«Cuando murió mi hija de dos años no había vacuna, ahora sí»

Existe una vacuna desde 2016 , pero su aplicación genera un profundo debate en España, especialmente entre los padres. ¿Debe incluirse dentro del calendario del sistema público de vacunas o su precio tiene que correr a cargo de los particulares que decidan inmunizar a sus hijos? Se trata, en reducidas cuentas, de gastar o no recursos en una enfermedad de gravísimas consecuencias, pero de reducido impacto entre la población.

Por un lado están los afectados. A la hija de dos años de Santiago García le tocó estar en 2006 entre ese 10% de enfermos que fallece. Cuando le detectaron la meningitis B, los médicos de urgencias ya no pudieron hacer nada. Y es que los síntomas son muy parecidos a los de otras enfermedades benignas y pueden ser objeto de un diagnóstico erróneo, mientras la enfermedad se expande en cuestión de horas.

Entonces no existía la vacuna que hubiera podido salvar a su hija. «Pero ahora sí», destaca García, a día de hoy presidente de la Asociación Española contra la Meningitis (AEM).

Esta semana, Canarias y Castilla y León decidieron incorporar la vacuna de la meningitis B a su calendario sanitario, con el coste para las arcas públicas consiguiente. Son, por el momento, las únicas comunidades autónomas que lo han hecho. En el resto de España, «los técnicos de las consejerías de salud o el Ministerio» se lo piensan o presentan sus reticencias, se queja García. «No se aplica – añade– porque no se mueren suficientes personas, pero para los que hemos sufrido la pérdida de un hijo esto es algo inexplicable».

Entre los principales factores que condicionan la aplicación de la vacuna se encuentran el precio y la incidencia entre la población. Son necesarias tres en el primer año de vida del bebé para la inmunización. El coste total asciende a unos 400 euros. Y esto lleva al peligro de que la meningitis B derive en un factor de desigualdad social al afectar a las zonas más pobres, donde las familias no pueden costear la vacuna, en comparación a lugares donde se registra una mayor renta per cápita. Éste es uno de los motivos que han llevado a Canarias y Castilla y León a mover ficha.

Frente a «los números que calculan los técnicos», García habla de optimismo. Para que sea así, la asociación ha desplegado sus redes por las comunidades autónomas. La AEM ha mantenido reuniones o ya las tiene fijadas con las autoridades sanitarias de Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, la Comunidad de Madrid o Islas Baleares. Hay quien, como el País Vasco, «no ha respondido», lamenta el presidente de la Asociación Española Contra la Meningitis. «Somos optimistas», insiste.