-sanitario bajo la coordinación y supervisión de los servicios públicos de salud. En lo que atañe a la ayuda domiciliaria, que se presta a través de ayuntamientos y diputaciones, Valeriano López demandó una mayor intervención del Estado para que haya «una estandarización de los servicios que tenga unos mínimos iguales en todas las regiones» y «saque del mercado a las empresas que no cumplan esos requisitos».
El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, confirmó que en «los próximos días» se convocará una mesa de diálogo para abordar el sistema de atención a la dependencia.
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