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La ministra de Sanidad Mónica García anunció que trabaja en un anteproyecto de ley frenar el consumo de alcohol por parte de los menores. Según sus datos hay un 70% de jóvenes entre 14 y 18 años que lo han probado. El borrador tiene como « ... ejes» incluir los compromisos de protección de la infancia en el ordenamiento jurídico en relación con el consumo de bebidas alcohólicas, su venta y su publicidad; mejorar la normativa vigente, «que es insuficiente para desarrollar una política de prevención», aplicar medidas de «prevención ambiental a la exposición de bebidas», y «promocionar entornos saludables y espacios libres de bebidas alcohólicas».
Durante su comparecencia en el Congreso, ayer viernes, también anunció dos nuevas leyes. Una será la ‘ley de universalidad’. «Hay que empezar a recuperar el principio de universalidad que teníamos hasta 2012, el año de la exclusión sanitaria. En 2018 se intentó avanzar, pero es una herida que no ha curado. El PP se interpuso entre los profesionales y su código deontológico, que habla de atender a los pacientes sin discriminación de ningún tipo. A lo largo de los próximos meses daremos salida a la ley de universalidad».
Y para «recuperar el orgullo» de los españoles en la seguridad social, García anunció una tercera ley, con el fin de revertir los contratos con el sector privado que algunas comunidades autónomas han suscrito para que gestionen los hospitales públicos. Una legislación que obligue a los gobiernos autonómicos a una administración «directa» de sus centros sanitarios. «Los intentos de privatización del PP han sido ineficientes y caros», mantuvo la ministra. «Han puesto en riesgo la salud de nuestra población. Impulsaremos una ley para garantizar la gestión directa del sistema nacional de salud».
Entre las medidas adelantadas por la ministra a los parlamentarios está la «ampliación del sistema común de servicios, para que la gente no tenga que echar mano del bolsillo cuando necesite una prestación», dijo García, y anunció que son dos áreas los que tienen prioridad. Uno, la salud bucal para la población infantil y «colectivos priorizados», entre los que quiere «incorporar a los mayores de 60 años». También se incluirá la «salud visual. Las gafas y lentillas estarán en la cartera común».
Reiteró su intención de afrontar retos como la transformación digital, la atención a la salud mental por medio de un «pacto de Estado» para «despatologizar los malestares sociales», «dar respuesta a la obesidad infantil» y legalizar la marihuana con fines terapéuticos. «España no puede permanecer al margen de la regulación del cannabis medicinal. Debemos dar una respuesta ética y social y, de la mano de las conclusiones del Congreso, incorporar de forma regulada el cannabis medicinal, con máximas garantías de calidad, de beneficios para el paciente. Con la evidencia científica, tenemos clara la hoja de ruta y daremos los pasos para la aprobación de la nueva normativa».
Para solucionar el «problema estructural de recursos humanos», García propuso una «reforma de estatuto marco que mejore las condiciones de nuestros profesionales, mediante reuniones con los sindicatos y comunidades autónomas». «No sirve de nada formar profesionales si luego no quieren quedarse en sus puestos de trabajo. Hay que mejorar las condiciones salariales, el clima de trabajo, el tiempo para asistir a sus pacientes y las herramientas tecnológicas», mantuvo la ministra. «Ver a 60 pacientes al día y solo recetar lorazepam (un ansiolítico) es un parche».
Con estas mejoras pretende avanzar en la psicología clínica infantil, mejorar la atención primaria y otros sectores deficitarios, volcarnos en aquellos que nos cuidan. "La atención primaria no es la puerta, sino la columna, el alma del sistema sanitario". Entre las iniciativas que pretende sacar adelante están la ya anunciada «autojustificación» para que alguien con una enfermedad leve se prescriba su propia baja de tres días sin acudir al médico y reducir las listas de espera.
«Existe un total de 819.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, un 10% más que en el periodo anterior», puntualizó. «Son 112 días para entrar en quirófano y 87 para que te vea el especialista. Esto expulsa a la gente de la atención pública, erosiona la confianza en el sistema, cronifica la angustia y las patologías, y representa un perjuicio sobre el propio tiempo de vida. Por ejemplo, tener que esperar dos años para la reconstrucción de una mama después de una mastectomía. Supone pasar de la espera a la desesperación».
La titular de Sanidad dijo que su ministerio ejercerá un «rol de facilitador para implicarse en una solución». Aunque avisó que las comunidades autónomas tendrán que implicarse, al «ejercer la competencia en esta materia», desde el Ejecutivo van a «actualizar el Real Decreto de Listas de Espera, que tiene 20 años», para que los pacientes no paguen ni con tiempo ni con dinero» la asistencia sanitaria.
Además reiteró su intención de aumentar el cerco al tabaco, con «nuevos derechos de protección frente al humo pasivo». El propósito que se fija es «alcanzar la primera generación libre de humo», con un «plan integral» que amplíe los «espacios públicos sin humo» y reduzca el consumo de «tabaco calentado».
Después de la intervención de García, la Asociación Española Contra el Cáncer ha valorado «positivamente» este plan. "Hay que recalcar la importancia de que se incorporen los 'vapers' a la regulación, y reforzar así la protección de niños y jóvenes, ya que, efectivamente, son la puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional de la población joven", manifestó la AECC en un comunicado.
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