Sanidad y las comunidades pactan un plan antitabaco que debe concretarse en leyes

García se felicitó de que el plan «es una realidad que ahora se trasladará al poder legislativo», un recorrido en el Parlamento en el que se definirán las limitaciones, entre ellas, las iniciativas más polémicas como los espacios libres de humo. «No hay duda de que este pacto es motivo de orgullo nacional porque es el fruto del trabajo de toda la población, las sociedades científicas, asociaciones de pacientes, colectivos juveniles, entidades de salud pública y de los profesionales sanitarios, así como de las comunidades autónomas, que son las que han elaborado este plan», dijo García, que recordó que todas las administraciones se han unido en el objetivo común de reducir el impacto del tabaco en la sociedad.

La reunión entre el ministerio y las comunidades, que se preveía complicada, se convirtió en un encuentro fructífero después de que el departamento de Mónica García cambiara el procedimiento del plan: frente a la propuesta de que las autonomías se adhirieran o no al texto, Sanidad rebajo ayer el documento a un «punto de información», que no exige ni adhesiones ni votación de los consejeros y que servirá como base a la futura legislación.

Con este cambio técnico sobre la mesa, las autonomías, y principalmente las gobernadas por el PP, que se habían mostrado muy beligerantes con el planteamiento inicial del ministerio, aceptaron abrirse al diálogo. El consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, que ejerció como portavoz de las autonomías populares, agradeció al ministerio que buscara «el consenso».

De esta forma, el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 salió adelante como inicio de una futura regulación y no como final. El texto, en el que Sanidad y las comunidades llevaban trabajando más de cuatro años y que hace unas semanas fue desempolvado otra vez por García, se sostiene sobre varias propuestas: equiparar la regulación de la publicidad de los cigarrillos electrónicos con la tradicional para evitar que 'influencers' o festivales puedan anunciarlos; acordar con Hacienda una nueva fiscalidad del tabaco que tenga «retorno en políticas de salud»; aumentar los espacios libres de humo y cambiar la empaquetación del tabaco hacia envoltorios genéricos.

Estas bases deberán ahora llevarse a una nueva ley antitabaco en la que se tendrán en cuenta 147 alegaciones presentadas por las comunidades, que se habían mostrado especialmente reticentes en dos aspectos: la falta de una memoria económica que contemplase qué hacer con el dinero que se recaudara con una subida del precio de la cajetilla y la ampliación de los espacios públicos libres de humos, donde se planteaba la prohibición de fumar en las terrazas o incluso dentro de los coches cuando viajen menores o embarazadas.

Para facilitar el acuerdo, el ministerio varió la redacción del borrador y en los textos posteriores, eliminó la referencia al humo en los vehículos.