Celaá y las comunidades pactan elevar los alumnos por aula el próximo curso

En el curso 2021/2022, las aulas de Infantil y Primaria acogerán a un máximo de 25 estudiantes, en lugar de los 20 actuales; las de la ESO, hasta 30; y las de Bachillerato, hasta 35, aunque muchas autonomías limitan por ley a 25 el número de escolares en estas etapas. Esta es la principal novedad planteada en el documento 'Propuesta de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022', un protocolo para la vuelta al colegio que será revisado antes del regreso a las escuelas.

El texto, que fue analizado este miércoles por las ministras de Educación, Isabel Celaá, y Sanidad, Carolina Darias, con los consejeros autonómicos en una conferencia sectorial e interterritorial conjunta, establece que los alumnos de Infantil y Primaria deberán seguir en 'grupos burbuja': sin distancia de seguridad entre ellos, pero no podrán juntarse con los de otras clases en el recreo o en los pasillos, salvo en el caso de que la incidencia acumulada descendiera por debajo de 25 casos (actualmente está en 144).

Otro de los aspectos destacados en el acuerdo fue la presencialidad, que tanto el Ministerio de Educación como las comunidades consideran imprescindible. «Queremos que alcance todos los niveles y etapas educativas, siempre que la situación de la pandemia lo permita», afirmó la ministra Isabel Celaá.

Sobre las distancias entre alumnos, el documento plantea que se pueda reducir la separación entre escolares a 1,2 metros en la ESO, FP Básica, Bachillerato y Enseñanzas Oficiales de Idiomas, aunque en un nivel de alerta 3 y 4 (España ahora mismo se encuentra entre el 2 y el 3), en 3º y 4º de la ESO la distancia se mantendría en 1,5 metros.

Con el pacto de este miércoles, las comunidades podrán reducir el número de profesores extra que han tenido que contratar para cumplir con las medidas de distancia y seguridad planteadas antes del inicio del curso pasado. Pero que puedan hacerlo no significa que deban hacerlo. Al contrario, Celaá pidió a los consejeros que mantengan al personal docente actual y anticipó que las autonomías recibirán 10.000 millones de euros para evitar despidos. «No queremos que desaparezcan recursos adicionales, sino seguir contando con todos los profesores para labores de refuerzo o de codocencia», subrayó la ministra de Educación, que insistió en que la pandemia debe ser «una oportunidad» para modernizar la escuela en España.

Aun así, los sindicatos educativos fueron los primeros en lamentar el acuerdo. CSIF acusó a las administraciones de «dar la espalda a los docentes» y criticaron que se «retroceda» a niveles previos a la covid con la posibilidad de despedir a 40.000 profesionales.

Celaá se felicitó por cómo ha transcurrido este curso. «No se han cumplido ni de lejos aquellos funestos augurios que decían que todos los niños se iban a contagiar y que las escuelas eran bombas de relojería», indicó.

El Ministerio y las autonomías, que se han intercambiado en las últimas semanas hasta cinco borradores antes de cerrar el pacto de este miércoles, no han esperado a agosto, como ocurrió el año pasado, para acordar las medidas de la vuelta al cole.

Ahora, la situación epidemiológica, con la perspectiva de que España pueda alcanzar la inmunidad de grupo durante el verano gracias a la vacunación masiva, ha permitido poner sobre la mesa la flexibilización de las medidas respecto al curso anterior.